A los ejecutivos de finanzas de las grandes compañías nacionales y multinacionales, Carlos Chacho Alvarez no puede hacerles el ‘verso’ que acostumbra a recitar por las cámaras de televisión. Por eso, en el Congreso que esos ejecutivos realizaron la semana pasada en Córdoba, Alvarez les tuvo que resumir en cuatro puntos, sin rodeos, el programa de la Alianza.

Los sintetizó así, según puede leerse en Clarín del sábado 11 de octubre:

• “Apoyo a la descentralización en la discusión de los convenios colectivos”.

Esto significa convenios por empresa y por trabajador y la atomización del movimiento obrero. Es lo que quiere la patronal de la Unión Industrial y es la esencia de la ‘flexibilización laboral’ del FMI y el Banco Mundial. La ‘descentralización’ de los convenios es para bajar los salarios y aumentar aún más los ritmos de trabajo.

• “Desregulación laboral para las Pymes con menos de 100 empleados”.

La desregulación no es otra cosa que la reducción o eliminación de la indemnización por despidos, el cambio en la jornada de trabajo de 9 a 12 horas diarias sin el pago de horas extras, el fraccionamiento de las vacaciones. Algunas de estas medidas ya rigen en las empresas de menos de 40 trabajadores, y el ‘Chacho’ Alvarez las quiere implantar para las patronales de hasta 100 trabajadores.

• “Rechazo a los intentos de restringir la instalación y actividad de los hipermercados y megatiendas”.

Con esto, Alvarez salió a defender a los grandes monopolios de los supermercados contra la ‘clase media’ de los pequeños almacenes y kioscos.

• “Compromiso de no imponer impuestos excepcionales a las empresas privatizadas, aunque hayan sido las que más ganaron en estos años”.

Esta definición colmó las expectativas de los ejecutivos, que a esa altura ya no titubearon en pronosticar que la Alianza le ganará al PJ por 41 a 38 por ciento.

¿Si las grandes ganancias de las empresas privatizadas no pagarán ningún impuesto especial, con qué piensa Alvarez alcanzar su tan pregonado “equilibrio fiscal”?

La pista la da el Presupuesto de 1998, que la Alianza deberá votar en el Parlamento. Allí se dice que se bajarán las jubilaciones y  los sueldos de los empleados públicos, no habrá aumentos para los docentes, se privatizará la Casa de la Moneda, el Banco Hipotecario y se pagarán religiosamente 7.000 millones de los intereses de la deuda.

Por todo esto es que el proyecto laboral que auspicia el candidato de la Alianza, el abogado Héctor Recalde, y que cuenta con el apoyo del MTA y del PTP, tiene una función política anti-obrera, pues sirve para llamar a los trabajadores a votar a la Alianza, sin decirles que ésta quiere imponer las medidas del FMI, los supermercados y los privatizadores.