El martes 8, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió la renuncia de la ministra de Salud, Josefina Medrano, e hizo aprobar, sobre tablas, una ley ómnibus que reúne en una sola norma todo el régimen de excepción frente a la emergencia sanitaria que hasta ahora estuvo dictado por decretos. El mismo contó con el aval de toda la oposición, con excepción del Partido Obrero.

El cacerolazo de Orán, junto con el repudio al voto negativo de los diputados oficialistas al proyecto del PO de testeos masivos a los trabajadores de salud, fueron los últimos episodios de un giro en la opinión pública, ante un gobierno que miente y que ha elegido mantener los negocios privados por encima de la salud pública.

El emblema de esa conducta está dado por el hecho de que el Ingenio San Isidro sigue funcionando aunque tiene 109 casos confirmados (un tercio del personal). En el Ingenio Tabacal, el gremio acaba de advertir de una situación similar. La multiplicación de las denuncias sobre casos de muertes por abandono de persona por parte del sistema de salud público y privado, fueron alimentando una tendencia a la rebelión. Es en este cuadro que Sáenz decidió echar a la ministra y comprometer a toda la oposición burguesa, desde los K hasta los de Olmedo, en la votación de la ley ómnibus.

En conferencia de prensa denunció además una suerte de sabotaje de las clínicas privadas y las obras sociales que derivan a sus asociados al sistema público.

El nuevo ministro es el doctor Juan José Esteban, un hombre de Estado en los gobiernos de Romero y Urtubey, defensor de la autogestión hospitalaria y de todas las políticas privatistas que fueron destruyendo el sistema de salud en los últimos 25 años. Todo indica que fue promovido por el romerismo, que en el Senado de la Nación integra el bloque de Cambiemos.

La ley ómnibus ha sido presentada cual si fuera parte de una autocrítica y de un viraje de la fracasada política oficial, especialmente porque deroga el decreto 255, luego convertido en ley 8.191 y cuestionado por inconstitucional, que le dio facultades extraordinarias a la policía. Pero la ley sancionada solo reemplazó el decreto por la inclusión en el régimen contravencional de sanciones, incluso más gravosas, frente a los incumplimientos de las normas del Comité Operativo de Emergencia (COE) ante la pandemia.

La verdad es que la ley es una ratificación de la política que llevó al actual colapso sanitario.

No dispone los recursos para financiar las demandas del sistema de salud ni plantea medida alguna para terminar con el sabotaje de clínicas y obras sociales; no hay recursos para testeos masivos al personal esencial y menos aún para aplicar un subsidio universal, para poder garantizar que se cumpla una cuarentena dura “en casa” como exige hoy la multiplicación de casos positivos.

Dotemos a la iniciativa popular de un programa de conjunto

En contraposición a esta política fracasada que nos lleva al colapso sanitario, hemos presentado nuestro propio dictamen que resume un programa de salida que hemos ido planteando en la forma de proyecto parlamentario. Es un aporte al debate y una guía para la acción de los trabajadores en defensa de nuestras vidas y para que la crisis la paguen los capitalistas.

Planteamos, en primer lugar, centralizar en un mando único estatal bajo control de los trabajadores los recursos del sistema público y privado de la salud; comisiones obreras de fiscalización en los lugares de trabajo; impuestos a las grandes rentas y patrimonios y derogación de la ley de superpoderes a la policía.

Hay que profundizar la iniciativa popular frente a la crisis, pasando por arriba las maniobras del gobierno y de su oposición “comparsa”. Desde cada lugar de trabajo, como los mineros que mediante paros garantizaron su protocolo, como el pueblo de Orán que con su enorme movilización puso en jaque al gobierno. Abramos el debate, impulsemos autoconvocatorias, impongamos los comités obreros en los lugares de trabajo, pasemos de largo de las maniobras del régimen político responsable del vaciamiento sanitario y de la miseria social.

Sáenz es puro continuismo del régimen oligárquico de Urtubey y de Romero.