En la edición del diario Río Negro (20/7), se hizo público un alarmante estudio inmobiliario. En éste, se estipula que una familia que acceda a un crédito del Procrear de 1.000.000 pesos, sólo alcanzaría a comprar, en Neuquén, un departamento monoambiente. Para acceder a un departamento que cuente con al menos una habitación, la familia debería endeudarse por el monto máximo que permite el programa, que asciende a 1.500.000 pesos. Como requisito, para acceder a ese crédito la familia debe contar con un ingreso neto equivalente a dos veces el salario mínimo vital y móvil. Es decir, debe contar con un ingreso mínimo de 13.620 pesos y, además, con un ahorro de 150.000 pesos y buena calificación financiera, acreditada por alguna entidad regulada por el BCRA.

 

El “boom Vaca Muerta” ha redundado en uno de los metros cuadrados más caros del país. A eso habría que sumarle la proliferación de los negocios de la trata, del juego y la prostitución, que crecieron al compás del “boom”. Toda esa “herencia”, sin embargo, no ha tenido como contrapartida ni el pleno empleo ni un salario equivalente al costo de la canasta familiar para la mayoría trabajadora. Es evidente que el acceso a la vivienda se encuentra cada vez más lejos del alcance de los sectores populares. Diversos estudios dan cuenta de que el déficit habitacional en Neuquén ha pasado de 40.000 a 75.000 viviendas, según lo establecido en el censo de 2010.

 

Un día antes de la publicación del estudio inmobiliario mencionado, se realizó una movilización de los obreros de las fábricas ceramistas bajo gestión cooperativa, que le reclaman al Estado provincial ser proveedores de materiales de construcción para la obra pública. A su vez, en las últimas semanas y meses, se han multiplicado en distintos puntos de la provincia las manifestaciones de obreros de la construcción, que reclaman puestos de trabajo.

 

Asistimos a un fenómeno capitalista típico. Por un lado, miles de familias sufren la carencia de vivienda propia o son sofocadas por los altos precios de los alquileres. Por el otro, las fábricas que producen los ladrillos y cerámicos necesarios para la construcción de esas viviendas tienen sobrestock. A pesar de que estas fábricas bajo gestión cooperativa, fruto del sabotaje estatal, no hayan podido realizar ninguna renovación tecnológica. La multiplicación de la desocupación entre los obreros que tienen como oficio poner en pie viviendas, termina de pintar el cuadro del absurdo.

 

Fisco en rojo y patria contratista

 

El rojo del fisco provincial, en el que el gobierno se apoya para justificar la ausencia de un auténtico plan de viviendas y de obras públicas y para imponer los techos salariales, tiene su raíz en el estímulo sistemático del gobierno a la “patria contratista” y otros capitalistas. Sería oportuna la investigación de todos los contratos de obra pública firmados por el Ejecutivo provincial con la empresa CN Sapag en los últimos diez años. Esta ha sido la beneficiaria de la inmensa mayoría de las licitaciones emitidas por el gobierno del MPN. Los sobreprecios a los capitalistas amigos (¡o parientes!) que el affaire López ha puesto al rojo vivo, plantea la pertinencia de la investigación de la empresa de la familia del ex gobernador y de los acuerdos firmados con el Ejecutivo provincial.

 

Un sistema impositivo progresivo -basado en gravar la renta inmobiliaria, petrolera, minera y financiera que opera en nuestra provincia- otorgaría los recursos necesarios para impulsar un plan de viviendas populares, que dé salida al déficit habitacional, abasteciéndose de la producción de las fábricas ceramistas y otorgando empleo a los obreros de la construcción actualmente desocupados.

 

Este programa de salida a la crisis habitacional, de generación de puestos de trabajo y de impulso a la industria ceramista de la provincia ha sido condensado en un proyecto de ley presentado en la Legislatura neuquina por la bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. El rechazo a su tratamiento, de parte del MPN, el PRO y el FpV, revela qué intereses sociales defienden los partidos tradicionales. Sucede que la construcción de viviendas populares representaría un golpe a la especulación que desarrollan los grandes grupos inmobiliarios, que se apoyan en el enorme déficit habitacional para encarecer aún más el metro cuadrado.

 

Del mismo modo que la pelea contra los tarifazos, el derecho a la vivienda reclama una organización y una lucha. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda la hace propia y la impulsa.