Políticas

19/6/2008|1042

El gobierno de la “redistribución de la riqueza”

La Auditoría General, paralizada

La Auditoría General de la Nación (AGN) controla las cuentas del Gobierno. En noviembre, en uso de la mayoría K en Diputados, Alberto Fernández hizo nombrar a dos "leales". Desde que asumieron Vicente Brusca y el ex diputado Oscar Lamberto (diez años al frente de la oficina parlamentaria que evalúa los informes de la AGN), todas las auditorías "que podían comprometer la situación judicial de los miembros del Ejecutivo quedaron congeladas" (Crítica, 3/6). Una primera auditoría detectó que la empresa Intesar cobró sobreprecios del 48% en las obras de interconexión de la línea de alta tensión entre Río Negro y Santa Cruz, controladas por el ministro De Vido. El primer tramo de la obra costó 545.736,71 pesos por kilómetro. El segundo, en el mismo período, costó 848.812,71 pesos por kilómetro.

Intesar pertenece a Electroingeniería, involucrada en el caso Skanska y cuya extraordinaria expansión se atribuye "a la buena relación que mantienen sus dueños con las principales figuras del gobierno" (Clarín, 1/7/07).

Otra investigación prueba que, desde 2002, el gobierno subejecuta el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), creado "para atender desequilibrios financieros" de provincias o municipios. En los últimos cinco años, el gobierno distribuyó poco más del 8% y se quedó con unos 5.700 millones de pesos. La AGN también probó que Felisa Miceli fue quien ordenó pagarle al grupo Grecco una deuda ilegítima cercana a los 550 millones de pesos. Miceli había acusado al equipo legal del Ministerio de Economía. Ahora, la administradora de la Fundación de las Madres podría ser denunciada por "tentativa de defraudación al Estado".

Un cuarto informe prueba que "la Secretaría de Energía no implementó un registro confiable de las declaraciones juradas de la explotación petrolera que realizan las concesionarias de los pozos". En base a esos datos se calculan las regalías que deben abonar las empresas y que se distribuyen entre las provincias petroleras. La AGN detectó que "los datos provisorios que publica el gobierno mensualmente no concuerdan con los que efectivamente utiliza para calcular el dinero que deben recibir los gobernadores. ¿Cuánto pierden las provincias? No se sabe. El informe está retenido en la Gerencia de Control de Entes Reguladores" (Crítica, 3/6). Hay más: "La mayoría kirchnerista desplazó a personal de carrera y colocó a gente de su confianza para monitorear las investigaciones que están en curso". El gobierno "se apoderó de todas las gerencias de gestión, que es donde se evalúa si los fondos se utilizan correctamente y permiten determinar en qué y cómo gasta el gobierno el dinero de los contribuyentes" (ídem).

 

Olga Cristóbal