Políticas

11/10/2016

El envío de los 6400 efectivos federales y la crisis política

El desembarco de efectivos federales en el conurbano bonaerense y en Mar del Plata, según el ministro de Seguridad bonaerense, es “un parche”; o sea, una improvisación


El desembarco de 6.400 efectivos federales en el conurbano bonaerense y en Mar del Plata, según el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, es “un parche”; o sea, una improvisación. Es, además, un producto del fracaso de la política de seguridad de la gobernadora, María Eugenia Vidal, y del mismo Ritondo, para poner a la policía bajo su propio control.


El asunto ya ha generado encontronazos públicos entre Patricia Bullrich y la gobernación provincial. Nos encontramos ante una crisis política o, mejor dicho, ante el agravamiento de la crisis que ya se desenvolvía.


El conflicto de la gobernación Vidal con la policía bonaerense tuvo tempranamente su punto crítico. Fue el 27 de diciembre pasado, cuando los hermanos Martín y Cristian Lanatta, con Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, escaparon del penal de máxima seguridad de General Alvear en un viejo Fiat 128, con un guardiacárcel de rehén. Cuando se hizo evidente la complicidad policial en aquel escape, encubierto y protegido por la departamental Quilmes de la Bonaerense, empezó un tironeo la Bonaerense y el gobierno de Vidal.


No es cierto -y Prensa Obrera lo señaló varias veces- que la gobernadora se haya propuesto “reformar” a la policía ni que haya procedido a una “purga” (una purga tiene el objetivo de limpiar un organismo). Durante su gestión, 2130 efectivos fueron pasados a disponibilidad y sólo unos 700 resultaron separados.


Es menos de lo que hicieron sus antecesores en el mismo tiempo y muchísimo menos de lo que hizo León Arslanian en sus épocas de ministro de Seguridad (2004-2007), cuando Felipe Solá era gobernador.


Mientras tanto, Vidal puso al frente de la Bonaerense a Pablo Bressi, un comisario de confianza del ex jefe Hugo Matzkin. Bressi tiene el respaldo explícito de Matzkin y de Alejandro Granados, ministro del área con Scioli.


Ese nombramiento indica la intención manifiesta de anudar un acuerdo con la “maldita policía”, una continuidad y no una ruptura. Sin embargo, ese acuerdo y esa continuidad encuentran ahora los límites que les impone la descomposición de esa policía.


Vidal y Ritondo se han visto obligados a quitarle a la policía la principal de sus cajas y poner a un civil -Ignacio Greco- al frente de la Superintendencia de Coordinación Administrativa que maneja fondos por $500 millones. Era un paso obligado después de la baja del ex titular, el comisario Néstor Martín, enriquecido obscenamente por el manejo de ese dinero.


También han fracasado con las llamadas “policías locales”, sobre quienes ya pesan numerosísimas denuncias por gatillo fácil y atropellos varios contra los jóvenes de los barrios pobres. Esas policías -creadas por Scioli y reforzadas por Vidal- implican una descentralización de los organismos represivos -lo contrario de lo que se proponía Vidal- y la conversión de cada intendencia y de cada barrio controlado por punteros, en centros autónomos de organización del delito, lo cual es otro motivo de crisis con la Bonaerense.


He ahí una de las posibles causas del recrudecimiento de los delito y sobre todo de los violentos: cuando la policía se disgusta, “pudre la calle”. Por eso ahora desembarcan los federales en la provincia; con ellos, se trata de contrapesar a los aparatos bonaerenses en descomposición, pero con otro aparato también descompuesto.


La interna de Cambiemos


En una entrevista con Radio Nacional (6/10) el ministro Ritondo admitió que él y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, tienen “diferentes visiones” sobre el problema. Bullrich, como se sabe, había retirado buena parte de los 6 mil gendarmes enviados a la provincia por Cristina Kirchner (no hay nada demasiado nuevo bajo el sol de la represión).


Ahora ha tenido que mandar 6.400 efectivos de distintas fuerzas: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeronáutica. Ese envío se produce después de fuertes presiones: “La falta de respuesta de la ministra Bullrich provocó que Vidal acudiera directamente al Presidente. Incluso, la última reunión habría sido muy tensa…” (La Nación, 6/10).


Las “divergencias” se vieron, por ejemplo, en la represión ordenada por Bullrich a un piquete en la autopista Buenos Aires-La Plata, en agosto, atacado por Gendarmería cuando la gobernación ya había negociado su levantamiento pacífico. Bullrich insiste con un protocolo represivo fracasado, para cuya aplicación no hay condiciones políticas.


La ministra pretende organizar una fuerza de choque para asegurar a palos la “gobernabilidad” exigida por el mini-Davos y por la embajada norteamericana, frente al “dialoguismo” de patas cortas de Vidal, como se vio en la represión y el desalojo de 600 familias de un asentamiento de Esteban Echeverría el 5 de setiembre pasado.


Otra razón de conflictos es el armado político de Vidal con los intendentes del PJ. En el foro de municipios que organizó en el club Los Matreros, de Morón, reunió 69 jefes comunales, entre ellos otros cuatro llegados del PJ (Azul, Coronel Pringles, San Nicolás y San Miguel). Los radicales y Elisa Carrió braman contra esos intentos de Vidal por hacerse de una “pata peronista”; de ahí, por ejemplo, los sistemáticos ataques contra Bressi y la Bonaerense por parte de Carrió.


No obstante, todos están de acuerdo en un punto: la necesidad de tener a mano un fuerte aparato represivo por posibles revueltas en el conurbano cuando se aproxime fin de año. No es la seguridad de la población lo que les preocupa.


No estamos ante un problema menor. Los trabajadores necesitan tomar en sus manos el problema de la seguridad contra la corruptela de fuerzas represivas que son centros organizadores del delito.