El Partido Obrero, como parte de su campaña nacional hacia la universidad llevada adelante con el manifiesto Carta a la Universidad Argentina, se ha propuesto demostrar el entrelazamiento existente entre, por un lado, las autoridades universitarias en todo el país, y por el otro el gobierno y los grupos capitalistas que se valen de la universidad para llevar adelante sus negociados contra el pueblo y la nación.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de todas las universidades nacionales, acaban de aprobar sin debate el reparto de 86 millones de pesos provenientes de la mina La Alumbrera, ubicada en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca (ver Página/12, 5/6). Se trata del 4% de las utilidades asignado a este fin. La limosna tiene por objetivo silenciar a las instituciones en materia de explotación laboral, saqueo financiero y destrucción ambiental por parte de la empresa minera. La Cámara Federal de Tucumán estableció que “se encuentra acreditada la contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus afluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” (ídem) y procesó al vicepresidente de la compañía. Para una investigadora, este soborno sirve para “una apropiación de la producción de conocimiento” (ídem). Según Abraham Gak, ex rector del Carlos Pellegrini, “uno no encuentra en las universidades especialistas objetivos para analizar la minería. La mayoría está vinculado con los intereses de las grandes empresas” (ídem).

Ahora, Kirchner y el decanato de Ciencias Económicas de la UBA quieren convertir a la facultad en una agencia de calificación de riesgo para los fideicomisos y emisión de bonos, en lo que se presenta como un acto de independencia nacional respecto de las agencias usureras internacionales. Se trata en realidad de conseguir un encubrimiento ‘académico’ al saqueo de la Anses, que los K usan para el rescate de los monopolios capitalistas, o para ‘argentinizar’ empresas en beneficio de grupos amigos.

Gabriel Solano