Por tercer año consecutivo estalló la polémica nacional por el dietazo que denunciamos por primera vez en septiembre de 2016. En aquella oportunidad, la Cámara de Diputados retrocedió en la duplicación del monto en concepto de viáticos y canje de pasajes.



En 2017 volvieron a la carga y, mediante un acuerdo entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, lo aplicaron. No hubo grieta. Los diputados del Partido Obrero llevamos el rechazo a este aumento a votación y perdimos por amplio margen. Es interesante aclarar que, en el Senado, el dietazo corrió desde 2016, con acuerdo de todos los bloques, entre ellos Pino Solanas y Jaime Linares, el senador de Stolbizer. Los diputados canjean los pasajes por 40.000 pesos y los senadores por 70.000, como buena “cámara alta” que es.



Este año, la cuestión saltó a partir de una “investigación” de “Infobae” con tufillo a interna del gobierno, que hizo público el ranking de canjeadores de pasajes durante 2017. Al tope apareció la “fiscal de la República”, Elisa Carrió, junto a Alberto Roberti, el burócrata petrolero acusado desde su propia federación por malversación de fondos. También Nilda Garré, la ex ministra de la “seguridad democrática” de Berni, y de Milani y Miguel Bazze, ex presidente del comité bonaerense de la UCR. Ellos los canjearon a todos o casi todos, es decir, que se aumentaron por esta vía sus dietas en un 30%, en negro. El periodismo no pudo evitar que se sepa que sólo diez diputados nunca canjearon pasajes en 2017, entre ellos, los cuatro diputados del Frente de Izquierda.



Macri, rápido de reflejos o preparado para ser parte de la operación, salió a criticar el mecanismo de vieja data, al mismo tiempo que respaldaba al ministro Aranguren, incendiado porque afirmó que no traerá su fortuna del exterior hasta que “los argentinos recuperen la confianza”, mientras castiga con un tarifazo del 100% en el gas y con otro que vendrá en octubre, en beneficio de los monopolios petroleros que él integró como presidente de Shell. La función política de la crítica de Macri al dietazo fue fingir la transparencia del régimen off shore que nos gobierna.

Pero el Presidente cuidó el status de los diputados que le votan las leyes del ajuste. Su posición es:  “si no les alcanza el sueldo, que blanqueen un aumento”. Mientras se aplica implacablemente el tope del 12/15% a las paritarias, se prepara un aumentazo a las dietas. 



En estas horas se suceden reuniones secretas entre los presidentes Monzó y Michetti, de Diputados y Senadores, con los titulares de los bloques que acuerdan con el dietazo. De ellas hemos sido, desde luego, excluidos. La resolución en carpeta elevaría la dieta en blanco y, por lo trascendido, sacaría los pasajes de los diputados de Capital y provincia de Buenos Aires. Se trata de un golpe a la actividad política del diputado para la cual están pensados los pasajes: la conexión y contacto con las demandas populares en cualquier lugar del país. El PO ha realizado más de 60 audiencias públicas, garantizando el traslado de los diputados o de los afectados, sean ex ypefianos, familiares de desaparecidos, víctimas del hundimiento del buque “Repunte”, asambleas contra la megaminería o trabajadores telefónicos.



Este tipo de remedio es peor que la enfermedad. Restringe la acción política de los diputados que no tienen financiamiento del capital. Carrió y los demás partidos de Estado no tendrán problemas para que le paguen los pasajes, que usarán para apoyar la entrega de los recursos estratégicos o promover en las provincias el saqueo a los jubilados. Se trata de una vuelta de rosca en la privatización de la acción política, en el mismo sentido que apuntan con respecto al financiamiento de los partidos políticos.



La solución que baraja el poder apunta a acrecentar la diferenciación social de los legisladores con respecto al pueblo trabajador. Es un régimen social y político que gobierna para los capitalistas y cuyos políticos tienen que ganar como los ejecutivos y CEOs de la banca y las corporaciones. Por eso, ligeros de cuerpo, se comparan con esos ingresos, como lo hizo la diputada Balbo, del PRO, dueña de la bodega donde, según sus palabras, los ejecutivos ganan más que ella. Carrió dijo en el recinto en 2017 que la dieta no le alcanza para pagar su tarjeta -que suele reventar en Punta del Este.



Los diputados del PO y del FIT donamos el 70% de nuestras dietas para la causa de la clase obrera y el socialismo, para sus luchas y para su construcción política. Vivimos como pensamos y pensamos como vivimos.

En contraposición a las negociaciones en curso de los parlamentarios para aumentarse las dietas, la diputada Romina Del Plá y el Partido Obrero llevamos adelante una campaña para que se debata en el recinto cuál debe ser la dieta de un “representante del pueblo”, según reza la Constitución, cuando el promedio salarial argentino no supera los 20.000 pesos y el salario mínimo está en línea de indigencia en 9.500. Nuestro proyecto para que un diputado gane cuatro salarios mínimos tiene una función docente, de formación de una conciencia de clase. El Estado que proponemos quienes luchamos por un gobierno de trabajadores es barato, como decía Marx. Sus funcionarios deben ser revocables y ganar como un trabajador calificado, tal cual lo dispuso la Comuna de París, el primer Estado obrero de la historia.