Un año y medio atrás, el PO caracterizó el anuncio de un plan de Menem para la Patagonia como una convocatoria “al fraude y al contrabando”  (PO Nº 358, 3/6/92). Hace pocas semanas, el gobierno descubrió una millonaria estafa perpetrada precisamente en base a las medidas anunciadas en 1992 por Carlos Menem. La denuncia del plan menemista se verificó hasta en la previsión del delito capitalista bajo el amparo oficial.

Menem trató de encubrir su política de destrucción de fuentes de trabajo y de éxodo de la población con un paquete de medidas de “reparación histórica” de Santa Cruz. Concretamente, anunció en 1991 rebajas en los precios de los combustibles, créditos blandos para importar vehículos sin impuestos, préstamos para los ganaderos, la próxima instalación de una “zona franca” para el comercio, la promesa de financiar algunas obras como el aeropuerto de Calafate y otros tipos de “microemprendimientos”. Estas medidas, lejos de constituir un “plan de desarrollo”, son —dijimos en PO del 3/6/92— una convocatoria al contrabando y al fraude fiscal. “Facilitarán el contrabando de combustible hacia las provincias con mayores tarifas, así como el ingreso de automóviles importados con bajos impuestos aduaneros, en momentos de gran quebranto financiero tanto de la provincia como de la nación. La ‘zona franca’ institucionalizará este contrabando, además de potenciar la invasión de importaciones subsidiadas, destructora de puestos de trabajo. A su vez, los préstamos a los ganaderos van a ser utilizados para la especulación financiera o la compra-venta de tierras, porque la ganadería patagónica está en quebranto total”.

El gobierno anuncia el descubrimiento del contrabando que impulsó. Ahora se les ofrece a las patronales de Santa Cruz una reducción de los aportes del 80%, lo cual será otro fraude, porque las empresas facturarán por Santa Cruz producciones hechas en otras provincias, como ya sucediera con el “curro” de la promoción industrial.