Lo único que se compara con la monumental movilización popular de ayuda a los damnificados es la magnitud de la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en la catástrofe. La ciudad se inundó en 2002 y 2005, durante la intendencia del actual ministro Alak; luego -en 2008, 2010 y ahora- bajo el mando de Bruera. En cada oportunidad fueron denunciadas la falta de obras hídricas y la mala ejecución de otras, como la autopista o la circunvalación a la ciudad, que funcionan como verdaderos diques. La empresa Coviares (autopista La Plata Buenos Aires, grupo Roggio) fue señalada por las asambleas populares de 2002 y de 2008 como una de las principales responsables por el incumplimiento de las obras de canalización y el bloqueo de los arroyos. En 2008, el propio Bruera amenazaba con reclamar al gobierno nacional el quite de la concesión de la autopista a la empresa del grupo Roggio.

Hace años que se conoce la solución

Ante cada desastre se anuncian obras. Un estudio encargado por Alak en 2005 ya esbozaba la solución: mejorar el alcantarillado y la capacidad de los desagües hacia la cuenca de El Gato, ampliando la capacidad del arroyo mediante canalización. Incluía una propuesta de instalación de sensores que dispararan la alarma y permitieran actuar con tiempo. Los estudios realizados por la Facultad de Ingeniería de la UNLP en 2008 son muy precisos. Proponen una canalización de esa cuenca, y la mejora de la red de desagües troncales. Sus autores diagnosticaron la mayor vulnerabilidad de la ciudad ante precipitaciones por la urbanización descontrolada, y anticiparon lo que sucedió en 2010 y que ahora provocó un desastre histórico.

Especulación inmobiliaria, el asfaltado de calles sin obras de desagote, el aumento de los alquileres y el consecuente crecimiento de la periferia, incluida la construcción de viviendas precarias a la vera de los arroyos. Todo esto preparó la catástrofe provocada por la orientación social que defienden los tres gobiernos. La Nación controla un fondo fiduciario para prevenir catástrofes ambientales, entre ellas los desbordes hídricos, del que se desviaron fondos para construir Tecnópolis, pero no llegó un peso a La Plata; la provincia sumergida en una quiebra cuyo origen es el pago de la deuda usuraria, y los subsidios a los capitalistas paralizan la obra pública. Bruera anunció en ¡2008! Un “plan director” para enfrentar las grandes tormentas, del que no se puso ni el primer ladrillo.

La responsabilidad de los gobiernos incluye la falta de medidas de prevención y el abandono de las víctimas. Los vecinos de un barrio de Berisso, con una gran tradición de lucha piquetera, se autoevacuaron antes de que sus casas se inundaran. Sin embargo, en La Plata no se tomó la elemental medida de evacuar la vera de los arroyos. A cuatro días de la inundación la ayuda no llega a los barrios más afectados. Durante la catástrofe no existió ni el dispositivo más elemental de rescate. Amplias zonas de Tolosa, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Villa San Carlos, para mencionar sólo algunos barrios, reciben ayuda únicamente de las organizaciones populares. Mención especial merece Telefónica, que cortó un 0800 de ayuda en el medio del desastre. Pero el gobierno no confiscó sus instalaciones y equipamiento para poner la red de comunicación al servicio de la asistencia. La defensa de la propiedad privada de los pulpos está por encima de la ayuda humanitaria.

La crisis política

La “coordinación” de la que hablan la Presidenta y los funcionarios es una guerra de aparatos para medrar con el desastre. El “Cuervo” Larroque increpó un periodista que le preguntó por qué repartían ayuda con pecheras de La Cámpora. Muchos jóvenes que se acercaron al local del PO denunciaron que en el “bunker” de los camporistas (la Facultad de Periodismo) sólo les permitían ayudar si se ponían la pechera. Funcionarios del municipio se quejan porque el desembarco nacional y provincial los margina del operativo. Lo monopolizan cristinistas y el tandem Berni-Casal. Bruera dio el mal paso con su tuit y está contra las cuerdas. El gobierno no le perdona su acercamiento a Massa y su juego propio. La principal víctima de esta disgregación del FpV son los inundados, que no reciben la ayuda o sufren los filtros clientelares.

El gobierno acota la cantidad de víctimas a 51. Casal se encargó de especificar que la mayoría eran ancianos. Apunta pérfidamente a minimizar la pérdida. Pero en los barrios denuncian decenas de chicos desaparecidos. Las cifras del Hospital San Roque no concuerdan con las de la Morgue Judicial, y los rumores que corren en la ciudad, alimentados por lo que se vivió en los barrios, hablan de más de 100. Los empleados de la Morgue Judicial tienen órdenes de no hablar con nadie. Scioli quiere acotar el desastre por decreto.

La agitación del peligro de saqueos por parte de Cristina y Scioli tiene la finalidad de reforzar el operativo represivo, dividir a la población y desviar la atención de la responsabilidad del gobierno. Los saqueos, si se producen, serían responsabilidad exclusiva del gobierno, que empuja a la desesperación a los inundados al no auxiliarlos.

Crece la bronca. Hay que organizarse

Scioli y Alicia Kirchner fueron increpados. Bruera, alertado, pegó media vuelta y se volvió a la intendencia. Hasta CFK tuvo que imponerse casi a gritos para acallar a vecinos de Tolosa que le hacían reclamos. Así zafó de escucharlos.

La gran tarea, junto a la movilización solidaria imprescindible, es la de organizar a los inundados y al pueblo platense detrás de un programa.

En primer lugar, asambleas por barrio para luchar para que la ayuda llegue a todos lados. Colchones y frazadas, ropa, pañales, medicamentos, alimentos, agua potable, artículos de limpieza, medidas sanitarias de prevención, equipamiento de salitas barriales, reposición de la luz y el teléfono. Todo esto debe llegar en forma urgente a todos los inundados en base a una movilización sostenida sobre el poder estatal.

Ante las pérdidas materiales, Scioli, y ahora CFK, hicieron anuncios similares a los de Macri: subsidios limitados, irrisorios frente a la magnitud de las pérdidas, y créditos a quien demuestre ser afectado. Hay que reclamar que el Estado se haga cargo por completo de restituir todas las pérdidas materiales que sufrió la población.

Hay que terminar con la especulación inmobiliaria y el abandono de las obras públicas. Poner en marcha un plan hídrico basado en los estudios ya elaborados por expertos, y controlado por organizaciones ambientales y asambleas barriales. Esto debe ser acompañado por un plan de urbanización que tenga en cuenta de manera integral todos los aspectos, especialmente en la periferia, y la construcción de viviendas populares en zonas seguras, en primer lugar para trasladar a quienes viven en las proximidades de los arroyos. Esta planificación es incompatible con los negocios del gran capital defendidos por los tres gobiernos, y plantea una alternativa de poder.