El centroizquierda parece haber encontrado un recurso para disimular su apoyo entusiasta al decreto que Macri suscribió en defensa de Clarín. Dicho recurso sería pedir la eliminación del artículo 11, que muchos, entre ellos el PO, señalamos como un ataque al derecho a huelga. No sólo Pino Solanas se declararía satisfecho sino también el bloque que responde a Claudio Lozano, que se presenta ahora como la alternativa de izquierda del centroizquierda. A ninguno de estos ex aliados se les ocurrió, siquiera, cuestionar otros artículos, como el 4 y 6, que habilitan una censura estatal, pues establecen que los contenidos de las publicaciones no pueden contradecir la letra constitucional ni tampoco promover el "odio ideológico". Así, mientras proclama la defensa de la libertad de prensa, termina regimentando el ejercicio de la actividad periodística.

El decreto de Macri no pasa de ser un compendio de todas las aspiraciones de las patronales de prensa. Su objetivo no es proteger la libertad de expresión sino a las empresas capitalistas de comunicación. La enumeración detallada de la protección de las patronales frente al Estado contrasta con la ausencia completa de los derechos de los periodistas, que no reciben ninguna protección frente a sus propias patronales. Cualquier norma que defienda la "libertad de prensa" debería establecer la formación de comisiones internas de los trabajadores periodistas, horarios de funcionamiento para la vida gremial y columnas especiales para que los trabajadores expongan sus puntos de vista. Ocurre, sin embargo, todo lo contrario, como lo prueban las persecuciones gremiales y profesionales en medios oficialistas y opositores, ya sea en Télam, Página/12 o en Clarín, Canal 13 y la TV Pública.

El decreto de Macri tiene las mismas características de la "ley de medios" kirchnerista, cuyo eje también pasa por una redistribución capitalista del negocio mediático pero obvia la protección de los trabajadores de prensa. El centroizquierda que ahora apoya a Macri en el pasado votó favorablemente la ley de medios del kirchnerismo.

Los kirchneristas han decidido enfrentar al pacto macrista-centroizquierdista con un argumento reaccionario. La Ciudad de Buenos Aires "es menos que una provincia" y por ello no tiene jurisdicción para dictar normas sobre la prensa. No menciona el delito de opinión ni el desconocimiento del derecho de huelga.