05/10/2000 | 683

«El chachismo de Altamira»

¿Así que Altamira estaría trabajando para el Chacho Alvarez?


Es lo que dice con mucho más que una insinuación un titular de Ambito Financiero de la semana pasada. La especie, infortunadamente, no se encuentra respaldada por una investigación periodística propia, sino forzadamente atribuida a los dichos de otros en la sección «Prensa Partidaria». Para el caso, salta a la vista la falta de celo profesional del que hace gala el diario en cada ocasión que puede.


El exabrupto sorprende también por la liviandad de sus argumentos. De acuerdo a los dichos que reproduce, la prueba de que Altamira estaría fogoneando al chachismo es la constante oposición del Partido Obrero al régimen de decretos de necesidad y urgencia. Este singular razonamiento eleva demasiado las condiciones democráticas del Chacho; con el pretexto de atacarlo se lo jerarquiza. Pero como lo sabe cualquiera, los decretos de necesidad fueron consagrados en la alfonsinísima y chachísima reforma constitucional de 1994, convocada por el Pacto de Olivos para reelegir a Menem. Nada más natural que el Partido Obrero se opusiera en aquel momento a la consigna de Asamblea Constituyente, pues no era más que una disimulada aceptación del chantaje reeleccionista para el que el menemismo no tenía los votos en el Congreso. El gobierno de la Alianza ha recurrido más de una vez a ese método de gobierno de filiación menemista, sin siquiera tomarse el tiempo de constituir la comisión de seguimiento legislativo que debería examinar, siempre ex post facto, la validez de esos decretos especiales.


Pretender entonces, como lo hace «Prensa Partidaria», que el chachismo se caracteriza por la defensa de la democracia formal, raya en el analfabetismo político. La mitad de la legislación argentina es oriunda de los gobiernos militares; sin embargo, el Frepaso jamás la cuestionó como incompatible con un estado de derecho. No sanciona a los acusados de participar en el soborno en sus propias filas. Tampoco reclama la anulación de la viciada Ley de Reforma Laboral, pero sí apoya una Ley de Fueros que permite conservar en formol al cadáver insepulto del Senado, y esto con el avieso propósito de arrancarle en estado de secuestro judicial todas las leyes que le reclama el Fondo Monetario Internacional. En Argentina se ha creado una singular situación constitucional, pues una parte de los encargados de sancionar las leyes son conservados en calidad de cuasi reos para poder ser mejor manipulados por el chantaje oficial.


Los sobornos son, sin embargo, sólo la punta del témpano. La corrupción política es la hermana siamesa de una política de confiscación económica sin precedentes. No hay privatización que no tenga la huella de la cometa; desde la muy singular de Aerolíneas (que exigió saltarse a los jueces), a la no menos singular de YPF (cuando los precios del petróleo habían llegado al punto más bajo de toda la historia), para no hablar de los planes Bonex (negociados en Punta del Este con el Citibank), o del canje de patrimonio estatal por títulos de deuda sin valor comercial. Lo mismo vale para la corrupción de la burocracia sindical a la hora de privatizar, por ejemplo, jubilaciones o accidentes de trabajo, o para imponer la flexibilización laboral y las tercerizaciones. El pulpo que fogoneó la reforma laboral en el Parlamento se vio luego doblemente premiado con la sanción de la ley y el acceso a una Secretaría de Estado.


Pero esta política ha fracasado. Este método de gobierno devora a sus brujos aprendices. Una deuda externa que equivale a la cesación de pagos, cuatro millones de semi y desocupados, la demolición de la salud y de la educación, y un PBI aniquilado por las terapias del capital financiero lo demuestran. La caldera social se encuentra al máximo de presión. El gobierno da señales definitivas de agotamiento antes de cumplir el año. Ya hay gobernadores que hablan de tomar yacimientos, y ex funcionarios menemistas que aseguran que el gobierno es el piloto automático de un avión que cae en picada. La salida popular y democrática a esta crisis no puede ser, entonces, jurídico-formal, debe ser político-social, debe ser de conjunto. Para eso el Partido Obrero reclama la transferencia del poder político a una Asamblea Constituyente que se aboque a la reorganización de la nación sobre nuevas bases sociales y políticas.


Pero la columna «Prensa Partidaria» ha elegido ignorar estos importantes planteos políticos, a expensas, claro, de la calidad periodística y del derecho al conocimiento de los lectores.

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