Las personas con discapacidad somos las más vulnerables socialmente, ya que el 90% padecemos la desocupación. Esto se debe a que somos pocos los que poseemos las capacidades de mantener un ritmo acelerado de trabajo como requieren las patronales.

 

Las pensiones no contributivas por incapacidad buscan contener este sector de la población, ya que somos “improductivos”. Sin embargo, en 2004, el Estado modificó la Ley 22.431, estableciendo la obligación para la administración estatal -tanto a nivel nacional como provincial (Ley Nº 10.592)- de emplear un 4% de personas con discapacidades. En el caso de la Ciudad, una iniciativa del entonces legislador Jorge Altamira logró que el porcentaje se eleve al 5%.

 

De todos modos, estas leyes no están cumpliendo la función de bajar la tasa de desocupación de las personas con discapacidades, porque los organismos del Estado obligan a sus antiguos trabajadores con discapacidades a hacerse el Certificado Único de Discapacidad (el cual ahora tiene fecha de vencimiento aún si son discapacidades crónicas), en lugar de tomar trabajadores nuevos. A su vez, las pocas personas que consiguieron trabajo en el Estado con el mencionado cupo son contratados sin ser pasados a planta permanente de manera indefinida.

 

Macri

 

El ataque del actual gobierno hacia las personas con discapacidades no empezó con la reciente eliminación de las pensiones no contributivas por parte del macrismo, sino con la modificación de la reciente ley de pacientes electrodependientes. Al reglamentarla, se puso un tope para la gratuidad del consumo (resolución 261-E/2017) de estos pacientes.

 

La economía de un trabajador con discapacidades está supeditada a las barreras que le impone el sistema. No todos tenemos acceso al transporte público y nos vemos obligados a tomar taxis, con lo cara que está la tarifa. A esto hay que sumarle que no todas las estaciones de subte son accesibles ya que la mayoría de las más antiguas carecen de ascensores, algunas incluso de escaleras mecánicas, y donde las hay la mayoría de las veces no funcionan.

 

Incluso, la eliminación de las pensiones no contributivas -medida en la que en parte el gobierno tuvo que recular por las presiones de las ONGs vinculadas a las personas con discapacidades-, también repercute en la salud, ya que para obtener cobertura médica por discapacidad se necesita ser beneficiario de la pensión, para así entrar en el programa Incluir Salud (ex Profe). O sea, la pérdida de la pensión puede traer aparejada también la pérdida de la cobertura médica.

 

El 11 de mayo último, Mauricio Macri publicó un manifiesto en el que habla desde el punto de vista de las personas con discapacidades, haciendo responsables de nuestras limitaciones a quienes no las tienen y creando una supuesta grieta donde no la hay. Pretendió, así, dividir a los trabajadores entre quienes tienen discapacidades y los que no, pese a que es la clase obrera apoya a sus compañeros con discapacidades. La única grieta que existe es entre los trabajadores y el Estado burgués, que pretende ajustar a uno de los sectores más vulnerables para pagar la deuda externa al gran capital.

 

Jubilación para todas las personas con discapacidades sin importar su condición económica.

 

Puestos de trabajo para todos los trabajadores con discapacidades.

 

Control del cumplimiento del cupo laboral y de la partida presupuestaria por  las ONGs vinculadas a las personas con discapacidades.

 

Que se incluyan a las empresas privadas en el cupo laboral.

 

Exclusión del cómputo del cupo de los trabajadores con discapacidades actualmente ocupados, para favorecer de ese modo el ingreso efectivo de más personas con discapacidad

 

Pase a planta permanente para todos los trabajadores con prioridad a quienes tengan discapacidades.