La policía de los derecho humanistas Kirchner mató tantos adolescentes y jóvenes como todos los asesinados durante los 21 años en que gobernaron Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde. Cada día y medio, un pibe es asesinado por el gatillo fácil de la policía y otras fuerzas de seguridad. La estadística oficial reconoce 2.485 asesinados entre 1983 y 2007. La mitad, en los últimos cinco años. Bajo el gobierno de los Kirchner.

Además, el Cels informa "un preocupante incremento de estos casos en el segundo semestre de 2007, en comparación con el mismo período del año anterior". En síntesis, el gobierno de Cristina Kirchner "registra más asesinatos cometidos por la estructura represiva del Estado que durante el de su esposo, que a su vez había superado a sus antecesores" (Crítica, 11/12). No casualmente el Programa Nacional Antiimpunidad -la oficina creada por los K para "contener (sic) y dar asistencia psicológica a los familiares- "nada puede aportar en términos estadísticos" ni tiene atribuciones para querellar a los culpables. Su verdadera función es desmovilizar a los familiares y encubrir la responsabilidad del Estado.

Entre los fusiladores no están sólo los efectivos de la Bonaerense que, según reconoció Arslanián, actuaron durante la dictadura y continúan en servicio. Abundan "la nueva policía" o federales "reeducados" con los cursos de derechos humanos que imparten, en las instituciones represivas, organizaciones de víctimas cercanas al gobierno. El asesino de Lissandro Barrau (24), el federal Matías Tarditti, había compartido su ceremonia de graduación con padres que portaban fotos de sus hijos muertos por el gatillo fácil. Un año después, Tarditti agregaba su propio muerto.

La estadística oficial "excluye desde luego los hechos de delito de flagrancia", en los que supuestamente la policía mató a alguien que estaba delinquiendo. ¡Pero la policía siempre disfraza sus fusilamientos como represión a un delito! Es la dolorosa investigación de los familiares la que desmonta la trama de mentiras y encubrimiento armada por las propias fuerzas, la justicia y el poder político. La cifra real de asesinados "es monstruosa" (ídem).

Sólo entre 2003 y 2007, la federal mató en Capital 300 jóvenes, a los que hay que agregar otros 253 asesinados en la provincia. "Son, en su mayoría, efectivos con servicio en la ciudad y lugar de residencia en el conurbano que generan situaciones de violencia cuando ya no están prestando tareas", explica el Cels.

Que el 70% de las víctimas tuviera entre 15 y 25 años y fueran jóvenes hijos de la clase trabajadora, muestra que las fuerzas de seguridad son conscientes del enorme potencial revolucionario que alberga la juventud. Los crímenes forman parte de una política consciente de amedrentamiento y destrucción, que va desde la difusión del paco hasta las redadas masivas por averiguación de antecedentes, la coacción para que los pibes sean mano de obra de la delincuencia policial, las razzias en las villas y los asesinatos a mansalva. La juventud lo sabe: la denuncia del gatillo fácil está presente en todas las manifestaciones de la cultura juvenil, desde el rock hasta la cumbia villera.

 

Olga Cristóbal