Políticas

4/9/2003|816

El enorme negocio oculto de Felipe Solá

El Senasa es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, un organismo dotado de un enorme poder, al punto que es imposible desplazar una tropa de hacienda hacia la exportación o hacia el mercado interno sin su visto bueno.


Quienes fueron presidente y vice del Senasa bajo los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde, acaban de renunciar a sus puestos. Denuncian un proyecto de decreto a estudio de la Presidencia de la Nación que barre con la autonomía del organismo y lo coloca en manos de la Secretaría de Agricultura; al mismo tiempo, designa un cogobierno del Senasa con las principales cámaras de la oligarquía y los pulpos alimentarios. La cabeza de la Copal, Alberto Alvarez Gaiani, de la Cámara patronal de la alimentación, respaldó totalmente la reforma proyectada, lo mismo que Manuel Cabanillas, cabeza de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) (Buenos Aires Herald, 23/8).


En el otro campo, los trabajadores del Senasa hicieron un paro denunciando el proyecto de la Secretaría de Agricultura, “porque pavimenta el camino hacia la privatización de la agencia, dejando el manejo y las políticas en manos de las cámaras de productores agropecuarios, de la industria de la carne y las compañías de alimentos”. También, la Federación Agraria (FAA) y Coninagro se opusieron al cambio, aunque desde otro ángulo: el peligro de convertir al Senasa en “más burocrático y menos eficiente” (ídem).


El control de un filón de oro


El titular de Agricultura se llama Miguel Campos y es, en el reparto de cargos que precedió al ascenso del gobierno Kirchner, el “hombre” de Felipe Solá (y en segundo lugar de Duhalde) en el Ejecutivo. El titular del Senasa que acaba de renunciar ya tuvo un violento enfrentamiento con el actual gobernador de la provincia en 1996, cuándo Solá era titular de Agricultura.


¿Cuál es la naturaleza de esta disputa feroz por la titularidad de un organismo “sanitario”? La pelea por un negocio capitalista de primera magnitud.


La habilitación que otorga el Senasa es, por ejemplo, la puerta de entrada a la provisión de carnes de primera calidad a Europa, llamada “cuota Hilton”. El titular del Senasa tuvo que renunciar cuando “sufrió el embate en su contra de un grupo de frigoríficos afectados por una decisión drástica: el Senasa, presionado por las autoridades sanitarias europeas, quitó la autorización a varios frigoríficos de peso” (Clarín, 23/8). A partir de este enfrentamiento el titular del Senasa fue acusado de corrupción (aparición de cuentas bancarias en Suiza) y el actual titular de Agricultura, el hombre de Solá, comenzó a dar marcha atrás a la decisión que se había tomado con la “cuota” “al ordenar una nueva auditoría” (ídem).


Pero la cuota Hilton es sólo una pequeña franja del negocio que se avizora. Las dos terceras partes de la carne que produce el país no se exportan; un conocedor del tema dice: “Nosotros podríamos doblar nuestras manadas proveedoras de carne en dos años” (Herald, ídem). Para esto es importante el “reconocimiento de carne de origen” (siguiendo el rumbo internacional de patentar productos de origen, como el champagne en Francia, o determinado tipo de cerdo en España), lo que exigiría la localización del ganado de parte del Senasa, algo que hoy no existe y que multiplicaría el negocio en forma geométrica. Con la completa localización (del Senasa) – insiste el experto citado – , “podríamos incrementar las exportaciones anuales de carnes en tres mil millones de pesos”.


El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se ha puesto a la cabeza de este negocio, proponiendo la privatización de la gestión del servicio sanitario en beneficio de la oligarquía terrateniente y los pulpos agroindustriales. El Senasa será el gran árbitro de un negocio inmenso, pues el proyecto de Agricultura establece que el Consejo de Administración tendrá la potestad de fijar las políticas, las normas de fiscalización, y determinar “las habilitaciones de plantas de elaboración de alimentos y la aprobación de productos agroquímicos y veterinarios e incluso aprobará y dictará resolución definitiva sobre los regímenes de sanciones y penalidades a todas las infracciones de las normas en vigencia” (Página/12, 22/8).