El compromiso asumido por el gobierno ante la misión del FMI, de mantener mucho tiempo el congelamiento de las tarifas de servicios, no tardó en traducirse en un nuevo anuncio del  jefe de Gabinete, Santiago Cafiero,  confirmando que se encuentran trabajando en un nuevo cuadro tarifario que se aplicaría en el segundo semestre del año. Es decir, se viene el regreso de los aumentos.

El gobierno de Fernández tuvo que ceder a los reclamos de las empresas energéticas, las cuales en los últimos meses vienen generando un descalabro de la cadena de pagos que amenaza con hacer colapsar todo el circuito de abastecimiento de energía.

Los anuncios aún no han asumido una forma concreta, pero ya manifestaron que intentarían replicar el esquema de las tarifas segmentadas aplicado por el gobierno de Cristina Kirchner en el 2011, que se propuso convalidar un aumento generalizado de las tarifas bajo el pretexto de una política diferencial, “solidaria”, para con los que menos tienen; la llamada “sintonía fina”. La diferencia es que el actual gobierno cuenta ahora con menos recursos económicos de los que tenía en aquel entonces, y con un universo de consumidores en una peor situación financiera. Según estiman medios especializados, habría un 30% de la población que no estaría en condiciones de afrontar un aumento de las tarifas (EconoJournal, 18/2).

La suma de todas las presiones

Otra de las medidas que aguarda la firma del secretario de Energía, Sergio Lanziani, busca pesificar y reducir los costos de parte de la generación eléctrica. Esto afectaría a las compras que no se encuentran reguladas por contratos, lo que le significaría al Estado un ahorro de 350 millones de dólares.

Si bien ello perjudicaría a gigantes empresarios como la italiana Enel -controlante de la distribuidora Edesur-, la estadounidense AES, y las locales Pampa Energía –de Marcelo Mindlin- y Central Puerto -entre cuyos accionistas se encuentra Nicolás Caputo- (El Cronista, 16/2), con el propósito de evitar una mayor erogación en subsidios ante eventuales devaluaciones, a su vez iría acompañada de una indexación de los precios de energía atados a una combinación de los índices de inflación mayorista y minorista. Conclusión: los empresarios sí tendrán la cláusula gatillo que el gobierno les niega a los trabajadores.

Todo esto ocurre en medio de una crisis en la cadena de pagos del circuito energético, que ha servido de lobby para que el gobierno apure la modificación de las tarifas. Resulta que las distribuidoras eléctricas de todo el país adeudan a Cammesa -administradora del mercado eléctrico- unos $52.850 millones, mientras que el Tesoro Nacional demora la entrega de los fondos correspondientes a subsidios. Por su parte, Cammesa le debe casi $60.000 millones a las generadoras eléctricas.

La sábana corta

El salto en esta crisis se realizó en los últimos tres meses, en los que la deuda de las distribuidoras se acrecentó unos $29.000 millones. Desde este sector argumentan una abrupta caída de sus ingresos debido al congelamiento de las tarifas, la caída de la demanda, el crecimiento del endeudamiento de los consumidores e incluso el “robo de energía”. La amenaza deja de ser solapada cuando los empresarios manifiestan que “tenemos un sistema eléctrico malo, con máquinas viejas y caras. Si nos bajan los pagos y congelan tarifas, caerán a largo plazo las inversiones y la disponibilidad del parque y, por ende, la capacidad de reserva, que hoy es de un 30%”. Es una extorsión, porque plantean que o aumentan las tarifas y las ganancias para todo el sector energético, o se intensificaran los cortes y apagones de luz.

La liberación de las tarifas también responde una demanda de las grandes multinacionales energéticas, que reclaman una suba del precio en los hidrocarburos que aumente la rentabilidad del sector y viabilice proyectos paralizados como Vaca Muerta. El precio del gas en boca de pozo se encuentra calculado a un dólar de $41, motivo por lo cual las petroleras presionan para una actualización.

En este cuadro, los cortes de luz se vienen extendiendo en los mayores conglomerados poblacionales del país al ritmo del deterioro de la capacidad energética instalada y la caída de las inversiones. De este modo, las privatizadas toman de rehén a la población para presionar por una suba en sus ganancias, mientras a ciencia cierta se desconoce cuál es el costo real de la generación de energía.

La demagogia del gobierno que congeló los precios por 180 días responde a la necesidad de evitar caldear el ánimo social en medio de las negociaciones con el FMI. Sin embargo, la presión de los capitalistas amenaza con generar un apagón de todo el sistema energético. A Fernández la sábana le queda corta, porque el acuerdo con el FMI de reducir el déficit fiscal le limita la capacidad de compensar a la empresas vía subsidios para contener los tarifazos, los cuales a su vez tienen un efecto importante sobre la inflación.

Para trazar una salida es necesario abrir los libros de las empresas privatizadas y nacionalizar sin pago todo el sistema energético, garantizando que no sean los trabajadores quienes pagan la crisis energética.