En una sesión escandalosa, el Concejo Deliberante de Rosario dio marcha atrás con una ordenanza (votada por unanimidad) que prohibía el glifosato en el ejido urbano. Bastó la presión de la Bolsa de Comercio y las patronales ligadas a la producción de soja (Apresid, Sociedad Rural, etc.), para que los ediles se desdijeran, en un hecho sin precedentes.

En dos semanas dieron marcha atrás los concejales del Frente Progresista (Irizar, Estevez, Comi, Chale, Poy, Rosua y León), del PRO (Roselló, Bouza, Ghilotti, Chumpitaz y Cardozo), y sus aliados Giuliano, Cossia y Boasso. Para cumplir con el mandato de las patronales "del campo", no se dudó en avasallar todo reglamento y toda norma de funcionamiento del Concejo.

Quien salió beneficiada fue la Intendenta Mónica Fein, a quien le ahorraron el costo político de vetar la ordenanza aprobada hace dos semanas atrás.

Necesitamos sacar conclusiones claras si queremos enfrentar consecuentemente la contaminación que afecta directamente nuestra salud. Los verdaderos dueños del Concejo y de la legislatura son las patronales sojeras y agroexportadoras.

Esto también se expresa en cómo actúa el parlamento con las reformas laboral, previsional e impositiva, impulsadas desde el gobierno de Macri, en acuerdo con los gobernadores y la CGT, contra la clase trabajadora.

Los organismos del Estado tienen un inocultable carácter de clase. De la clase explotadora, a quien sirven los funcionarios, legisladores y concejales.

Sostenemos la independencia política de todos los bloques políticos, denunciando la sumisión de los concejales y defendiendo incondicionalmente la vida contra la que atentan los capitalistas para mantener un régimen de explotación.