Luego de dos meses de amagues, Alberto Fernández anunció en Lomas de Zamora, en medio de una gira de campaña electoral, un bono de $5.000 para los jubilados que cobran hasta dos mínimas ($46.130). Se trata de un pago por única vez, que se realizará en agosto.

“Si hay algo que no queremos es que nuestros jubilados sean la variable de ajuste”, declaró el presidente. “Es una decisión de gobierno que ese bono les permita tener la certeza de una jubilación digna…”, afirmó la camporista Fernanda Raverta, titular de Anses. Luana Volnovich habló de las bondades del Pami y de un supuesto plan de viviendas en comodato para jubilados.

La realidad es que este bono, limitado y fuera del haber jubilatorio, es la confesión lisa y llana de que la nueva fórmula de movilidad votada por el oficialismo y Juntos por el Cambio el 29 de diciembre del 2020 lleva efectivamente a desvalorizar las jubilaciones. Ahora hablan de compensar la inflación, pero ellos mismos se empeñaron en excluirla como un componente de la fórmula de actualización, que pasó a basarse 50% en el promedio de variación salarial por Ripte y 50% en función de la recaudación para fines previsionales. Dos parámetros que corren por detrás de la inflación, por los techos a las paritarias y las exenciones de los aportes patronales.

Estos $5.000 no compensan la pérdida que esta nueva fórmula ocasionó en lo que va de 2021, ya que durante el semestre la inflación ha sido del 25% y los aumentos jubilatorios del 8% en marzo y del 12% en junio. Para agosto, mes de cobro del bono, estarán aproximadamente 8 puntos por debajo del IPC acumulado del año.

Menos aún devuelven lo perdido durante la suspensión de la movilidad resuelta por Fernández ni bien asumió a fines de 2019, por la cual las jubilaciones y pensiones que deberían haber aumentado un 42% quedaron en 34% en el caso de la mínima y un promedio del 24% las que se ubican por encima. Esto, después de la depreciación del 20% acumulada durante el macrismo (gracias a la reforma votada por el peronismo).

No hay jubilación digna cuando la mínima, con bono incluido, llegará a $28.065 en agosto, en torno a la línea de indigencia. En septiembre, la nueva actualización por movilidad volverá a quedar por debajo de la inflación. La política de otorgar de vez en cuando pagos por única vez está al servicio del recorte en el gasto previsional, porque como no se incorporan al haber no computan para el cálculo de los aumentos en los meses siguientes. Por otro lado, al excluir del bono a quienes cobran por encima de dos mínimas, lo cual es debajo de la línea de pobreza, se contribuye al achatamiento de la escala.

Tampoco hay medicamentos gratis para todos los jubilados, como afirma la titular del Pami. No acceden a ellos los que tienen otra obra social, ni los que no tienen médicos de Pami que se los receten. Es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde ya cerraron once clínicas que dejaron sin atención a miles y miles de adultos mayores; o en el interior del país, con zonas donde no hay prestadores de ningún tipo o se retacea la atención aludiendo a una prioridad para Covid-19.

Fernández habló en el acto de Lomas de Zamora de la importancia de afrontar los pagos con el Fondo Monetario Internacional “sin comprometer a los argentinos” (Página 12, 13/7). Nunca más oportuno. Mientras anuncia el bono de la vergüenza, el gobierno reconoce que los jubilados no le ganan a la inflación y se lo recuerda al FMI. Ese es el destino del ahorro del gasto del Estado ajustando las jubilaciones y a los trabajadores estatales.

Los jubilados responderemos a esta nueva confirmación del saqueo a los jubilados. Estaremos en la jornada de lucha convocada por el Plenario Sindical Combativo para el 20 de julio en todo el país, reclamando un aumento de emergencia de las jubilaciones y una movilidad automática acorde a la inflación o a los sueldos (la que sea más favorable), por el 82% y una mínima de$65.000. Vamos por direcciones electas de trabajadores y jubilados de Anses, de las cajas jubilatorias, del Pami y de las obras sociales. A su vez, estamos desarrollando una gran campaña por una moratoria general para que los millones de adultos mayores que terminaron su vida laboral como trabajadores en negro o precarizados tengan derecho a la jubilación.