Rápidamente, todo el armado de la causa por el crimen de Candela Rodríguez empieza a caerse por su propio peso. Según dicen los diarios, el gobernador Daniel Scioli había pedido explícitamente que no se detuviera a personas que luego debieran ser liberadas por falta de mérito, pero eso es lo que está ocurriendo.

Por el momento, la mayor de las certezas ofrecidas por la “investigación” es que uno de los testigos fraudulentos que inventaron, si es que existe, terminará preso por falso testimonio. El otro “testigo”, que aceptó entrevistas periodísticas y dijo llamarse “Pedro”, denunció ante la prensa que su testimonio fue manipulado y que le tomaron la declaración en su casa, donde lo mantuvieron esposado durante cuatro horas.

Todo es descabellado, un dibujo absurdo. No tiene casi antecedentes en la historia mundial de los secuestros que un secuestrador use su propia casa para tener a la víctima y que, además, la pinte mientras su víctima está adentro. La policía tiene un testigo que tendría superpoderes: vio cuando se llevaban a la nena, la vio pasear por la calle con su victimario mientras el mundo la buscaba, la escuchó pedir auxilio y hasta vio un pelo negro que pendía de una uña de uno de sus denunciados. También tendrían superpoderes los que obtuvieron un resultado de ADN en apenas unas pocas horas y, seguramente, los tendrán los policías “científicos” que hicieron sobre la camioneta de uno de los detenidos ese peritaje apto para todo público, en la plaza de Villa Tesei.

Ahora bien ¿qué busca ocultar la policía, qué pretende encubrir con esta farsa? Simplemente, a sí misma.

Veamos un ejemplo que sirve para ilustrar el asunto. Una tía política de Candela, María Alejandra Romagnoli, hace poco más de dos meses “fue secuestrada por un grupo de hombres armados con FAL y vestidos con chalecos policiales. Aparentemente, la banda estaba integrada por policías y delincuentes comunes; en el mismo golpe fue secuestrado un conocido dealer de la zona conocido como ‘Pimeteco’, que es pariente de Romagnoli” (La Nación, 11/12).

En la zona de Villa Corea hubo por lo menos ocho secuestros de ese tipo en poco más de sesenta días y sólo uno fue denunciado. Seguramente, hubo bastantes más.

“Pero no sólo se habla de bandas mixtas en Villa Corea; el fenómeno se extiende a lo largo de toda la jurisdicción y -según fuentes que trabajan en inteligencia criminal- las sospechas alcanzan a jefes de la fuerza bonaerense” (ídem).

Entre todos los múltiples negocios delictivos a los que se dedica, la Bonaerense ha descubierto uno particularmente rentable. Como los narcotraficantes se secuestran entre ellos y se liberan a cambio de pagos en dinero y/o partidas de droga, la policía ha decidido copar la parada y ocuparse ella misma de ese rubro: secuestrar a delincuentes que, por su carácter criminal, no pueden presentar denuncias. Por ese oficio, los señores cobran suculentos rescates en plata o en droga, o en ambas cosas a la vez. Si, como se sospecha, el secuestro de Candela forma parte de esa actividad, una investigación seria puede poner a la luz buena parte de ese entramado hediondo.

Una crisis política

El crimen de Candela quebró la tregua precaria entre el gobierno nacional y el provincial. Desde que la Presidenta la puso al frente del Ministerio de Seguridad, Nilda Garré fue una de las puntas de lanza contra Scioli y hasta tomó parte, personalmente, en la campaña de Martín Sabbatella. No es casual que, ahora, bombardee al gobernador con informes sobre los fraudes evidentes cometidos en el caso Candela.

Sin embargo, tampoco el gobierno nacional puede librarse del sayo. Por eso no va a fondo y los informes son “reservados”, aunque se filtran a la prensa. Después del circo mediático que se organizó alrededor del caso, ahora, cuando Candela está muerta, la Casa Rosada y La Plata prefieren el silencio. Pero, puertas adentro de los despachos, la crisis se desarrolla y amenaza con voltear a más de uno.

Por ejemplo, la agencia Noticias Argentinas informa sobre una reunión en la casa de gobierno entre el secretario de Legal y Técnica, el “halcón” K Carlos Zannini, con Emilio Pérsico y Fernando Navarro, del Movimiento Evita. No fue precisamente un encuentro de amigos, dice esa agencia. “A esa altura -dice la agencia- ya era vox populi el rumor de que Carola Labrador, la madre de Candela, militaba en el Movimiento Evita de Hurlingham”.

El padre de la criatura K, Eduardo Duhalde, sabe en persona hasta qué punto la mafia policial de la provincia puede llevarse puesto a un gobierno.

Se necesita impulsar la constitución de comisiones independientes, compuestas por vecinos movilizados y por organismos de derechos humanos, para investigar el caso de Candela y otros similares para terminar con esta pudrición.