En una votación bochornosa, la Legislatura porteña refrendó el decreto de “necesidad y urgencia” dictado por Ibarra que limita el resarcimiento a los afectados por la inundación en Belgrano y barrios aledaños a un descuento en el 70% del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza y patentes automotores durante un año, pero que otorga una “ayuda económica directa” a “las personas que desarrollen actividades económicas, comerciales o de servicios”, es decir, a los empresarios. Los campeones de la “democracia participativa” legislaron, así, para un puñado de inmobiliarias y comercios grandes de Belgrano, no más de 400 personas.

Los progresistas porteños que siempre tienen a mano pruritos “constitucionales” no tuvieron reparos en parir un mamarracho legislativo: el decreto modifica tributos, una atribución que corresponde a la Legislatura, y viola el principio de igualdad ante la ley.

La “necesidad y urgencia” del gobierno por sacar el decreto no obedecían entonces a una premura por empezar a indemnizar, sino por ponerle punto final a los reclamos, y limitarlos a los 580 recibidos hasta ahora, que corresponden principalmente a comerciantes.

Al suprimir al vecino de cualquier resarcimiento, la ley y el decreto le dieron forma legal al pacto que, horas después de la inundación, firmaron Ibarra y Osvaldo Distéfano, presidente de la Cámara de Comercio de Belgrano y ex funcionario delarruista. Allí, se acordó repartir la ayuda económica entre la élite del comercio y las inmobiliarias de la zona. Repudiando este arreglo, los vecinos de Belgrano formaron una comisión por la indemnización inmediata, y repudiaron a Distéfano cuando realizaron su primer “corte de calle”.

El decreto fue votado por los diputados de la Alianza, de Justicia Social (Irma Roy) y de Cartañá. Pero la Alianza se aseguró también la abstención del bloque de Beliz-Cavallo.

Nunca, como en esta sesión, resultó tan claro el carácter trucho de la oposición caballo-belicista. Encuentro por la Ciudad se abstuvo más allá de su compromiso con la Alianza (aunque no logró nada a cambio), para evitar una fractura, ya que una parte de sus diputados planteaban rechazar el decreto. Cuando, en la votación “en particular”, se dio la posibilidad de incluir a los vecinos afectados, varios de los más importantes “referentes” de Beliz se “borraron” del recinto.

Inquilinos, ocupantes, propietarios de departamentos y de casas en propiedad horizontal en la zona norte de la ciudad: el que fuera electorado de la Alianza ha sido despojado sin piedad por parte de sus representantes progresistas. El Frepaso porteño se ha convertido en una ventanilla de los grandes intereses inmobiliarios. Bajo el peso de este viraje brutal, el norte de la ciudad sacará sus conclusiones.

Los planteos del Partido Obrero

El Partido Obrero rechazó el “decreto de necesidad y urgencia” de Ibarra, y presentó como alternativa tres proyectos de ley sobre las inundaciones. En los fundamentos de su resolución, el PO señaló que “la inacción durante la tormenta, pagada con vidas humanas; la impotencia y la postración ante los monopolios empresarios; todo ello revela una crisis de gobierno, es decir, política”. El PO caracteriza a esta crisis “como el punto culminante de un proceso que integran, entre otros hechos, el derrumbe del Colegio Moreno y el reguero de accidentes de trabajo en las obras de construcción, donde también se puso de manifiesto una incapacidad de fondo para asegurar los medios de vida *y la vida misma* de la población de la ciudad”.

En referencia al “decreto” de Ibarra, el PO denuncia que “el gobierno ni siquiera pretende reparar los medios de vida afectados, sino que ha decretado poner a salvo los medios de producción de los propietarios capitalistas afectados comercialmente por las lluvias”.

A partir de estos fundamentos, el PO presentó tres proyectos de ley: el primero para la formación de una comisión investigadora de la obra del aliviador del arroyo Vega; el segundo se refiere al funcionamiento y habilitación de los geriátricos de la ciudad. Finamente, planteamos la creación de un fondo indemnizatorio para los damnificados por la inundación, a partir de un impuesto extraordinario a las grandes empresas del distrito. Con este fondo, la ley del PO plantea la indemnización integral para los inquilinos y propietarios de vivienda única con propiedades de valor inferior a los 100.000 pesos, así como a los comerciantes unipersonales. En cambio, se plantea un resarcimiento restrictivo para los restantes propietarios y comerciantes.

Para la evaluación de los daños, el PO planteó una Comisión con mayoría de representantes de los vecinos y representantes legislativos.