26/03/1998 | 578

El Banco Nación es una cueva de oligarcas y especuladores

Roque Fernández y el FMI impulsan la privatización del Nación por varios moti­vos. Los varios miles de millones que se obtendrían por la venta del banco podrían ser destinados a pagar la deuda externa sin necesidad de recurrir a un nuevo en­deudamiento o, como más llanamente dijo José Luis Machinea, ex presidente del BCRA, a “tapar agujeros” (La Nación, 29/1). Con ese mismo argumento se priva- tizaron Entel, Aerolíneas, YPF y las res­tantes empresas públicas y hoy la deuda externa y el déficit fiscal son mayores que nunca. La burguesía ha seguido una polí­tica consiente y deliberada de crisis fiscal (reducción de impuestos al capital, reduc­ción de aportes patronales, evasión masi­va, transferencia de la carga impositiva a las masas empobrecidas) para imponer la política de privatizaciones. Curiosamen­te, una parte de esos capitalistas que — como el aliancista Machinea— aplauden la política de reducción de impuestos a los capitalistas y aplaudieron las privatiza­ciones de las empresas públicas en nombre de ‘reducir el déficit fiscal’ hoy se opo­nen a la venta del Nación ‘para tapar agujeros’.


Otro ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga, rechaza la venta del Nación porque “sólo un grupo ex­tranjero podría adquirirlo”; “los pri­meros que se beneficiarían con la venta -agrega- (serían) los intermedia­rios y sus socios locales. La larga serie de privatizaciones, casi siempre ca­nalizadas a través de los mismos ban­queros foráneos, ha generado un enorme apetito por comisiones que no resulta fácil desmantelar” (La Na­ción, 21/2). Lo notable es que González Fraga perteneció al riñón del Citibank. ¿Acaso éste se opone a la ‘extranjeriza* ción’ y ha perdido su ‘enorme apetito por las comisiones’?


La Sociedad Rural, representante de la oligarquía que se benefició con la privati­zación de la banca provincial, de las em­presas públicas y de la previsión social, también se pronuncia contra la venta del Nación.


¿Los privatizadores se han vuelto ‘es­tufistas’? Por cierto que no. Machinea, González Fraga, el Citibank y la Sociedad Rural son totalmente privatistas, con la única salvedad de que proponen incorpo­rar capitales privados al Nación, con­vertirlo en una sociedad anónima que cotice en la Bolsa y ponerlo bajo gerenciamiento privado. Se trata de la misma línea de privatización de la banca estatal que siguen Duhalde en el Provin­cia y De La Rúa en el Ciudad.


La disputa capitalista alrededor de la venta del Nación se reduce a las formas que asumirá la penetración del capital financiero extranjero en el banco. La Aso­ciación Bancana ha lanzado una campaña en ‘defensa del Nación’ pero se abstiene de ‘defender al Ciudad’ y hasta presen­ta a Duhalde como un ejemplo de ‘defensa de la banca estatal’, lo cual demuestra que milita en el campo de los partidarios de privatizar el Nación al menor costo y con las mayores ganancias, o sea, ‘incor­porando’ capital privado..


Un banco del gran capital financiero


¿Es verdad que el Nación, según alegan sus defensores, ha sido un agente del pro­greso nacional, un defensor de los pequeños propietarios y una valla a la penetración del capital financiero internacional?


“Sin el Nación, dice el ya mencionado González Fraga, en el tequila hubiera caído el sistema financiero o la con­vertibilidad, porque el Central no te­nía más posibilidad de asistir al siste­ma y no se sabe qué hubiera ocurrido” (La Nación, 7/3). Efectivamente, durante el tequila el Nación sostuvo a los bancos en quiebra, otorgándoles ‘generosos présta­mos’ sin garantías y a tasas inferiores a las entonces vigentes en el mercado, mu­chos de los cuales nunca fueron reintegra­dos. Hoy, el sector financiero es el princi­pal destinatario de los préstamos del Na­ción (La Nación, 7/3). Durante el tequila, el Nación actuó como un agente del capital financiero internacional pues todos los bancos que ‘salvó’ fueron absorbidos lue­go por bancos extranjeros.


El Nación utilizó sus propias reservas de dólares —los depósitos de sus clien­tes— para sostener la fuga de capitales (8.000 millones de dólares) y recurrió a múltiples manganetas contables (préstamos al Tesoro, por ejemplo) para ‘truchar’ el cálculo de las reservas del BCRA.


El papel del Nación estatal como ga­rante del capital financiero internacional salta a la vista si se considera la hipótesis, nada descartable, de un nuevo ‘tequilazo’, pues ahora deberá utilizar sus depósi­tos para ‘salvar’ directamente a los ban­cos extranjeros que han monopolizado el sistema financiero local.


El banco que ‘salvó la convertibilidad’ puede ser catalogado como un ‘ban­co nacional’ sólo en el sentido de que ayudó a saquear los recursos nacionales para ‘salvar´ a la burguesía ‘nacional’.


Un banco de la oligarquía


En el mismo momento en que prestaba dinero a manos llenas a los bancos quebra­dos, la institución que es presentada como ‘defensora del agro’, cortaba abrupta­mente el crédito a los productores rurales, en particular a los medianos y pequeños. “Entre 1991 y 1994(antes del tequila), el total de los créditos del Nación al sector agrícola ganadero creció en 1.120 millones de pesos mientras que entre 1994 y 1997 (después del tequila) canceló $ 59 millones de stock de deuda del sector (…) su participación en el stock de deuda total del sector agropecuario pasó del 51% en 1991, al 41% en 1997” (La Nación, 14/3). Es decir que el Nación es el principal responsable de la “restricción severa en términos de asistencia financiera postequila para el sector agrícola-ganadero” (ídem), lo cual llevó a la quiebra a una enorme masa de pequeños propietarios.


El ‘retiro’ del Nación del financia- miento de la producción agropecuaria ha sido sustituido por “otras vías de financiamiento no bancarias” (ídem). Los llamados ‘pools de siembra’, financiados por fondos de inversión, están provocando la mayor concentración de la producción y de la propiedad agraria (es decir, la mayor expropiación de pequeños propietarios) de todo el siglo, lo cual ocurre bajó la supuesta ‘protección’ que el Nación brindaría a los pequeños productores.


En los últimos años, tres ingenios azu­careros lograron monopolizar el 60% de la producción; dos grandes propietarios -Soros y Eurnekian-monopolizaron el 50% de las tierras algodoneras del Chaco despla­zando a los pequeños productores. Un pu­ñado de ‘pools de siembra’ monopolizan hectáreas en la Pampa Húmeda. La misma tendencia se repite en cada rama de la producción agropecuaria. Quienes sostienen que la venta del Nación provocaría la expropiación de miles de pequeños chacareros ocultan que esa ex­propiación ya está teniendo lugar bajo la ‘protección’ del Nación ‘estatal’. Los que afirman que liquidaría las posibilidades de los pequeños propietarios de acceder al financiamiento ocultan que el Nación ‘es­tatal’ ya ha cerrado los créditos a la pe­queña producción.


La falsedad del argumento según el cual el Nación defiende a los ‘pequeños productores’ salta a la vista: mientras los pequeños propietarios representan el 40% del total de los propietarios rurales (La Nación, 15/11), sólo reciben el 28% de los préstamos otorgados por el banco al sector agrícola (el periódico, 9/3). Los subsectores en los que la pequeña propiedad rural es mayoritaria, reciben una asistencia credi­ticia mínima: el de hortalizas y legumbres, por ejemplo, recibe apenas el 1,37% del total del crédito agropecuario del Nación (La Nación, 7/3).


Estas cifras revelan que las sucesivas refinanciaciones que el Nación otorga a sus deudores agrarios, supuestamente in­solventes, benefician en primerísimo lu­gar a la oligarquía terrateniente que mo­nopoliza sus créditos. Estas refinanciacio­nes —que los opositores patronales a la venta del Nación defienden como un ins­trumento de ‘política social’ del Banco— ‘disfrazan’ como créditos ‘regulares’ a deudas incobrables. En el caso de una privatización completa del Nación, las deudas incobrables, que afectan propieda­des que reúnen 12 millones de hectáreas, pasarían a ser gestionadas por un ‘ente residual’, que las terminaría cobrando por una fracción mínima de su valor. Has­ta ahora, ningún privatizador se hizo car­go de los ‘muertos’ de los bancos estatales (provinciales) con el supuesto de que po­drían quedarse con las tierras hipoteca­das.


El Nación es el banco de la gran oligar­quía. ¿O alguien puede sospechar que Enrique Crotto, presidente de la Sociedad Rural, se opone a la venta del Nación en defensa de los pequeños productores?


Un banco antiobrero


El Nación ha sido punta de lanza de la política de liquidación de las conquistas del movimiento obrero. Esto es especial­mente evidente en el caso de las jubilacio­nes privadas: la AFJP del Nación, con afiliados, es uno de los puntos de apoyo decisivo de la liquidación de la jubi­lación estatal. Ni hablemos de la política de despidos y flexibilización laboral que impulsa su directorio.


Reestatizar el Nación bajo control obrero


La política parasitaria del Banco Na­ción al financiar a los bancos quebrados por la crisis o al dar créditos irrecupera­bles a la oligarquía revela el completo y definitivo agotamiento de las estatizaciones burguesas como palanca para el desa­rrollo nacional y límite a la penetración imperialista.


La campaña contra la venta del banco oculta la intención de avanzar en su pri­vatización mediante la colocación del 49% de sus acciones en la Bolsa. Es preci­samente lo que quiere la oligarquía que impulsó la privatización de los bancos provinciales. La campaña por la ‘defensa del Nación’ es una cortina de humo mientras a espaldas del pueblo se negocia la forma efectiva que adoptará la pene­tración del capital financiero internacio­nal en el banco. Crotto rechaza la venta, “por ahora” (textual, La Nación, 7/3), mientras estudia con qué grupo financie­ro asociarse para entrar como ‘accionis­ta privado’ del Nación. Lo mismo, claro, hace el Citibank.


El Banco Nación está totalmente al servicio de los intereses privados. Una lucha antiimperialista contra su mayor o completa privatización no debe defender el ‘statu-quo’. Debe, en cambio, plantear su real estatización bajo control obrero. Esto implica abrir sus cuentas, ejecutar a los terratenientes, a los grandes indus­triales y a los bancos morosos. Establecer una banca estatal única. Expropiar a los grandes pulpos financieros y desconocer la deuda externa. Establecer una plan eco­nómico nacional, debatido democrática­mente entre los trabajadores y los explota­dos. Como todo problema de fondo que afecta los intereses de las mayorías popu­lares, la cuestión del Banco Nación plan­tea la disyuntiva de quién debe gobernar el país: los explotadores y los expropiadores o los explotados y los expropiados.

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