El gobierno publicó en el Boletín Oficial la decisión de diferir hasta septiembre 2024 el compromiso de pago con el Club de París por USD 2.450 millones que vencía este 31 de mayo. A su vez, Guzmán busca restructurar esa deuda con el organismo -más los intereses- antes del 30 de junio de este año a una menor tasa de interés. Estamos en presencia de un nuevo rescate a esta hipoteca usuraria que ha sido renegociada siete veces a lo largo de la historia y no hizo más que aumentar.

No debemos pasar por alto que los países que forman parte del Directorio del Club de París le concedieron al gobierno argentino postergar este vencimiento tras la gira europea realizada por Alberto Fernández, donde el mandatario terminó de tomar partido por la Otan en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata de un apoyo condicionado por parte del imperialismo, que por el momento no le suelta la mano al Ejecutivo local hasta tanto no aparezca un recambio en las elecciones de 2023 que cuente con las condiciones políticas para llevar adelante la agenda del gran capital. Este “respaldo” también está atado a que, por un lado, no se caiga el acuerdo con el FMI, y, por otro, a que las deudas con China tengan el mismo tratamiento, colocando al país como rehén de la guerra comercial entre las grandes potencias. Como vemos, el rescate de la deuda con el Club de París vendrá de la mano de un mayor sometimiento colonial de Argentina.

Por otra parte, es preciso denunciar el carácter ilegítimo de la deuda con el Club de París, ya que parte de su composición es deuda contraída por empresas privadas que se estatizó bajo la última dictadura militar. A su turno, los intereses acumulados en las sucesivas reestructuraciones fueron agravando el peso de dicho endeudamiento, el cual en la década del 60 -bajo el gobierno dictatorial de Aramburu- no superaba los USD 500 millones, pasando a USD 4.600 millones en 2002. En el 2014, Axel Kicillof -en ese momento ministro de Economía de Cristina Kirchner- reconoció esa hipoteca, que escalaba los USD 9.700 millones para ese entonces, capitalizando los intereses y punitorios de todo el período previo, sin ninguna quita y aceptando refinanciarla a una tasa de interés que treparía hasta el 9%. Un acuerdo verdaderamente leonino.

Ahora, la dinámica será similar: si bien Guzmán pretende renegociar el monto pendiente reduciendo la tasa de interés al 1,5%, se capitalizarán los intereses adeudados desde 2019 a esta parte a la tasa megaususraria mencionada anteriormente. Una perspectiva que promete perpetuar el drenaje de reservas del Banco Central. La bancarrota se acentuará teniendo en cuenta que esos pagos al Club de París se juntarán, a partir de 2026, con los vencimientos de deuda con el FMI; dejando al país nuevamente al borde del default. Además, la negativa del FMI en su momento de eliminar la sobretasa en la deuda argentina configura un mal antecedente para la pretensión actual del gobierno de conseguir tasas más favorables con el Club de París.

Todo esto bajo la promesa incierta de que renegociando con el Club de París reingresaremos al mercado de crédito internacional. Argumento esgrimido para justificar el arreglo con los bonistas en 2020 y el acuerdo firmado con el FMI, pero que sin embargo no se constató en la realidad puesto que el riesgo país hoy se halla en los 1.900 puntos. Es que es justamente la insolvencia del país, como resultado de la constante fuga de capitales (pago de la deuda incluida), el factor que desalienta el arribo de préstamos en dólares.

Claro está que el gobierno aplaza este vencimiento con el Club de París porque el Banco Central no cuenta con las divisas suficientes para afrontarlo. No solo vienen el alza los precios internacionales de los insumos importados, sino que el superávit comercial obtenido en el primer cuatrimestre se dilapidó en la venta de dólares para contener la cotización de los tipos de cambio paralelos, en el pago de vencimientos de deuda privada, en la cancelación de compromisos con los bonistas que entraron al canje de 2020, entre otros mecanismos de fuga. Sin embargo, el oficialismo busca “salir del pozo cavando”, dado que intenta combatir la sangría de reservas otorgándole mayor disponibilidad de divisas a ciertos sectores capitalistas. En ese sentido, ya flexibilizó el cepo cambiario para las petroleras y evalúa hacerlo en el caso de las empresas incluidas en la llamada “economía del conocimiento”.

Así las cosas, el objetivo de acumulación de reservas establecido por el FMI está seriamente cuestionado. A tal punto que prevalecerán las restricciones a las importaciones, a pesar de sus efectos recesivos sobre la industria. Debido a la magnitud de la crisis descripta es que Guzmán se ha manifestado en contra de la decisión gubernamental de extender hasta 2023 la posibilidad de que las empresas accedan al mercado de cambio oficial para refinanciar el 40% de sus deudas.

El repudio soberano de la deuda usuraria es el único camino posible para terminar con esta política de saqueo, cuyas consecuencias las paga el pueblo trabajador.