La plana mayor del gobierno, de Boudou a De Vido, denunció la formación de un cartel entre los principales monopolios petroleros para cobrar sobreprecios por el combustible (gasoil) que compran las empresas de transporte.

Bien mirada, la denuncia debería conducir a una investigación penal del propio gabinete. Un periodista observó que "el gobierno conoce en detalle al mercado del gasoil, intervenido desde 2002" (Cronista, 18/1), lo que sugiere que cualquier sobreprecio contaba con la complicidad del gobierno -el cual desembolsa el subsidio. Schiavi y compañía, en definitiva, han cubierto con generosas subvenciones a concesionarios y proveedores que presentaron gastos "inflados". Por eso ahora rechazamos el tarifazo, que convierte al subsidio del Estado en el precio inflado que deberán pagar los usuarios.

Si el gobierno "descubrió" ahora la cartelización de las petroleras, es por la sencilla razón de que la caja de los subsidios se ha agotado. En la cola de los tarifazos, se anotan los servicios de micro de media y larga distancia, a cuyas empresas -según anunció el gobierno hace unos días-se les cortarán los subsidios al gasoil. Algunos opinan que al presionar a las petroleras para que bajen el gasoil, los K esperan 'moderar' el aumento de tarifas de transporte. Pero la diferencia entre el precio del gasoil al público y el subsidiado es del 500%. En cambio, la cartelización y sobreprecios denunciados por el gobierno no superan al 20% del precio del combustible -muy poco para compensar el tarifazo que viene. Todo indica, entonces, que las denuncias oficiales son otra versión de la política del tero: aparecer golpeando a las petroleras y a "los subsidios que las privilegian" en vísperas de que todo el pueblo usuario tenga que pagar un aumentazo en el transporte. La conferencia de prensa del gasoil fue una reedición de aquella donde Boudou y De Vido “denunciaron" a los casinos y a Puerto Madero como beneficiarios de subsidios, cuando se aprestaban a largar los tarifazos.

Lo que se calló el gabinete

Si de denuncias a las petroleras se trata, los funcionarios se cuidaron muy bien de silenciar la más grave de sus cartelizaciones. Repsol, Total, Petrobras y otras se han sentado "consensuadamente" sobre los pozos petroleros y gasíferos, a la espera de una rediscusión 'definitiva' de sus precios en boca de pozo. Mientras perpetran este sabotaje a la exploración y la inversión, las mismas petroleras han armado un gigantesco negocio de importación de gas desde Bolivia y otras latitudes, que se cobra cinco o seis veces el precio local del fluido. Ese negocio, que también era sostenido por subsidios, se ha traspasado ahora a los consumidores, a través de un ‘cargo fijo'. En la conferencia de prensa del gasoil, De Vido ensayó otra queja contra Repsol al reclamar que "pongan en operación sus descubrimientos de gas en Neuquén". Quedó en evidencia una crisis entre el gobierno y su petrolera "amiga", directamente relacionada con el agotamiento del "modelo". Durante varios años, Ezkenazi y los accionistas españoles embolsaron los subsidios a la importación y se sirvieron de las utilidades de la petrolera, mientras vaciaban sus actividades de exploración. En el cuadro de la bancarrota fiscal y de la escasez de dólares, el gobierno le reclama a Repsol "que reinvierta sus utilidades". Pero del otro lado de la mesa, Ezkenazi-Brufau condicionan todo a un aumento en los precios internos del petróleo, el gas y los combustibles. En definitiva, la puja entre el gobierno y los pulpos petroleros reside en discutir qué tajada retendrá, cada uno, de los tarifazos en puerta.

Los trabajadores y el tarifazo

El conflicto del gasoil tiene otra vertiente. Al sentar en el banquillo de los acusados a las petroleras, los K quieren ganar autoridad para sentar, en el mismo lugar, a los trabajadores. Los supuestos "enemigos de Shell y Repsol" se preparan para acusar de 'cartelización' y extorsión a los trabajadores de las privatizadas, cuando sus sindicatos se sienten a discutir sus salarios y condiciones de trabajo. Hace una semana, el "controlador" Moreno convocó a las burocracias sindicales de Luz y Fuerza, ferroviarios y UTA, entre otras, para hacerles ver que ellos también formaban parte de los "costos" que serán objeto de "sintonía fina".

En este caso, responsabilizándolos de los aumentos de tarifas para el caso en que resolvieran "excederse" en el reclamo salarial.

En todos estos años, las crisis con Shell y compañía han tenido como salida un crecimiento del 400% en el precio de los combustibles líquidos.

En cambio, los choques con la clase obrera petrolera o del transporte han terminado en conciliaciones obligatorias, represiones e incluso asesinatos.

La dureza con los monopolios sirve para las conferencias de prensa, pero sólo prepara la coartada para una agresión a los trabajadores. En oposición a los tarifazos y las maniobras de los pulpos, así como a la impotencia oficial para con ellos, luchemos por la apertura de sus libros y costos, y por la nacionalización sin pago del petróleo y las privatizadas. Ninguna extorsión sobre el salario: por su ajuste de acuerdo a la inflación, sin que sus aumentos impliquen un tarifazo. Debatamos este programa entre toda la clase obrera del transporte y la población usuaria.