07/04/2011 | 1171

El desplazamiento de comisarios

El perro y el collar

En la calle Sarmiento entre Pueyrredón y Boulogne Sur Mer, en el nudo comercial de Once, hay uno de los tantos prostíbulos que abundan por ahí. Los volantitos que reparten en las esquinas identifican el sitio como «el del timbre blanco». Días pasados, cerca del mediodía, dos agentes de la Metropolitana permanecían frente a la entrada de verjas. En la calzada, el patrullero estacionado. No se trataba de un procedimiento, sólo de una apretada. Lógicamente, nadie toca el timbre en un antro de ésos si está la policía en la puerta. El mensaje al cafiolo era más o menos éste: «Si no arreglás también con nosotros, te arruinamos el negocio». Por supuesto, eso sólo pueden hacerlo de día: si se atreven de noche, lo más probable es que aparezcan seis o siete «federicos» (federales) de civil y les den la paliza de sus vidas.

En definitiva, la seguridad ciudadana está en manos de bandas corrompidas que compiten entre ellas por el control del delito, por su tajada en la explotación de prostíbulos (redes de trata), juego clandestino, narcotráfico, autos robados y otros rubros por el estilo.

En ese panorama se produce el desplazamiento de 48 jefes de comisarías porteñas, sobre un total de 53, ordenado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. A comienzos de marzo, en una conferencia de prensa, Garré había dicho: «Estamos tratando de ir a fondo (…) Vamos a tomar medidas que den clara señal de que no se va a tolerar ninguna situación en la Policía Federal, como la de zonas liberadas».

Debe subrayarse el punto más escandaloso de esa declaración: la ministra de Seguridad admite que la policía libera zonas para que la delincuencia actúe sin ser molestada, y después repartir el botín. Semanas después sobrevino el desplazamiento de los comisarios. ¿Es una medida contra las zonas liberadas? ¿Va «a fondo» la ministra contra la corrupción policial?

Historia repetida

Si los comisarios relevados, como se presume, estaban vinculados con el manejo de las «cajas negras» policiales, la medida tomada por el ministerio parece apenas cosmética: los ex jefes de seccionales no han sido exonerados y ni siquiera puestos en disponibilidad; siguen en la policía y en funciones, algunos en otras comisarías y los demás en tareas no operacionales.

Por otra parte, la ministra tiene un problema de peso. Por ejemplo, cuando en una operación mediática de acompañamiento a Garré se allanaron una cantidad de boliches en Recoleta y Barrio Norte -María Servini de Cubría dio la orden- para reprimir la prostitución y la trata de personas, la jueza se vio obligada a investigar a 120 policías de dos comisarías. Es decir todo, absolutamente todo el personal de calle. En otras palabras: si la ministra va a fondo no queda nadie. Pero tal cosa, por supuesto, no ocurrirá.

Entre los asesores de la ministra está Marta Arriola, que en el pasado acompañó la gestión de León Arslanián en la provincia de Buenos Aires. Como se recordará, Arslanián fue mucho más «a fondo» que Garré: echó a toda la cúpula de la Bonaerense, eliminó la figura de jefe de policía y descentralizó la institución al partirla en cuatro distritos departamentales con jefes propios, que no coordinaban entre sí sino con el Ministerio de Seguridad. Pues bien: de los cuatro jefes departamentales designados en aquel momento, seis meses después había tres procesados (dos por corrupción y el otro por encubrir un homicidio).

El problema de la policía no es operacional ni un asunto de mejor organización de las fuerzas. Puede traspasarse la policía, partirla y repartirla, desplazar a los jefes y lo que se quiera, pero todo sigue más o menos igual porque permanece el entretejido mafioso, orgánico, institucional, de las fuerzas de seguridad con el hampa. La policía es una organizadora del delito, y eso no se arregla reemplazando a un comisario por otro.

Ahora bien: Garré sabe eso perfectamente, y mejor que ella lo sabe Arriola porque trae en su equipaje una experiencia que constituye un punto de referencia obligatorio cuando de fuerzas policiales se trata. La ministra miente a conciencia cuando dice que se propone «ir a fondo».

Como hiciera Arslanián en su momento, Garré apenas trata de constituir un equipo de oficiales «leales» a ella misma entre los nuevos jefes. Con esa gente, ella sabe, no podrá suprimir la corrupción y ni siquiera lo intentará. Simplemente, procurará ponerle algún límite y colocarla bajo su propio control.

Pues bien: no conseguirá ni siquiera eso. Como aprendió muy bien Arslanián, la corporación policial no es leal a nadie salvo a sí misma, y las «cajas negras» alimentadas por el delito son parte orgánica de la institución. Y cuando algún policía se toma en serio el cuento de que está «al servicio de la comunidad», bien puede sucederle como le ocurrió hace unos años al oficial ayudante Horacio Escalante, de la 17ª, que apareció convenientemente «suicidado» en un baño de la comisaría con un disparo en la cabeza.

En este punto, viene bien recordar cuándo el índice de inseguridad y de delitos callejeros bajó drásticamente: en el primer semestre de 2002, cuando las asambleas populares en la capital y el movimiento piquetero en el Gran Buenos Aires disputaban abiertamente el control de la calle con los poderes del Estado.

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Escribe Claudia Ferrero (Apel)