La disputa en relación con el 7D se ha focalizado, en las últimas semanas, casi exclusivamente en la Justicia. Ambos bloques pretenden colocar a uno de su palo en el Juzgado Nº 1 del fuero Civil y Comercial Federal, que tiene a su cargo la causa. Clarín ha logrado bloquear el ingreso de candidatos del oficialismo y el propio trámite judicial.

La crisis comienza a diseminarse. En el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo no logra reunir los dos tercios necesarios para imponer su terna de jueces. La Cámara Civil y Comercial Federal por el momento también está fuera del control del gobierno. En estas condiciones, el conflicto marcha derecho a la Corte Suprema, que también está en estado de ‘asamblea’. De acuerdo con información suministrada por el diario Perfil, habría un acuerdo interno de todas las fracciones para reelegir en la presidencia a Lorenzetti y ponerle un “dique de contención” al gobierno. Siempre según la misma fuente, hasta el más pro-oficialista de los miembros de la Corte, Raúl Zaffaroni, estaría en esa tesitura.

Choque

El grupo Clarín se opone a la ‘desinversión’ que establece la ley de medios para todos los grupos mediáticos que superan determinada cantidad de licencias. El kirchnerismo ha ofrecido a otros grupos capitalistas el desguace del grupo de Magnetto. Las telefónicas podrían ser las grandes beneficiarias del negocio de cable, debido al cableado de la red telefónica. CFK siempre señaló que las telefónicas serían las grandes beneficiarias de un negocio que ofrece telefonía-televisión-Internet. Esto demuestra que el gobierno no busca la transparencia ni la igualdad, sino quebrar a un medio políticamente rival, que influye en las decisiones electorales. Clarín protesta diciendo que, mientras a las operadoras de cable se les pone un límite de 24 licencias locales, a “sus competidores (DirecTV o las empresas telefónicas), les permite llegar a las 2.200 localidades del país con una sola licencia. Esta discriminación es uno de los motivos del juicio de fondo por inconstitucionalidad”. Clarín también se queja porque los extranjeros podrán tener más licencias que los grupos locales. También está en desarrollo una rama de negocios vinculada con la producción de contenidos en múltiples plataformas. El grupo Time Warner acaba de instalar su base de operaciones para América Latina en Buenos Aires. De este modo, con la “ley de medios nacional y popular” se está operando una penetración de capital extranjero en la industria del cable.

Democratización, las pelotas

Aunque ambos bandos se presentan como adalides de la “libertad de prensa”, lo cierto es que defienden el monopolio de los medios por parte de las grandes empresas o del Estado. Esto se puso de manifiesto en que la promesa de otorgarle un tercio del espectro a medios sin fines de lucro quedó en la nada; fue una zanahoria para la cooptación oficial de organizaciones populares. Las condiciones establecidas para la TV digital eran directamente prohibitivas. El pliego para presentarse a una licitación era de 140 mil pesos y el canon mensual de 24 mil. A esto había que agregarle la inversión en infraestructura y personal. Como era previsible, el concurso terminó desierto. El centroizquierda que ahora se declara estafado apoyó entusiastamente la ley de medios del oficialismo.

La intervención de los trabajadores

Los sucesivos choques crearon una situación de polarización en los sindicatos. Mientras las burocracias sindicales se colocan de uno y otro lado del mostrador, está ausente un punto de vista independiente de los trabajadores. Sin embargo, sólo auspiciando la intervención de los trabajadores como clase sería posible superar los límites de este choque entre patronales.

El primer paso debería ser poner en el primer plano la defensa de los trabajadores, como clase, a través de las decisiones soberanas de sus asambleas y de una deliberación permanente de toda la base. La agenda debe consistir en la defensa de las fuentes de trabajo, incluido el veto a cualquier modificación del plantel de personal, así como la independencia ideológica de los trabajadores de prensa y comunicación, que es indisociable de la defensa de su lugar de trabajo. Por encima de las diferencias de pensamiento y adhesión política de cada trabajador, reivindicamos la unidad de la clase sobre la base de una agenda propia de defensa de sus intereses materiales y morales. En esta línea, propiciamos el derecho de los trabajadores a intervenir en el diseño político y cultural de los medios en los que trabajan, y hacer extensiva esa participación al conjunto de los trabajadores en el ejercicio de ese derecho.

En el caso de los periodistas, dad la peculiaridad de que su actividad que consiste en elaborar información, la defensa de los puestos de trabajo supone rechazar toda regimentación política e ideológica. Para los dueños de los medios, la negativa de un periodista a someterse a la directiva ideológica de la empresa equivale a un despido… justificado. Esto vale tanto para las empresas estatales como para las privadas, en todos los casos las patronales operan presionando a los periodistas en función de determinada orientación. De este modo, la lucha por la defensa de los puestos de trabajo se une concretamente a la defensa de la libertad de prensa, en oposición a ambos bloques en disputa, que agitan abstractamente esa bandera cuando en la práctica la violan todos los días.

El planteo de asambleas soberanas y de una agenda de clase es tanto más pertinente cuanto que las comisiones internas de varias empresas han tomado ya una posición por uno u otro bando patronal, arrogándose la representación ideológica de los trabajadores. Esto es inadmisible: la posición programática debe ser establecida colectivamente, y la prevalencia de la mayoría sobre la minoría debe legitimarse mediante convocatorias periódicas que permitan analizar los resultados obtenidos.