Un fiscal provincial, Gustavo Dalma, procedió a allanar 15 locales sociales, culturales y políticos, entre ellos la sede central del Partido Obrero de Córdoba. El fiscal justificó tamaño operativo en la necesidad de actuar frente a incidentes ocurridos en la marcha efectuada el lunes 28 de agosto contra el gatillo fácil. Decidió estos allanamientos sin, según sus propias palabras, ninguna denuncia o sospecha fundada sobre que las organizaciones allanadas fueran partícipes o responsables de los incidentes por él investigados. 

 

Más aún, una parte importante de los locales allanados corresponde a organizaciones que no participaron de la movilización. El fiscal, que actúa de oficio, descartó líneas de investigación e incluso denuncias efectuadas por los familiares de las víctimas del gatillo fácil, organizadores de la marcha, que atribuyeron los incidentes a infiltrados de la policía. Es decir, el fiscal hizo una selección de sus pasos a seguir en la investigación sobre las organizaciones que vienen teniendo protagonismo en la lucha contra el gatillo fácil y que jugaron un papel activo en la preparación de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Realizó cuatro detenciones, dos de ellos fleteros, uno de los cuales ni siquiera estuvo presente en la manifestación.

 

Amedrentamiento y escalada represiva

 

Las acciones del fiscal están abiertamente en la línea de atacar la movilización en contra de la represión del Estado. Quieren tildar de violentas a las madres de víctimas del gatillo fácil, para encubrir que en Argentina un pibe cae muerto cada 24 horas en manos de la policía; culpan a la familia de Santiago Maldonado mientras protegen a la Gendarmería, que se lo llevó a la fuerza en el marco de una represión. Pretendieron frenar un descontento popular en ascenso, que se expresó en una movilización popular multitudinaria el 1° de septiembre pidiendo por la aparición con vida del joven desaparecido.

 

El gobierno de Córdoba y la Justicia se han puesto a la cabeza de esta ofensiva. El mismo día, a la par de los allanamientos, la ciudad de Villa Allende amaneció desbordada de gendarmes e incluso hubo aprietes a jóvenes que pegaban carteles reclamando por Santiago Maldonado. En Laboulaye, en el sur provincial, fueron detenidas tres personas que realizaban pintadas por el mismo motivo.

 

La política represiva del macrismo, que está al servicio de la aplicación del ajuste, incluye el ataque a los conflictos obreros (por ejemplo, los desalojos en AGR-Clarín y Pepsico), el 2×1 a los genocidas (en lo que debió recular) y un fuerte impulso a la incorporación de las Fuerzas Armadas a la represión con la excusa del “terrorismo” y el narcotráfico. La acción de la Justicia provincial del gobernador Juan Schiaretti, vía el fiscal Dalma, está en la misma línea y son elementos de provocación para atacar a las organizaciones de izquierda.

 

Provocación mirando a las elecciones

 

En una reunión con el fiscal Dalma, responsable del operativo de allanamientos, éste no pudo explicarnos el motivo de la irrupción al local del Partido Obrero. Sólo repetía que podía ser un lugar donde se reunieran los buscados, sin ningún dato que lo lleve a suponer eso.

 

Los allanamientos, en realidad, forman parte de un operativo político de Schiaretti, que busca, mediante un ataque derechista a la protesta social, remontar su derrumbe electoral. Schiaretti, que acompañó todas las medidas de ajuste de Macri, buscó polarizar con el gobierno nacional en las Paso, pero luego de su fracaso electoral pretende ahora descontar puntos mostrándose como la avanzada reaccionaria contra la izquierda, y en particular contra el FIT, expresión política la movilización.

 

Pero el tiro le salió por la culata, el repudio al accionar de su fiscal incentivó la concurrencia a la marcha y del viernes 1°. El gobierno provincial, por su parte, salió a reclamar por primera vez por Santiago Maldonado. Tarde.