Políticas

22/5/1997|540

El Banco Mundial y el clero apoyan el ‘pacto negro’

El martes 20 de mayo, el diario La Razón dio a conocer lo que consideró una gran primicia: un pacto secreto entre la burocracia de la CGT y Eduardo Duhalde para hacer pasar el acuerdo ‘laboral’ firmado con el gobierno, a cambio del compromiso de no hacer ningún paro general hasta después de las elecciones del 26 de octubre. La Razón señalaba que esa decisión “fue adoptada luego de una reunión que (Daer) mantuvo en forma reservada con Duhalde”.


Los lectores de Prensa Obrera, por cierto, ya conocían la ‘primicia’ de La Razón con 11 días de antelación. En Prensa Obrera del 9 de mayo, bajo el título “La patria duhaldista”, se dice: “Mientras anunciaba ‘urbi et orbi’ que realizaría un paro general, ‘a más tardar en mayo’, la burocracia de la CGT estaba ultimando, en realidad, un acuerdo para imponer la ‘flexibilidad laboral’ con la nueva conducción de la Unión Industrial, enteramente alineada con Duhalde”.


La base del acuerdo es la reducción del preaviso y de las indemnizaciones por despido, sin que por ello se suprima la mayor parte de los llamados contratos precarios, que eximen a la patronal del pago de las cargas sociales. Se reitera esta posición a pesar de que incluso el FMI ha denunciado que la eximición patronal del pago de las cargas sociales es una de las causas principales del elevado déficit fiscal, que perjudica el pago de la deuda externa.


¿Por qué, entonces, las patronales pegaron el grito en el cielo al unísono contra el pacto CGT-Gobierno, calificándolo “de un retroceso en la flexibilización laboral”? Se trató, sin ninguna duda, de una cortina de humo para chantajear tanto al gobierno como a la burocracia. Pero el humo y la cortina se disiparon cuando el pacto antilaboral recibió dos grandes bendiciones.


Primero, el Banco Mundial. Sin vueltas declaró su apoyo al acta firmada por la burocracia con el gobierno, porque bajaba, dijo, el ‘costo laboral’, al reducir al 70% las indemnizaciones por despido, eliminar el piso indemnizatorio de dos sueldos y reducir a un mes el preaviso sin importar la antigüedad del trabajador en el empleo. El representante del Banco Mundial dijo que apoyaba el acuerdo “con reparos”, ya que se le podía arrancar a la burocracia más concesiones antiobreras. Ponderó que se mantuvieran varios de los contratos flexibles, como el de aprendizaje y el período de prueba de 3 a 6 meses, lapso en que las patronales no realizan ningún aporte social, como jubilación, salario familiar; el trabajador puede ser despedido en cualquier momento sin derecho a la indemnización. Elogió el acuerdo, porque “algunos contratos precarios ayudan a la flexibilización”. El Banco Mundial destacó, sobre todo, los ‘avances’ en salud y consideró conveniente que la medicina privada actúe como obra social solamente luego de un período de‘reconversión’ de ésta.


Pero después llegó la ‘bendición’ de la Iglesia. El pacto CGT-Gobierno “es un elemento que colabora a la solución de los problemas sociales que vive el país”, dijo la Pastoral Social, la cual contrastó el acuerdo con “la dura y triste experiencia de Cutral Co”(Primatesta dixit). El imperialismo protestante y el Vaticano se conjugaron otra vez para apoyar el acuerdo antiobrero de Daer y Duhalde.


La gran patronal


Lo que hasta en las vísperas era para las patronales y Ambito Financiero un ‘pacto negro’, se transformó a partir de semejantes bendiciones en una base para “lograr un punto medio”, como dijo uno de los patrones del Grupo de los 8, Jorge Di Fiori, de la Cámara de Comercio. “Creemos que la sociedad está reclamando este esfuerzo de ambas partes”, insistió (El Cronista, 19/5).


El punto de desacuerdo de las patronales se reduce ahora a un aspecto de los convenios colectivos. En el acta con el gobierno se plantea que los convenios de empresa deberán ser firmados por la dirección del sindicato, mientras que la gran patronal reclama que puedan ser firmados por las comisiones internas. Este sería el único punto serio de desacuerdo. En todo lo demás, el ‘pacto negro’ burocracia-gobierno-patronales está cerrado.


El desacuerdo no se debe a que la burocracia defienda las reivindicaciones obreras a la hora de negociar los convenios de empresa. En todos los últimos convenios, de rama o empresa, la burocracia pactó las peores condiciones de ‘flexibilidad laboral’, y ahí están para demostrarlo los convenios de empresa, como el de Smata-Fiat o Smata-Toyota, o los de Alimentación y el Supe.


La patronal apunta a insularizar a las grandes fábricas del conjunto del movimiento obrero, y de las crisis y movilizaciones en las que éste participa; quiere separarlas del sindicato, para crear una relación de tutela política en la empresa, de manera que los trabajadores de las grandes fábricas queden al margen del proceso de la crisis política y económica, del que la burocracia sindical no consigue sustraerse. Con esto, la gran patronal pretende que los trabajadores de la gran industria, insularizados en las fábricas, no participen de las huelgas generales, marchas o puebladas, y que rompa todo vaso comunicante con el resto de las fábricas.


El cálculo patronal es que los convenios por empresa firmados con las comisiones internas deriven en sindicatos por empresa, avanzando en la atomización de los trabajadores.


Se está negociando ahora el ‘punto medio’ que viabilice el pacto Daer-Duhalde.