El gobierno nacional anunció enormes recortes presupuestarios sobre la salud, la educación y el gasto social en general, ubicados en un promedio de $225.000 millones. Así se desprende de la Decisión Administrativa 4/2022, por la que se reordenan las asignaciones del prorrogado Presupuesto 2021 tras fracasar en la aprobación de la “ley de leyes” para el año debutante. De este modo, los ministerios de los que dependen los derruidos hospitales y escuelas, o incluso la asistencia social para la población más empobrecida, serán podados a la búsqueda de cumplir con el sendero de ajuste fiscal que exige una renegociación empantanada con el Fondo Monetario Internacional.

El Ministerio de Economía liderado por Martín Guzmán presenta que la decisión está motorizada por una reducción de la recaudación fiscal. Uno de los argumentos fue que este año no se percibirán ingresos al Estado en concepto del devaluado “aporte solidario”, lo que cuantifica todavía mucho más claro su carácter farsesco frente al genuino impuesto a la riqueza progresivo presentado por el Frente de Izquierda, que tanto el gobierno como la oposición de Juntos acordó negarse a tratar. O que no se contará con los Derechos Especiales de Giro otorgados por el propio FMI, que, de cualquier modo, fueron destinados casi en su mayoría ¡a pagarle al propio FMI!.

Aquí radica precisamente lo que se busca encubrir presentando estos argumentos sobre la caída de la recaudación, que probablemente se agravará, también, con una sequía advertida por el agro que complicaría las exportaciones. El verdadero propósito del recorte, a fin de cuentas, es destinar cada centavo al pago de la deuda externa.

Esto se corrobora si se atiende al fracasado proyecto de Presupuesto 2022 confeccionado por el gobierno, con el propio Guzmán a la cabeza. En el mismo, tal cual resume la página de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, los pagos por vencimientos de intereses de deuda a ejecutar por la Administración Nacional crecerían del 7,1% al 8,2% del PBI, en tanto las empresas públicas y otras entidades estatales contempladas como el Sector Público No Financiero prevén un aumento de los pagos de deuda del 1,7% al 1,9% del PBI. Todo, claro, mientras se abarcaba en el mismo proyecto un recorte sobre la salud o la educación pública incluso considerando la meta oficial de inflación, que ya en 2021 fue vapuleada por la realidad quedando un 21,9% por debajo del desarrollo real de los precios.

Del informe de la Oficina de Presupuesto surgen otros datos interesantes, como las necesidades de financiamiento ubicadas en un 17,5%. Esto corrobora el carácter fraudulento de la deuda que el gobierno se apresta a pagar pergeñando un programa de ajuste fiscal, y que somete al país a un ciclo de endeudamiento permanente. El proyecto de presupuesto contemplaba incluso una asistencia del Banco Central por un 1,8% del PBI al Tesoro, lo que implica un mayor vaciamiento de las reservas y con él una mayor devaluación. El país está siendo saqueado por la confiscación permanente de la deuda externa, que son los cimientos sobre los que se sitúa toda la crisis nacional.

El Ministerio de Desarrollo Social verá una reducción de $4.847 millones. Esta reducción será apuntada, claro, a mermar la asistencia ya insuficiente sobre millones de trabajadores desocupados y hambrientos en el país, que dependen también de un comedor o un merendero para sobrevivir. Se dará a su vez un recorte sobre la Salud de $48.150 millones, en momentos donde el gobierno busca desligarse por completo del manejo de la pandemia en su peor momento histórico y continúa desarticulando unidades y recursos invertidos en la primera ola, a la sombra de los exhaustos trabajadores sanitarios que reclaman condiciones dignas de trabajo y terminar con el régimen de precarización al que son sometidos.

Habrá también un ajuste educativo, luego de la catástrofe que expuso la virtualidad forzada y la precariedad del sistema en general, mientras hacen mella las reformas privatistas como las que ensaya Larreta en la Ciudad. La cartera nacional de Educación perderá otros $48.150 millones, que es lo mismo que se le amputará al Ministerio de Trabajo. Luego, habrá un recorte todavía mayor para la Secretaría de Energía; a razón de unos $60.190 millones. En él se cristaliza el sendero de quita de subsidios a las privatizadas energéticas, justo cuando los cortes de luz se volvieron una postal cotidiana. Claro que, como no podía ser de otra manera, la diferencia la pagarán los usuarios con un tarifazo. En todos los planos se expresa como es la población trabajadora y las mayorías populares a quienes se traslada el peso del ajuste para cumplir con el FMI y los acreedores.

Ahora bien, todos estos recortes se dan en términos absolutos. Pero el ajuste, no obstante, es todavía mayor: en términos relativos, las partidas del prorrogado Presupuesto 2021 fueron votadas con una inflación calculada por Guzmán en un 29%, que concluyó el año escalando hasta el 50,9%. Que el cálculo oficial estime ingresos al fisco en orden de unos $7,9 billones, mientras que se ubica a los gastos primarios (sin contemplar vencimientos de intereses) en unos $10 billones, augura a su vez que el gobierno, que el año pasado modificó las partidas presupuestarias por decreto en varias ocasiones, avanzará mucho más a fondo en el ajuste para cumplir las metas fiscales que reclama el Fondo. Romper con el pacto de pago de la deuda externa en un país saqueado es una tarea de primer orden para revertir este panorama y evitar que se profundice.

De ahí debe partir un programa de transformación de la Argentina sobre nuevas bases sociales, que establezca un verdadero y progresivo impuesto a la riqueza, que grave a los terratenientes y a la vivienda ociosa, nacionalice bajo control de los trabajadores la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos del país y quebrante, en definitiva, el sometimiento constante al que nos hundieron todos los que nos gobernaron en las últimas décadas.