La Legislatura votó la eliminación del peaje en la autopista Illía, dos semanas después que Ibarra resolviera cancelarle la concesión al operador privado Covimet y colocarla bajo el control de Ausa, la empresa municipal de autopistas. La derogación fue aprobada por la amplia mayoría de los diputados presentes: “ibarristas” aislados rechazaron la resolución, mostrando el agudo aislamiento político del gobierno “progre” que, hace tres años, contaba con más de cuarenta diputados propios.

A comienzos de febrero, Ibarra canceló la concesión de Covimet, por “irregularidades”. Pero ocurre que estas “irregularidades” datan del año 1998 y tomaron estado público en el año 2000. Nada menos que 28 millones de dólares fueron transferidos por la Ciudad a Covimet, en función de “deudas” y “obras” que nunca fueron debidamente justificadas.

 

Para qué “estatizaron” la autopista

La decisión de Ibarra interrumpe el negocio de Covimet, aunque no resarce a la Ciudad de los anteriores negociados de la Alianza. Pero la estatización tiene otro claro significado: desde fines del 2002, Ausa modificó sus fines societarios, y “extendió sus funciones a las de constructora, inmobiliaria y consultora” (Noticias Urbanas, 4/2). A partir de entonces, está actuando como contratista del Gobierno de la Ciudad, que subcontrata a empresas privadas. De este modo, las licitaciones públicas por el pavimento – que están sometidas a la auditoría de la Ciudad – fueron reemplazadas por compras privadas, sometidas al “control” de los propios funcionarios de Ausa.

Al igual que las Corporaciones del Sur y de Puerto Madero, Ausa es una “caja paralela”. La “estatización” de la autopista Illía no hizo sino integrar sus ingresos a esa “caja” manejada por la clique de Ibarra.

La adscripción de la Illía a Ausa eleva sus ingresos y la posibilidad de quedarse con la famosa “autopista ribereña”, que uniría las autopistas Illía y Sur, conformando un “anillo” que pertenecería integralmente a Ausa. Naturalmente, la “estatal autónoma” podrá gestionar créditos y contratar a empresas privadas para esta obra. Si se piensa que todo ello se realizará con una parte del canon del peaje – que no ingresa a las rentas generales de la Ciudad – estamos ante una inmensa privatización del presupuesto porteño. En manos, claro está, de una “empresa estatal”.

 

Nuestra posición

Altamira votó favorablemente por la derogación del peaje. Pero señaló que los mismos fundamentos que llevaban a derogarlo en la Autopista Illía debían conducir a la eliminación de todos los peajes de la Ciudad. Altamira sostuvo que el peaje, al igual que todos los tributos que sostienen al Tesoro porteño, son impuestos al consumo, con los cuales todos los trabajadores y usuarios “financian”, en verdad, a los capitalistas. Altamira también respondió a quienes defendían el peaje como supuesto “regulador” del ingreso de autos a la Capital: “Los mismos que fomentan ese ingreso construyendo autopistas, desalentando el transporte público y liquidando los ferrocarriles, pretenden luego “regular” con peajes los brutales congestionamientos y agresiones a la ecología de la ciudad que ellos mismos han creado”.

Ibarra ya anunció el veto a la ley votada el jueves. Seguramente, dirá que lo hace en defensa “del Estado porteño”. En verdad, defiende una “caja paralela” (Ausa).