El martes 21 de febrero el autor de esta nota se reunió en la ciudad de Córdoba con los padres que han denunciado abuso infantil en el establecimiento educativo Collegium de esa ciudad. Los 16 casos denunciados (hay más casos sin denunciar) fueron pasados al archivo por la fiscal Alicia Chirino.

 

La actuación de la fiscal y los peritos oficiales, que “no detectaron nada”, revela una trama de encubrimiento brutal. La cámara Gesell sólo se realizó en algunos casos a pedido de los padres y mucho tiempo después de producidas las denuncias. La fiscal y sus dependientes interpelaron e intimidaron sistemáticamente a los padres denunciantes en lugar de investigar a los denunciados. Llegó al punto de enviar a un comisario a investigar a los padres e incluso estaría en el expediente un volante que los padres repartieron exigiendo que el caso no quede impune. Todo esto se hizo bajo el amparo del secreto de sumario, que además impidió a los abogados de las familias denunciantes acceder al expediente.

 

Las características de los abusos (uno cometía los abusos mientras otro los filmaba), las maniobras de encubrimiento y la saña contra los padres denunciantes por parte de la justicia de Córdoba, hacen pensar que se trata de una red de pornografía infantil que involucra a personas muy ligadas al poder político local.

 

En su momento, los padres presentaron a la Legislatura cordobesa un dossier con todos los detalles del caso, y a partir de las intervenciones de nuestro legislador Eduardo Salas se votó un pronunciamiento de solidaridad con los padres que fue votado por unanimidad. Luego de semejante pronunciamiento político se produjeron los archivamientos, lo que revela el grado de impunidad y encubrimiento.

 

Algunos de los casos archivados hoy están ante el juez de Control, ya que se presentaron recursos de oposición. Este juez debe decidir si acepta el archivo o lo rechaza y comienza un proceso.

 

Ante este panorama, acordamos con los padres una serie de iniciativas para retomar la lucha para evitar que el caso quede impune.

 

En primer lugar, se actualizará el dossier y será presentado ante las comisiones de Derechos Humanos, la cual integro, y la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que integra la compañera Soledad Sosa. Solicitaremos, además, que los padres sean recibidos por ambas comisiones para exponer este gravísimo caso. La idea es que el tema trascienda las fronteras de Córdoba, consiga repercusión en los medios nacionales y exponga a la justicia de Córdoba responsable de la impunidad de estos casos.

 

Mientras se lleva adelante el pedido a estas comisiones, se analizará la posibilidad de presentar un pedido de jury a la fiscal Chirino como consecuencia de las arbitrariedades cometidas contra los denunciantes y por las maniobras para encubrir el hecho.

 

El caso es sumamente grave, tanto por el abuso sufrido por estos niños cuando iban al jardín de infantes, como por todo el operativo de encubrimiento y de apriete a los padres denunciantes. Por ello, nuestra bancada en el Congreso se pone a disposición para que el caso no quede impune. Arrancamos con estas iniciativas y en el desarrollo de las mismas iremos preparando otras junto a los padres que denunciaron este aberrante hecho.