21/09/2021

El cerco judicial sobre Cristina tras la derrota electoral y el cambio de gabinete

La vicepresidenta tendrá que afrontar varias causas luego de haber esgrimido reformas tímidas sobre la Justicia.

Quienes suelen afirmar que Comodoro Py y el Poder Judicial actúan de acuerdo a los tiempos políticos, no se estarían equivocando esta vez tampoco. En el día de hoy, el juez federal Julián Ercolini dispuso la elevación a juicio oral para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa Hotesur. Allí también tienen de consortes de causa a Lázaro Báez y el contador Víctor Manzanares.

La elevación a juicio llegó muy cerca de lo que fue la condena a 12 años para Lázaro Báez y sus hijos, en una causa donde, si bien CFK tiene una falta de mérito, los fundamentos de la sentencia la dejaron complicada de cara a la causa Vialidad. La corporación judicial tiene claro que, con el resultado de las Paso, las tímidas reformas judiciales que el kirchnerismo tiene frenadas en el Congreso (la reforma del Ministerio Público Fiscal para designar Procurador General por mayoría simple y a la unificación de Penal Federal con Penal Económico creando 23 juzgados) quedaron sumamente detenidas.

Pasada la insípida ofensiva kirchnerista sobre la corporación judicial, podríamos encontrarnos ahora con el inicio de una contraofensiva de la corporación judicial sobre el kirchermismo. Desde la asunción del gobierno del Frente de Todos, CFK logró sobreseimientos en las causas “Plan Qunita” y en la “Dólar Futuro”. Sin embargo, todavía tiene por delante la mencionada Hotesur, la de “Los Sauces”, la de los “Cuadernos” y la de “Vialidad”, entre otras.

El resultado electoral, que podría profundizar la derrota del oficialismo en las generales de noviembre, también puso de manifiesto otra dificultad para Cristina; ya que el oficialismo podría perder el quórum propio en el Senado y tener una mayoría muy ajustada, cuando se tienen por delante toda una importante cantidad de designaciones en vacantes.

“Hay 35 ternas elevadas por el Consejo que esperan la lapicera presidencial para solicitar acuerdo. Hay 90 cargos en juego, algunos de relevancia estratégica. Por ejemplo, tres vocales para Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, la Sala Especial dentro del Fuero Civil y Comercial Federal para el Tribunal de Competencia, dos juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal y en las provincias” (Ámbito, 14/9).

Así las cosas, se hace evidente una cuestión. Cristina no mandó a renunciar a ninguno de los funcionarios que tiene en áreas vinculadas a lo judicial. Caamaño en la AFI, Croux en la oficina anticorrupción, Cruz en la UIF, Zannini en la procuración del Tesoro y Ustarroz en el Consejo de la Magistratura. Todos continúan. Pero, como este elenco no le permitió a CFK frenar las causas en su contra, y también llegado el caso podrían oficiar de “fusibles”; con la designación de Manzur y el recostamiento en los gobernadores del PJ, Cristina busca dar garantías de gobernabilidad para evitar un cambio de frente de la burguesía y así negociar una tregua judicial.

Por su lado, el macrismo, explotará esta crisis para mejorar su situación procesal en distintas causas de corrupción que los complican, así como para horadar lo más que puedan en la interna oficial; aunque difícilmente, por ahora, puedan zafar de causas complejas como la del Grupo Indalo y la del Correo.

El cambio de figuras en el gabinete tiene su importancia, pero más allá de ellos, la definición de la presente guerra judicial estará determinada por el curso de las negociaciones con el FMI y la concreción de las mentadas reformas laboral y previsional, donde la “grieta” que se verá será la de los trabajadores de un lado y los capitalistas y sus gobiernos del otro.

Ante esta disputa de camarillas capitalistas por el control del aparato del Estado, que expresa la profunda descomposición política de los que gobernaron las últimas décadas hundiendo en el hambre, la desocupación y la precarización laboral a los trabajadores, solo el Frente de Izquierda – Unidad plantea la elección y revocabilidad de los jueces y fiscales por voto popular; de la mano de todo un programa para transformar el país sobre nuevas bases sociales.

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