Políticas

8/5/2019

El aumento en el precio de los medicamentos se dispara (muy) por encima de la inflación

Gran negocio de los laboratorios y ataque a la salud de los sectores populares.

En el pasado mes de abril, el aumento en el precio promedio de los 50 medicamentos más consumidos por la población fue del 8,6%, prácticamente el doble que la inflación y entre los 10 que más aumentaron el salto llegó al 16,4%. Aunque su provisión está considerada un servicio público, los valores de venta de los remedios están totalmente liberados y no existe ningún control estatal sobre los pulpos extranjeros y nacionales que manejan el negocio.


Estos grandes grupos monopólicos, que están entre los que generan mayores ganancias a nivel mundial, han sido arropados por los distintos gobiernos, incluidos los “nacionales y populares” y ahora, con el macrismo, han logrado terminar de liberarse de todo tipo de control, aunque esto suponga un golpe brutal sobre la salud de la población. El negocio ante todo.


Desboque con historia


Ese salto desproporcionado del último mes en los valores de venta no es un rayo en cielo sereno. En el curso del 2018, el precio promedio de esos 50 medicamentos “trepó un 66,5 por ciento, casi 20 puntos por encima de la inflación general (47,6%), según un informe realizado por el Colegio de Farmacéuticos”, donde se da cuenta que, como producto del salto, “cayó la venta un 5 por ciento en la comparación interanual” porque "hay gente que opta por discontinuar determinados tratamientos porque no le alcanza (la plata) para comprarlos” (La Voz, 8/3).


Aunque este desboque de precios afecta al conjunto de los trabajadores y demás sectores populares, especialmente a aquellos que trabajan en negro y no cuentan con obra social y deben hacer frente a la totalidad del costo de los remedios, también golpea de manera aguda a los jubilados y pensionados, que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a cubrir los gastos en medicamentos.


Es que, en este cuadro, el PAMI ha puesto una sumatoria de requisitos para acceder a la gratuidad de los medicamentos para enfermedades crónicas (entre varios otros condicionantes está que no se debe cobrar más que el equivalente a 1,5 haber mínimo) y hoy es una franja menor de jubilados la que mantiene esa prerrogativa. “Y el mayor consumo de los adultos mayores son fármacos para ese tipo de patologías como cardiopatías, diabetes, hipertensión arterial y osteoporosis”, destaca un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dado a conocer esta semana (Página12, 8/5).


Precios por las nubes


El crecimiento sin control de los valores de venta ha llevado a que, en el caso de los de mayor consumo, el mismo oscile entre los 500 y los 900 pesos y, según un estudio realizado en forma conjunta, a principios de este año, por tres entidades vinculadas a la problemática de los adultos mayores, estos consumen regularmente, en promedio, entre 4 y 8 medicamentos. Esto cuando el 60% de los jubilados cobran la mínima ($10.400).


Un dato contundente de la política de ajuste oficial: desde mayo de 2015, los haberes previsionales aumentaron un 172 por ciento, mientras que, en ese período, el precio de los medicamentos trepó un 297,7 por ciento.


Esto en un cuadro en el que, a principios de abril, se necesitaban $30.524 para cubrir el costo de la canasta básica del jubilado, según el estudio que realiza la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Así, dice el trabajo, “más de un 70% de los mayores sin poder cubrir sus necesidades básicas” (Tiempo, 15/4).


Monopolios contra la salud


El gran negocio de los grandes laboratorios a costa de los sectores populares no es gratuito para la salud, en especial la de los sectores con menores recursos. El cuadro, dice el informe de CEPA, “deja a las personas mayores en situación de gran fragilidad, donde es muy probable que la morbi-mortalidad aumente en los próximos años debido a estas causas”.


Este ataque a la salud se enmarca en el que realizan el gobierno nacional y los provinciales a la atención sanitaria en general, reduciendo presupuestos y partidas para hospitales y centros de salud, cerrando servicios, con las consecuencias que esto genera. Así, se ha ido incluso desmantelando la limitada producción de medicamentos en laboratorios estatales.


La política obrera


La atención de la salud de la población más vulnerable está jaqueada por la rapiña de los capitalistas y la política de ajuste y achiques presupuestarios, que no existen a la hora de pagar la deuda a los acreedores externos e internos y volcar subsidios multimillonarios a distintos sectores de la burguesía.


La prioridad y la orientación tienen que ser otras.


Duplicación del presupuesto de salud, medicamentos gratuitos para jubilados, pensionados, desocupados y trabajadores en negro; expropiación de los grandes pulpos productores de medicamentos, elaboración de los mismos por parte del Estado bajo control de los trabajadores.


Esta tarea la completará un gobierno de trabajadores.