Políticas

5/9/1996|509

El clero quiere abortar la pueblada educativa

La movilización de masas contra la ‘reforma educativa’ ha abierto una crisis política general en Córdoba. La reacción juvenil y popular  llevó al gobierno  a la suspensión de hecho de todas las medidas anunciadas. En opinión de La Voz, se ha producido la “la primera gran derrota de Mestre” (23/8).


No entregó nada


Sin embargo, en términos estrictos, el gobierno no ha concedido ni el 10% de los reclamos planteados por la movilización. Su único compromiso es mantener los establecimientos medios, polimodal incluido, en la capital, frente al proyecto original que liquidaba el ciclo de especialización en forma masiva. Todo lo demás —cierre de las secundarias en el interior, liquidación de los institutos de arte y escuelas técnicas, desaparición de las escuelas terciarias de formación docente, municipalización de las escuelas— “está sujeto a revisión”, es decir que sigue en pie.


En las próximas horas, el Consudec (Consejo de Educación Católica) presentará, a pedido del gobierno, por la propia y al margen de cualquier otra organización, una propuesta de aplicación de la reforma educativa, luego de haber emprendido junto a los obispos “gestiones directas en defensa de sus intereses —fundamentalmente los institutos de enseñanza terciaria y los subsidios a la educación privada” (La Nación, 28/8).


En Córdoba existen 172 institutos de formación docente, de los cuales 110 son privados —49 bajo gestión directa de la Iglesia Católica— que reciben subsidios del Estado. Este aporte cubre la totalidad de los sueldos docentes y convierte a la educación privada —laica o religiosa— en un negocio altamente rentable, y más aún si se tienen en cuenta las exenciones impositivas que benefician a la Iglesia. El proyecto del gobierno era cerrar y dejar sin subsidios al grueso de institutos terciarios, dejando en funcionamiento sólo a 27 —20 oficiales y 7 privados. Algo similar está planteado para los secundarios del interior.


Fue tan manifiesto que la jerarquía eclesiástica cuidaba lo suyo, que “el obispo auxiliar Roberto Rodríguez … se mostró molesto (y) negó que la Iglesia se encuentre luchando por sus escuelas, (sólo) por los colegios parroquiales”(La Voz, 21/8). El clero no había levantado tampoco la voz al producirse el cierre de los 312 jardines maternales estatales a inicios del año.


La Iglesia y la UEPC


La UEPC (sindicato docente) convocó a la pueblada del 23 dentro de un acuerdo político Multisectorial con el Consudec, el PJ, el Frepaso y otras organizaciones. De allí salió la consigna oficial de la marcha: “Educación para todos”, que diluía el reclamo concreto de la derogación de la ‘reforma’. La Multisectorial resolvió, además, que en la movilización sólo hubieran banderas argentinas o carteles con la consigna ‘oficial’, una orden desoída por decenas de establecimientos que llevaron su reclamo por la derogación de la Ley y la reforma.


Todo este arco multisectorial (que incluye al angelocismo) actúa políticamente como comparsa política del clero, que ha tomado resueltamente el papel de “interlocutor privilegiado” en la negociación con el gobierno. Aunque no hacía falta, la presidente del Consudec acaba de declarar que su entidad “no está en contra de la reforma, sino de su forma de aplicación” (La Nación, 28/8). La burocracia de la UEPC defiende la privatización de las escuelas y la injerencia del clero, y tiene más de un sólido lazo con la ‘jerarquía’.


Por eso, en lugar de profundizar la movilización, la Multisectorial ha decidido impulsar una “iniciativa popular” por la derogación de la ley educativa provincial, es decir, juntar firmas para que la legislatura la trate en el plazo de un año. La maniobra es apoyada por el Mst y  Patria Libre.


Victoria


Luego de la marcha de los 60.000, el movimiento de conjunto quedó detenido a instancias de la ‘jerarquía’, que se ha convertido en el gran artífice de una ‘salida consensuada’ al conflicto educativo. Aunque la UEPC no tiene plan de lucha alguno, la movilización y el debate en las escuelas no cesa; luego de la pueblada ha habido reclamos y cortes de ruta en el interior, y se han constituido  coordinadoras en defensa de la escuela pública en la capital.


La decisión de las centrales sindicales de Córdoba de hacer un paro activo de 36 horas a partir del 12 (coincidente con el paro de CTERA), es la oportunidad para convocar a la huelga y a la manifestación por la derogación de la ‘reforma’. Ningún cierre de cursos ni de establecimientos, reapertura de los jardines maternales, respeto a la estabilidad y al estatuto del docente, básico de 700 pesos a los docentes, subsidio de 500 pesos a todo desempleado (para eliminar la hipocresía sobre la deserción escolar), escuela única, estatal, gratuita y laica.


La clave es dar paso a la ‘otra política’ que se expresa en las calles, en las coordinadoras, en los centros de estudiantes, en los movimientos de delegados y activistas docentes para recuperar la UEPC.