08/02/2007 | 980

El gatillo fácil del radicalismo “K”


El fusilamiento por parte de la Policía bonaerense del joven Darián Barzabal, los primeros días de enero en el barrio platense de Los Hornos desembocó en una verdadera rebelión popular y barrial (particularmente de los sectores de la juventud más explotada) expresada en movilizaciones y escraches a la Comisaría 3a. en Los Hornos (la misma zona que desapareciera el compañero Jorge Julio López). El hecho profundizó  el cuadro de crisis política en el Estado provincial de Solá y Arslanián, lo cual obligó a que las mismas autoridades provinciales instaran a detener y procesar a los asesinos y encubridores.


 


Sin embargo, si bien el caso de Darián fue presentado pública y mediáticamente como el primer caso de “gatillo fácil” del año 2007, dos días antes del crimen de Los Hornos, la Policía mendocina fusilaba de tres disparos dentro de una comisaría al joven Jonathan Oros, en la barriada obrera mendocina de San Martín, quien falleció luego de un día de agonía en el hospital. A diferencia del caso Barzábal donde el modus operandi para encubrir el crimen policial fue el tan acudido “perro plantado” (en la jerga lumpen policial se denomina a “plantar” un arma a un cuerpo para aludir a un enfrentamiento), la primer versión policial apoyada por el Gobernador radical Julio Cobos y la Fiscalía de Delitos Complejos de Mendoza (osea el Estado en su conjunto) se basó en que el joven entró borracho y armado a la comisaría, amenazando con “matar a todos” y comenzando a disparar “a lo Rambo”, lo cual obligó al personal policial a responder. Curiosa forma de “enfrentamiento” cuando los tres impactos de bala en el joven fueron efectuados en el talón, en una pierna y en el estómago.


 


A los pocos días, las pericias balísticas (nunca encontraron los presuntos disparos del joven en el interior de la seccional) sumado a testimonios de vecinos, una testigo “protegida” y hasta de un oficial (obligado evidentemente a prestar testimonio fidedigno por los procesamientos por encubrimiento en el caso Barzabal que se desarrollaba casi en simultáneo) tiraron por la borda el encubrimiento y la mentira policial avalada inicialmente por Cobos: la nueva “historia oficial” pasó a ser el asesinato del joven en el interior de la comisaría, luego de haber mantenido una discusión con un policía que lo detuvo en la madrugada del 7 de enero, mientras el joven esperaba un colectivo —a metros de la seccional- para regresar a su casa.


 


Conocida la verdadera historia y luego de una reunión mantenida con la familia de Jonathan, el gobernador y probable candidato a vicepresidente de la hasta ahora enigmática formula kirchnernista para las presidenciales de 2007, ordenó a su Ministro de Seguridad, Miguel Bondino, separar de las fuerzas al subcomisario, a tres agentes y un auxiliar por el crimen. En medio de un clima teñido de amenazas y aprietes a testigos, el principal referente del radicalismo “K” sostiene su aparato estatal represor y criminal: los asesinos han sido separados “preventivamente” (y de manera transitoria) sin ser  procesados y mucho menos exonerados. No es el debut de Cobos (y su policía) en el campo del “gatillo fácil”: en el año 2005 la policía mendocina fusiló a quemarropa (literalmente) ante las cámaras de televisión al jugador de fútbol Azcurra (que intentaba calmar la represión policial en medio de incidentes en un partido provincial); también en el mes de mayo del 2006 en Luján de Cuyo la policía mendocina fusiló a un niño de 14 años (hiriendo de bala también a otros) que buscaba carbón en un tren carguero para calefaccionarse en el crudo invierno cordillerano.


 


El aparato represivo criminal contra la juventud ya no distingue a los Patti, Solá y Cobos. Además de la “mano dura” de la derecha de los Macri y Blumberg, el kirchnerismo en todas sus vertientes, variables y colores (desde Solá, Fellner llegando al mismo Cobos) resulta ser sostenedor y encubridor de las fuerzas “regulares” que asesinan a los jóvenes y secuestran a los testigos (como López y Gerez). La disolución de las fuerzas represivas y el aparato represivo está a la orden del día como única salida.

También te puede interesar:

Sobre el acto en la Escuela de Policía.
Kicillof pierde a su “Patricio Bullrich” de la Bonaerense  
La familia y vecinos del joven de 17 años apuntaron contra el gobierno local y provinical.
Ya son catorce las víctimas en la provincia en lo que va del año, cuatro de ellas asesinadas por miembros de las fuerzas del Estado.
El joven repartidor de 28 murió a manos de tres efectivos de la Policía Local de La Plata.
Amenazas a los familiares de Facundo y a periodistas.