El caso de gatillo fácil policial que tuvo como víctima al cantante Santiago “Chano” Charpentier ha vuelto a poner en el tapete las modalidades de intervención y regulación de dispositivos y efectores sanitarios (y fuerzas de seguridad) en situaciones vinculadas a episodios de “descompensaciones psiquiátricas” (brotes psicóticos, cuadros de excitación psicomotriz, etcétera) en que el sujeto que padece las mismas se expone a un riesgo (a veces de vida) o pone en riesgo la integridad (o la vida) de terceros, generalmente de su entorno u ocasionales.

Si bien estos episodios muchas veces pueden ser parte de los cuadros comúnmente llamados de “adicciones”, no necesariamente una situación de estas características tan complejas se remiten siempre en sus causas a las problemáticas de consumo. Con el hecho protagonizado por “Chano” Charpentier (quien se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado producto de un balazo en el estómago) se ha abierto el debate sobre el “qué hacer” por parte del Estado (a modo de prevención o de tratamiento de estas problemáticas), y las regulaciones legales de procedimientos e intervenciones sanitarias (tratamientos
ambulatorios, internaciones), partiendo por la viabilidad de la Ley Nacional de Salud Mental aprobada hace más de 10 años durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Las Taser “cierra-grietas” y los disparos contra la Ley de Salud Mental

Lo ocurrido con “Chano” terminó por cerrar durante horas la llamada “grieta” en nuestro país. A pocas horas que cobrara público conocimiento la noticia, el ministro de Seguridad de Kicillof, Sergio Berni, picó en punta en defensa de la Bonaerense y propuso para este tipo de episodios el uso de las pistolas Taser, para evitar el uso de armas de fuego al plantearse la necesidad de reducir a la persona. Al pedido realizado por Berni se sumó la presidenta del PRO, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, y hasta el flamante candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro.

Cuando las noticias sobre lo acontecido con Chano ya corrían como un reguero de pólvora en los medios de comunicación y redes sociales, comunicadores y hasta profesionales y “especialistas” del campo de la salud mental (principalmente médicos y psiquiatras) se dispusieron a cargar las tintas en la Ley Nacional de Salud Mental, denunciando -falsamente- que la misma prohíbe las internaciones involuntarias en casos de crisis agudas y situaciones de riesgo.

En su artículo 20 la ley dispone internaciones involuntarias como “recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros” bajo una evaluación de un equipo interdisciplinario en salud mental.

El ataque contra la Ley Nacional de Salud Mental sobrepasa los debates sobre terapéuticas y se inscribe en un terreno político y de intereses corporativos en el mercado de los tratamientos en salud mental. Ocurre que la norma establece la potestad igualitaria entre todos los profesionales de la salud mental en la jefatura de servicios hospitalarios y direcciones de tratamientos (ambulatorios o internación), quitándole el monopolio exclusivo que históricamente ostentaban los profesionales médicos y psiquiatras.

Una década de “letra muerta”

Hace más de 10 años, y oportunamente al momento de aprobarse la Ley, desde el Partido Obrero planteamos cautelas y reservas frente a las ilusiones que despertó en vastos sectores en relación a la perspectiva de transformar las clásicas políticas “médicas hegemónicas” de la población padeciente. Si bien la misma conserva en muchos pasajes aspectos progresivos, como en relación a los derechos de pacientes y la democratización de tratamientos, advertimos los límites en la posibilidad de iniciar el camino a la llamada “desmanicomialización” de la salud mental en nuestro país, mientras las políticas sanitarias recaigan en gobiernos ajustadores, sean “progresistas” o “neoliberales”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Apel Salud Mental (@apel.saludmental)

Los hechos nos vienen dando la razón. Habiendo transcurrido tres presidencias desde la sanción (Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández), la apertura de nuevos dispositivos alternativos o sustitutivos (casas de medio camino, residencias protegidas, centros de día, hospitales de noche) y la ampliación de sectores de internación en salud mental en hospitales generales (planteado por la Ley en la perspectiva del cierre gradual de hospitales monovalentes, neuropsiquiátricos o “manicomios”) se cuentan con los dedos de una mano en todo el país.

Se cumplió además la caracterización que hiciéramos en un artículo publicado en 2010: ningún gobierno cumplió con incrementar las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud”.

Ocurre que “hecha la ley, hecha la trampa”. A lo largo de todos estos años, los ministerios de salud de todos los gobiernos pasados y el presente están ocupados por verdaderos lobbistas de corporaciones de salud y pulpos farmacéuticos (las políticas sanitarias en pandemia lo vienen demostrando con creces) que “desde adentro” han boicoteado sistemáticamente la construcción de efectores y dispositivos alternativos en el sector público que afectan los intereses de las corporaciones.

¿Y el protocolo del 2013?

Con el caso Chano, como ya se señaló en Prensa Obrera, dentro de la tragedia se inscribe una curiosidad. Sucede que en el mes de junio del 2013, bajo la gestión de Nilda Garré como ministra de Seguridad de la Nación y Sergio Berni como secretario, se anunció la creación de un protocolo (Resolución 506/2013) para la participación de equipos de salud mental en coordinación con fuerzas de seguridad (y para la capacitación de éstas últimas) para la intervención en situaciones conflictivas similares a la ocurrida con Chano. Desde el anuncio del mismo hasta hoy no hay noticias de la aplicación del protocolo ni la constitución de equipos y programas de capacitación para su implementación.

Más de una década después de aprobada, la ley es “letra muerta”, o hasta en algunos casos utilizada para avanzar en el ajuste en salud mental (reducción de camas de internación en hospitales monovalentes sin apertura de servicios de internación en hospitales generales). Toda perspectiva de transformación en el campo de la salud mental que afecte los intereses capitalistas de las corporaciones y las ganancias de los pulpos farmacéuticos, a través de garantizar nuevos efectores y dispositivos alternativos y sustitutivos al “poder manicomial”, tanto en el sector público como en obras sociales, resulta indivorciable de la centralización del sistema de salud bajo gestión pública y de los trabajadores y usuarios y el no pago de la deuda externa fraudulenta.