No parece razonable que, 35 años después, la muerte de José Ignacio Rucci a manos de un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) genere una sacudida política cuya magnitud aún no puede conocerse. Sin embargo, el asunto encuentra explicaciones cuando se observa a los personajes involucrados en este revival de aquel atentado.

El caso en sí no tiene, desde el punto de vista jurídico, ninguna posibilidad de generar consecuencias prácticas. El de Rucci no es ni puede ser declarado “crimen de lesa humanidad” y está prescripto: cualquiera podría decir “yo lo maté” sin ser detenido ni durante cinco minutos.

Además, quien dirigió el comando que ejecutó aquella operación fue torturado y asesinado en las mazmorras de la Esma. Todos sus compañeros sufrieron un final parecido. El entonces jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el abogado peronista Roberto Quieto, también está muerto, y la conducción montonera supo de la muerte de Rucci por las noticias de las radioemisoras (las FAR y Montoneros aún no se habían fusionado y, aunque las discusiones entre ellos estaban avanzadas, Quieto no informó que se proponían atentar contra Rucci).

Por lo tanto, no es Rucci quien agita las aguas de la política 35 años después.

El impulsor más decidido de un nuevo juzgamiento del caso – para lo cual exige una imposible declaratoria de “lesa humanidad”-  es Hugo Moyano, aliado del gobierno y socio del “cajero” Julio De Vido. Alienta las denuncias a sabiendas de que apuntan contra la línea de flotación del gobierno, contra figuras importantes del oficialismo como Carlos Kunkel y Dante Gullo (ellos no estaban en las FAR, pero sí en la Juventud Peronista). Incluso, Gullo tuvo hace poco tiempo un cruce durísimo con Aníbal Rucci, uno de los hijos del burócrata muerto. Aníbal Rucci es hoy colaborador directo de Moyano en la normalización de las regionales de la CGT en las provincias y fue miembro del Consejo Nacional Justicialista.

La otra hija de Rucci, Claudia, también trabaja en la Secretaría de Interior de la CGT con el cacique del sindicato de peones rurales, “Momo” Venegas, servidor aplicado de la Rural e impulsor, junto con Moyano, de las denuncias actuales por el caso Rucci.

Distintas cosas están ocurriendo para que esta gente intente traer a la política actual el fantasma de un muerto antiguo.

En principio, no debe olvidarse que Moyano tiene encima una denuncia por sus vínculos, en los años ‘70, con la Juventud Sindical Peronista (JSP) y la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), brazo de la Triple A e integrada luego a los grupos de tareas de la dictadura. Esa denuncia contra Moyano no ha sido promovida por ningún sector peronista, pero el jefe sindical tomó nota de que el gobierno no lo defiende en ese caso.

Por otra parte, está el asunto oscuro del asesinato del tesorero del Sindicato de Camioneros, Luis Berioz, que sacó a la superficie una lucha feroz por plata sucia en la organización gremial de los Moyano. Rucci le sirve al secretario general de la CGT para exigir impunidad y lo hace por medio del ataque. Casi un chantaje.

Por último, se tienen las declaraciones de Néstor Kirchner, favorables al otorgamiento de personería a la CTA aunque el gobierno no tiene ninguna capacidad para desafiar en este punto a la burocracia de la CGT; menos aún cuando una fracción de la CTA, encabezada por De Gennaro, está vinculada con la Mesa de Enlace de la soja.

Entre las resquebrajaduras producidas por esas pugnas asoma el espectro de Rucci, para recordar que la política es el único ámbito en el cual los muertos siguen actuando.