“Es cruel decirlo, pero es la realidad: si ellos (por la jueza Malere y su secretario) no estaban adentro, se hubiera reprimido”. ¿Y los guardiacárceles? “La vida de los guardiacárceles cada vez vale menos para los motines; si mueren será cumpliendo con su deber” (de un oficial del Servicio Penitenciario a  Clarín, 8/4).

Este diálogo desnuda la hipocresía de la “línea blanda” proclamada por el ministro Citara: la masacre no se produjo por el enorme costo político y de ninguna manera por un cambio de actitud ante los reclamos carcelarios por parte del gobierno.

Naturalmente, y más allá de la orquídea enviada por Duhalde a la jueza liberada, por lo bajo no son flores los adjetivos que se le dirigen por su error de haberse dejado tomar como rehén. La jueza Malere fue quien en su fallo admitió que la muerte del pibe Cristian González a manos de la policía provincial a la salida de un partido de fútbol en Olavarría no había sido intencional, porque la bala “rebotó en la parte trasera de un camión y luego mató al chico”, por lo que ningún policía fue a prisión. Tampoco encarceló a nadie tras la violación múltiple de una deficiente (el “caso Paulina”), en donde los sospechosos eran ‘nenes bien’ de la sociedad azuleña.

Las cárceles argentinas

Los datos morbosos en torno a la dinámica interna del motín no lograron ocultar dos hechos fundamentales: por un lado, la solidaridad inmediata de gran parte de la población carcelaria provincial y hasta nacional (15 establecimientos) unificando reclamos y, por otro lado, la difusión del estado del sistema carcelario: “El 70% de los 26.000 presos que hay en el país son procesados sin condena. La edad promedio de los presos es hoy de 21 años, contra 31 hace una década. La superpoblación carcelaria supera el 40% en Buenos Aires” (Clarín, 6/4). “Además (existen) fallas en el sistema de salud, serios problemas de trato —con un inadecuado régimen de sanciones disciplinarias y maltrato físico—, junto con fallas en el sistema educativo, la higiene y la alimentación” (Informe Anual 1994/95 que el Procurador Penitenciario Alberto Freixá presentó al Congreso Nacional) (ídem).

El que está en crisis es el régimen político

Dentro de un contexto de desocupación y de hambre, “¿a dónde va a laburar un ex convicto?”, fue la pregunta que nos hizo un familiar y que de algún modo explica el crecimiento estadístico de condenados que reinciden en el delito: “del 25,6 de los presos en 1983 al 36,3 en 1992 y superaría el 40% en 1995” (Clarín, 6/4).

No es la crisis del sistema carcelario, sino la crisis del sistema político y el derrumbe del ‘plan’ económico los que llevan a la reincidencia por falta de expectativas.

Cómo garantizar el cumplimiento del acuerdo de Sierra

Aunque el gobierno se comprometió a acelerar las causas judiciales, ampliar los beneficios del 2×1, el estudio para posibles conmutaciones de penas (reincidentes, proyecto para derogar el régimen referido al robo de autos); a no reprimir a los internos luego de la entrega de rehenes y a la formación de Comisiones de seguimiento por departamento judicial, existe una lógica desconfianza: la emergencia carcelaria bonaerense está decretada desde noviembre del ’94, pero los cambios no se ven. Por otra parte, familiares de los internos temen que una vez retirados de Sierra Chica medios de comunicación y familiares, se desate contra los internos la acostumbrada represión post motín. Aunque los medios locales no dieron cuenta de la posición del partido, los familiares e internos se mostraron de acuerdo con nuestra propuesta de conformar una Comisión de Supervisión integrada por agrupaciones sindicales, estudiantiles, de Derechos Humanos, partidos políticos y familiares para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

El mismo gobierno que indulta a los genocidas condena al hacinamiento, a la falta de garantías legales y transgresión de códigos procesales a miles de ciudadanos —en su inmensa mayoría adolescentes y jóvenes— que se pudren en institutos y cárceles a la espera de sentencia.

El mismo gobierno, que en favor de un puñado de capitalistas nacionales e internacionales lleva a grandes masas de trabajadores a la desocupación, a la miseria, a la desesperanza, pretende dar clase de moral a la hora de justificarse por las vejaciones y la situación infrahumana que motiva la rebelión en las cárceles.

Una vez más no hay dudas: son ellos o nosotros. ¡Fuera Menem-Duhalde-Cavallo!