La dupla de las “militantes” Luana Volnovich-Fernanda Raverta hace honor a la política de robo a los jubilados diseñada entre Alberto Fernández y el FMI: las titulares de Pami y Anses, (respectivamente) acaban de anunciar un bono de 1.600 pesos para los jubilados, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.

Con el mismo, que cobrarán 540.000 jubilados, se pretenden cubrir la falta durante la cuarentena de los bolsones alimentarios que recibían a través de Pami (y cuyo contenido, ya de por sí, estaba a años luz de sus necesidades reales: medio kilo de dulce de membrillo, un litro de aceite y otras minucias como estas, incluyendo galletitas… sin sal).

La disposición constituye una verdadera ofensa contra los adultos mayores. Cabe preguntarles a las funcionarias si ellas serían capaces de cubrir sus necesidades alimentarias con 15.892 pesos al mes (el monto de la jubilación mínima) y un adicional de 1.600 para tres meses. Por lo demás, quedan afuera del mismo la inmensa mayoría de los jubilados, incluyendo a los de la mínima –no lo percibirá un universo de 6,2 millones de personas que cobra por debajo de los 16.200 pesos.

La resolución se completa con el anuncio de que aportarán además a los centros de jubilados 15.000 pesos, para cubrir los gastos tarifarios de la cuarentena.

Rebaja sistemática de las jubilaciones

Mientras larga este anuncio miserable, el gobierno vuelve a avasallar la movilidad previsional, planteando un aumento por decreto para junio –que, de seguir los lineamientos del otorgado en marzo, será de un porcentaje arbitrario para la mínima y de un porcentaje menor para los que reciben haberes por encima de ella.

La tarea acordada con el FMI, consistente en transformar la jubilación en un bono asistencial a la vejez, camina firme, junto con el achatamiento de las jubilaciones y pensiones que estaban por arriba de la mínima. Este último sector viene siendo esquilmado con la anulación de la movilidad, ya que recibieron aumentos muy por debajo del 11,53% que correspondía por la fórmula de diciembre del 2017. En el caso de marzo, fueron de entre el 7 al 3%, ya que se discriminó en forma decreciente -además de no haber recibido los bonos fijos otorgados a los que cobran la mínima, de 5 mil pesos en diciembre y enero y 3 mil pesos en abril.

¿Congelamiento y luego bonos?

Esta política de rebaja indirecta, a través de la anulación de la movilidad, podría ser la antesala de un congelamiento de las jubilaciones, quizá acompañados por bonos, y de atrasos en los pagos. Ello como consecuencia del vaciamiento y desfinanciamiento de la Anses, dado que no aparece política de recomposición de los fondos del organismo.

Tal recomposición podría hacerse sobre la base de impuestos progresivos a las grandes fortunas y con el no pago de la deuda con el FMI y los acreedores internacionales. Pero el gobierno de Fernández hace todo lo contrario.

Por un lado, sigue desviando los fondos del organismo al pago de la Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), beneficiando a las patronales con el pago de la mitad del salario de cada trabajador hasta 33.000 pesos. Este subsidio, que ya fue solicitado por 420.000 empresas, se hace no solo con los fondos de los jubilados actuales, sino también del de las futuras jubilaciones de los trabajadores activos, ya que se exime a las patronales de los aportes correspondientes.

A su vez, el desfinanciamiento se completa con la eximición de aportes patronales y las rebajas salariales acordadas por las burocracias de la CGT y la CTA con las cámaras empresarias, y con el Estado. Y, finalmente, la enorme cantidad de empleos no formales o en negro priva al organismo de una masa enorme de ingresos.

El proceso de malversación de los fondos jubilatorios, que fue política de todos los gobiernos, se ha profundizado con el gobierno nac&pop de los Fernández.

Los trabajadores van tomando nota de que la política gubernamental descarga la crisis sobre sus espaldas. Esta comprensión ha dado lugar a conflictos por la reincorporación de los despedidos, contra las rebajas salariales y por la defensa de las condiciones laborales, en gremios como metalúrgicos, mineros, choferes, estatales y obreros de la carne, del plástico y del cuero, rompiendo la coraza propatronal de la CGT y la CTA y de las direcciones sindicales a lo largo y a lo ancho del país.

Está a la orden del día la lucha conjunta de trabajadores activos y jubilados, en defensa de la movilidad jubilatoria para todos y el 82% móvil; y del trabajo bajo convenio, en blanco, por la mínima de 45.000 pesos.

Estos reclamos serán parte central de las actividades resueltas por el Plenario Sindical Combativo  para el martes 19, que tendrá un episodio central en la movilización -con los recaudos necesarios- al Obelisco.

Organicémonos para imponer en los sindicatos y en la CGT y CTA la lucha por el control por parte de trabajadores y jubilados de la Anses, de las cajas provinciales, del Pami y de las obras sociales. Por la restitución de los aportes patronales y de las deudas con las cajas. Por el no pago al FMI y a todos los acreedores de la deuda.