La causa por la represión sobre la avenida Mitre de la Masacre de Avellaneda —separada por el Estado de la causa principal por los asesinatos de Kosteki y Santillán— podría sufrir un giro bochornoso en los próximos días. El sargento Carlos Leiva (uno de los ‘bonaerenses’ más escrachados en fotos y testimonios videográficos durante la represión) cumple hace tres años prisión preventiva por tentativa de homicidio, luego de haber estado prácticamente un año prófugo.

 

La defensa del asesino Leiva ha solicitado al Tribunal un “juicio abreviado” (que no sea público) y la excarcelación del policía. Claudia Bracamonte, abogada de la familia Kosteki y de un grupo de sobrevivientes del Polo Obrero, rechazó terminantemente esa solicitud. Fue respaldada por el propio fiscal.

 

La sorpresa del caso fue la posición planteada por Claudio Pandolfi (ex Correpi y actualmente cercano al Cels, letrado de otro grupo de sobrevivientes del “viejo” MTR), quien apoyó la solicitud de la defensa de Leiva. Claudio Pandolfi se cansó en el último año de florearse en distintos foros y charlas junto al juez Zaffaroni para reivindicar las llamadas “garantías constitucionales” de los detenidos. Con esto, Pandolfi prueba que el “garantismo K” no es en favor de los luchadores, sino de los asesinos de Estado. Un acto repudiable.