Políticas

30/6/2005|906

El FMI quiere cobrar

Kirchner y Lavagna van a pagar

La ansiedad oficial por los números que periódicamente debe dar a conocer la oficina de estadísticas, sobre distintos aspectos de la economía, ilustra la precariedad de todo el andamiaje político del Estado y de la propia política económica.


Luego del ‘susto’ inflacionario, conocido en marzo, vino el ‘susto’ de la desaceleración de abril. Un mes después, con nuevos indicadores, los miedos se aplacaron. Lavagna tomó entonces coraje y pronosticó un crecimiento ininterrumpido hasta el 2010. Cavallo, en su momento, hacía pronósticos más ‘osados’. De todos modos, los recientes datos de abril se encuentran magnificados porque abril de 2004 (con el que se compara) había sido particularmente débil.


En realidad, las contradicciones de la economía argentina se agudizan con el paso del tiempo. En primer lugar las que tienen que ver con la espectacular caída del poder adquisitivo de los salarios públicos y de los trabajadores en negro, así como de los jubilados. Las ganancias empresariales del primer trimestre subieron un 55%; es un momento dorado para el capital. El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires ha explicado en Clarín, hace dos semanas, que el gobierno no puede modificar la situación de las masas porque sólo puede sobrevivir con el superávit fiscal que le produce ese empobrecimiento popular. Deberá esperar huelgas docentes y de estatales aun mayores, incluso rebeliones como las del norte de Santa Cruz. Y no sólo él. Pero la depresión de los salarios produce, asimismo, la del consumo —lo cual se verificó en el primer trimestre del año. El consumo sigue siendo, sin embargo, el primer motor de la economía.


Ese superávit fiscal, por su parte, engendra muchas otras contradicciones. Aunque su función es beneficiar a un grupo importante de capitalistas —los bancos, las AFJP, los acreedores y los especuladores—, se obtiene acaparando una parte de la renta de los capitalistas que producen para la exportación, como los petroleros, los sojeros y las automotrices. En este punto de la ‘normalización’ económica, esos pulpos se animan ya a reclamar la disminución de las retenciones a las exportaciones y del impuesto al cheque. Es el planteo que hace, para ellos, el FMI, pero para satisfacerlo habría que reemplazar esos tributos por otros que afectarían a los consumidores y a las provincias, con el consiguiente agravamiento de la situación social. El gobierno ha elegido, por ahora, el típico camino del desastre: el inmovilismo. El ejemplo más claro es que a pesar de que en 2005 se logrará un superávit un 50% superior al previsto, no se prevé destinar el excedente a un plan de obras o inversiones públicas, las cuales, de un modo general, son inexistentes. Otro ejemplo es que, con un superávit de caja que excede lo previsto no se atreve a encarar la disminución del IVA, que confisca el poder adquisitivo de los salarios y bloquea el consumo interno.


Aunque ese mismo superávit fiscal asegura el patrimonio de los bancos, sus activos están inmovilizados en más de un cincuenta por ciento en títulos públicos. Por este motivo se han formado consorcios especiales de financiación al margen del circuito bancario. Pero este mecanismo tiene un límite porque depende de la reanudación de un mercado de capitales y, por lo tanto, del reinicio de la especulación financiera internacional.


Tanto la solvencia del Estado como la recuperación económica dependen de los altos precios internacionales de la exportación, sobre los cuales Argentina no ejerce ninguna influencia. Es decir que el proceso económico está sometido a los vaivenes de un número reducido de productos. La mayor parte de los analistas prevé una desaceleración de la economía de China, lo que repercutiría negativamente en la cotización de esos productos, en el ingreso fiscal, en el superávit, en la solvencia del Estado y en la recuperación y solvencia de capitalistas y banqueros. Esto ya viene ocurriendo en forma relativa debido a la desaceleración de la economía brasileña. Con Brasil hay un problema más y es que la crisis actual amenaza acabar en un ‘default’ o en una renegociación de la deuda pública acompañada de la devaluación del real. Siguiendo la ‘exitosa’ salida de Argentina de la convertibilidad, Brasil llevaría a todo el Mercosur a la catástrofe.


El canje de la deuda externa, celebrado por la diestra y la siniestra, ha provocado una reiniciación del proceso especulativo, que quedó de manifiesto en el ingreso de capital ‘golondrina’ y en la apreciación del peso frente al dólar. Los dólares de exportación también han ido a la compra de los títulos indexados por inflación, que prometen una ruta ascendente de beneficios. La semana pasada la deuda argentina desplazó a la brasileña del primer lugar de la especulación internacional. La revalorización del peso, sin embargo, disminuiría las ganancias e ingresos por exportaciones y los impuestos que se cobran sobre ellas; para evitarlo el Banco Central compra los dólares sobrantes y luego recompra los pesos que emite para ello, generando deuda y el pago de intereses. Se trata de un subsidio de varios miles de millones de pesos para los pulpos exportadores. Lo que el Estado les retiene, por un lado, el resto de la economía se los devuelve por el otro, pagando mayores tasas de interés.


La línea oficial es acumular superávits fiscales para desendeudarse. En efecto, ha pagado más deuda de la que ha tenido que contraer para hacer frente a la factura total. Pero desendeudarse de más de 200.000 millones de dólares (público y privado) es imposible; la deuda equivale al ciento por ciento del PBI. Además tiene un problema históricamente insuperable: los giros de utilidades y remesas de todo tipo al exterior han comenzado a subir vertiginosamente; los capitalistas también se desendeudan. Las casas matrices y los accionistas reclaman los rendimientos de lo invertido antes de la crisis. En un cierto tiempo el superávit del balance de cuentas corrientes internacionales volverá a ser negativo; la relación peso-dólar se invertirá —devaluación del peso y apreciación del dólar. Esto reducirá el superávit fiscal medido en dólares y dificultará el pago de la deuda pública, incluida la que está en pesos, dada la limitación que Argentina tiene para emitir sin respaldo.


El desendeudamiento del llamado sector privado toma la forma, muchas veces, de una conversión de la deuda en acciones de la empresa, por la cual lo que dejará de salir como pago de intereses a los acreedores, saldrá en forma de pago de dividendos a los accionistas. Esto explica también la falta de inversiones; son apenas un 17% de un PBI devaluado e incluyeron computadoras personales y teléfonos celulares.


El FMI está al tanto de que la política económica se ha empantanado. Por eso no tiene ningún interés en darle aire con una refinanciación de la deuda con los organismos internacionales que facilite el pago del resto de la deuda de Argentina. Reclama los pagos de los vencimientos. Kirchner y Lavagna deberán entregar entonces la totalidad del superávit fiscal y, en forma adicional, una parte de las reservas acumuladas, más allá del Tesoro, por el Banco Central. Aprieta ahora porque los recursos existen.


De aquí a fin de año, Kirchner desangrará al país en un monto que puede oscilar entre los seis y los ocho mil millones de dólares: 3.000 millones al FMI y el Banco Mundial, y 5.000 millones para los tenedores de títulos. Hasta el 2008 pagará, sólo al FMI, 12.000 millones de dólares.