La Iglesia salteña está nuevamente en la picota porque salió a la luz una grave denuncia contra el monseñor Emilio Lamas por un caso de abuso ocurrido en el año 92, cuando el prelado era sacerdote en la localidad de Rosario de Lerma. La víctima, Juan Carlos, decidió hacer la denuncia penal hace más de un año, patrocinado por el abogado del Partido Obrero Luis Segovia.

Los detalles aberrantes del abuso quedaron plasmados en una nota del periodista Diego Rojas publicada en Infobae y replicada en los medios de comunicación salteña. Allí aparece el registro en audio del testimonio que Juan Carlos dio ante el tribunal eclesiástico, a cargo de las máximas autoridades de la Iglesia salteña. No solo están las pruebas del grave delito sino también del modus operandi de la Iglesia para encubrir a los curas pedófilos.

En primer lugar, el tribunal de juicio canónico se conforma por orden del Papa Francisco; el objetivo es citar a las víctimas para desalentar que realicen la denuncia en la justicia ordinaria, con la promesa de dejar todo “en mano de Dios”. En una conversación que Juan Carlos tuvo (y grabó) con uno de los miembros del tribunal canónico, el sacerdote Alejandro Pezet, este incluso le ofrece a la víctima una coima: un resarcimiento económico en nombre de la Iglesia para que la víctima no haga público el caso, considerando que Lamas “admitió sus abusos”. Desde la querella lo hemos denunciado penalmente, entendiendo que debe estar preso por ser cómplice y por intentar comprar el silencio de Juan Carlos. Pezet es a su vez el vocero de la Iglesia que atacó a las mujeres que se organizaron por el aborto legal en Rosario de Lerma.

 

Estremecedor relato de a víctima

La cúpula clerical salteña siempre supo de los abusos de Emilio Lamas: en 1992, el arzobispo Moisés Blanchoud, hoy fallecido, habló con la madre de la víctima y le exigió silencio. Pero esto no termino ahí: Lamas luego fue trasladado a la Iglesia del Pilar en la ciudad de Salta, donde también cometió otros abusos; y años después fue nombrado monseñor por el actual arzobispo Mario Cargnello y enviado a la Iglesia de Villamontes Bolivia, donde estuvo hasta el año 2016. Supuestamente ahora está suspendido de sus cargos sacerdotales.

No se sabe a cuantos curas está juzgando el tribunal eclesiástico, ni cuántas víctimas hay en Salta. Pero los casos se repiten y los dispositivos de impunidad y encubrimiento también. En la misa en Rosario de Lerma de este domingo, Pezet tomó los argumentos del Papa echándole la culpa al “diablo que anda suelto”, recomendando a los fieles que recen por la víctima y también por el victimario…

El caso de Lamas se suma a la lista de abusos cometidos por agentes del clero en Salta. En 2014 la justicia provincial ordenó la detención de Alessandro De Rossi, quien abusó de niños carenciados en una vicaría de la ciudad de Salta entre los 2008 y 2013, donde cumplía tareas de asistencia social. De Rossi, de nacionalidad italiana, se fue a Roma antes de ser detenido; el pedido de extradición fue rechazado, supuestamente por falta de pruebas el asunto es citado en la película estadounidense Spotlight. El otro caso, del 2016, es de los curas Rosa Torino, Nicolás Parma y la monja Alicia Pacheco, acusados de abusos a niños y jóvenes de una congregación creada por Torino. Mientras que este fue puesto en libertad bajo tutela de la propia Iglesia y está alojado en un inmueble perteneciente al arzobispado; Pacheco obtuvo la libertad hasta que se realice el juicio y Nicolás Parma huyó a Italia –sin que se sepa nada de él.

La Iglesia, quien se muestra como la portavoz de la moral y los valores está podrida, encubre a los curas abusadores, posibilitando que se sigan cometiendo crímenes contra nuestros niños y jóvenes. El poder político y la oligarquía salteña también miran para otro lado, porque el ascendente de la curia sobre la clase trabajadora les permite perpetuar la regimentación social de un pueblo que vive soportando una pobreza estructural enorme sobre sus espaldas.  

Impulsaremos la movilización para que vayan presos todos los curas abusadores y también los encubridores miembros de la jerarquía eclesiástica. Separar la Iglesia del Estado es condición imprescindible para terminar con toda esta impunidad.

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