El hecho de que a pesar del cepo cambiario y de la cuarentena obligatoria en todo el país (con sus consecuentes restricciones la actividad bancaria) el precio del dólar con que operan las finanzas haya cruzado la barrera de los 100 pesos es todo un dato del agravamiento de las contradicciones de la economía argentina.

Durante la jornada del martes 14 el dólar contado con liquidación cotizó a 114 pesos y el dólar bolsa se negociaba a 107. De esta manera, la brecha cambiaria con la cotización oficial se ubicó por encima del 60%, lo que no es otra cosa que una expresión de la presión devaluatoria de “los mercados”.

El principal motivo de esta alza es la emisión monetaria con la que el gobierno nacional viene pagando gran parte de los vencimientos de la deuda en pesos y de las Leliqs. Esos pesos en manos de los bancos se pasan en línea recta al dólar, por la caída de las tasas de interés locales, cuando el país está al borde del default. La consultora Ecolatina afirma que la corrida hacia el contado con liqui es porque el mercado se anticipa a una emisión de 500.000 millones de pesos para pagar deuda con privados en el año (25% de la base monetaria), por el compromiso de Alberto Fernández de cumplir los compromisos en pesos (Clarín, 14/4). Estos mismos bancos se niegan a aumentar sus depósitos a plazo fijo porque no quieren prestar dinero a tasas que no sean usurarias, más en un cuadro de alto riesgo de incobrabilidad.

Es decir que el gobierno no emite pesos para cubrir una mayor asistencia a las familias trabajadoras afectadas por la pandemia y la crisis o para destinar mayores partidas al sistema sanitario, sino para financiar la fuga de capitales y la corrida al dólar de la banca privada. Nuevamente, Alberto Fernández hace lo contrario a aquella promesa de que “entre los bancos y los jubilados, elegía a los jubilados”. Más aún, es con la plata del Anses que se lubrica el rescate de la deuda en pesos, mientras congelan la movilidad a millones de jubilados, para que la patria financiera sigue haciendo sus negocios.

Hay también otros motivos evidentes que impulsan esta depreciación de la moneda nacional. Estamos ante una crisis internacional que empuja a devaluaciones en los llamados países emergentes, y profundiza las tendencias la guerra de monedas. Estos países registraron en marzo un récord histórico en la salida de capitales, que ascendió a 83.000 millones de dólares. Según los pronósticos del Institute of International Finance (que representa a la gran banca internacional) “para muchos emergentes, las entradas más débiles significarán que no podrán ejecutar grandes déficits de cuenta corriente, y por ello desarrollarán rápidos ajustes”, todo lo cual preanunciaría un “segundo round” con mayores huidas de capital, que serían más acentuadas en América Latina que en el resto de los continentes (Ámbito Financiero, 10/4).

Estos problemas afectan de lleno a la Argentina, cuando la recaudación de divisas tiende a caer en picada no solo por el desplome de los precios internacionales de las materias primas sino también porque la contracción del mercado mundial podría afectar con una reducción de hasta el 32% en el volumen de intercambio de mercancías con el extranjero (El Cronista, 13/4). Un agravante es que la liquidación de divisas por exportación también es baja porque ya fue adelantada la mayor parte de la venta de la cosecha de soja, y la patronal agraria acopia para presionar una devaluación del dólar oficial.

El empantanamiento de la reestructuración de la deuda externa sigue siendo para el gobierno el problema troncal, porque le impide recurrir a un financiamiento internacional. Si bien reperfiló los vencimientos de la deuda en dólares bajo jurisdicción local, lo hizo para prepararse para una negociación de la deuda bajo ley extranjera que podría extenderse por el resto del año, tiempo en el cual se propone pagar los vencimientos que totalizan unos 3.400 millones de dólares. A esta carga se suman otros compromisos con el Club de París por 2.100 millones y con otros organismos multilaterales por 3.100 millones. Si a ello sumamos los 1.650 millones de vencimientos de las provincias (que deberían comprar dólares a la Nación) tenemos comprometidas en el curso del año el 90% de las reservas internacionales netas del Banco Central –que suman unos 10.350 millones de dólares.

En estas condiciones, la subordinación del gobierno nacional al capital financiero puede derivar en un quebranto generalizado. No hay que descartar, en este escenario, que termine pidiendo un nuevo rescate al FMI u otros organismos internacionales (como aconsejó recientemente la oposición), pero ello reforzaría los condicionamientos para que ejecute un ajuste mayor. Esto, cuando la situación social es una olla a presión.

Habrá que ver si en este cuadro Martín Guzmán logra seguir canjeando la mayor parte de los títulos en pesos, como viene haciendo desde que cedió a la presión de los bonistas y acepta sus tenencias a valor nominal (cuando cotizan debajo de la mitad en el mercado). Al momento de escribirse este artículo se intenta el primer canje del Boncer, que a fin de mes debería cancelar unos 112.000 millones de pesos en manos de privados. La presión por dolarizar las carteras podría incentivar que los bonistas prefieran cobrar sus títulos en lugar de refinanciarlos, lo que agravaría la tendencias inflacionarias y devaluatorias.

Todo este escenario agrava las contradicciones y tensiones de la economía nacional. Por lo pronto, se incrementará la presión de los principales complejos exportadores por una devaluación en regla, que acomode la cotización con los tipos de cambio financieros. Una mayor depreciación del peso agrava la inflación y por ende la confiscación en los ingresos que están sufriendo millones de trabajadores con reducciones salariales, despidos y suspensiones. Estas contradicciones pueden estallar, más temprano que tarde, y despertar un cuadro de choques sociales profundos.

Los trabajadores deben intervenir para evitar que el peso de la crisis se descargue sobre sus espaldas para rescatar a la patria financiera. Más que nunca, la única salida pasa por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y por la investigación y el no pago de la deuda usuraria y fraudulenta.