16/11/2020

El gobierno de Córdoba prepara recortes en los boletos sociales

Los empresarios del transporte en campaña por un tarifazo y más subsidios.

El gobierno de la provincia ha hecho público que en el presupuesto 2021 hay un incremento de las partidas destinadas a los boletos sociales de entre 16% y 27%, es decir, por debajo de la inflación del 32% que el oficialismo pronostica. En ese sentido, se evaluará a quienes continúen teniendo los boletos gratuitos.

Cabe recordar que los fondos destinados a cubrir el Boleto Educativo (BEG) solo se han destinado «un 4,5 %, pero tenía para 2020 un presupuesto de 1.466 millones de pesos y sólo se han ordenado a pagar 66,3 millones», según La Voz. Siguiendo la misma fuente, «en el caso del Boleto Obrero (BOS), el presupuesto anual era de 114 millones y, hasta la semana pasada, se habían pagado 28,7 millones».

En tanto que para el Boleto Social Cordobés (BSC), «el presupuesto vigente es de 125,4 millones y, hasta el viernes pasado, se pagaron 24,1 millones» es decir un 19,2 %. En el caso del Boleto Adulto Mayor (BAM) «apenas se erogaron 64,7 millones de los 568,1 millones de pesos presupuestados para 2020, el 11,3 %».

En todos los casos, los fondos no se gastaron argumentando el aislamiento social obligatorio. Sin embargo, cuando se realizó una huelga del transporte por entera responsabilidad de las patronales y el gobierno, el oficialismo se negó a hacer cumplir el marco regulatorio y tampoco atendió a la falta del transporte del pueblo trabajador, incluso teniendo los fondos para hacerlo.

Mientras el gobierno pretende imponer un recorte a los boletos sociales, los empresarios nucleados en la Fetap vienen realizando declaraciones buscando más subsidios o un nuevo tarifazo.

Las patronales declaran que hay una crisis «terminal» del transporte de pasajeros que pretenden descargar sobre trabajadores y usuarixs. Olvidan señalar la responsabilidad que les cabe en el manejo a discreción de los subsidios con los cuales vienen haciendo jugosas ganancias.

Pero las patronales afirman que los subsidios no alcanzan, aun cuando el municipio pone en el sistema de transporte unos $60 millones mensuales y el gobierno provincial unos $91 millones. Los empresarios han planteado en reiteradas ocasiones su imposibilidad de cumplir con el sostenimiento de frecuencias y el pago de sueldos. En el primer caso se procedió a realizar un recorte de recorridos y, en el segundo, una huelga organizada desde las bases de la UTA hizo retroceder el ajuste salarial.

A la luz de los hechos, el Estado debe garantizar el derecho al transporte y el pago del conjunto de los salarios, abriendo las cuentas de las empresas a la vista de trabajadores y usuarixs y poner en curso el control obrero. El tema no es menor porque se trata de cómo se administra la plata de lxs contribuyentes en un cuadro de crisis de la gestión capitalista de las empresas. Por eso el planteo de estatización y no pago está a la orden dia.

La Legislatura se negó a tratar reiterados proyectos que la legisladora por el Partido Obrero en el FIT, Soledad Díaz, llevó al recinto. La negativa a debatir la estatización bajo control obrero da cuenta de un poder político asociado a los capitalistas del transporte que pueden diferir en torno a la distribución de los subsidios pero mantienen un frente único contra los derechos del pueblo trabajador.

Las y los trabajadores del transporte han intervenido mediante autoconvocatorias. Su acción ha sido determinante para pararles la mano a la sociedad de empresarios y gobernantes. Sin dudas, en la acción obrera y en desarrollar la unidad con lxs usuarios se encuentra la garantía para defender los boletos sociales y el derecho al transporte del pueblo trabajador.

 

 

 

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