El proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el gobierno del Frente de Todos incluye entre sus previsiones la continuidad de la tasa de desocupación en un 7%: un número engañoso que encubre el crecimiento del trabajo precarizado, con el monotributo social, y excluye a millones de desempleados. Es un reconocimiento de que no se generará ningún puesto de empleo, y que las políticas anunciadas son solo una cortina de humo.

El gobierno viene haciendo campaña en materia de desempleo, con supuestas políticas que buscan reducir la desocupación, como el programa “Puente al Empleo” y otros anuncios. Sin embargo toda la política oficial apunta a liquidar los programas sociales, contraer la economía, paralizar la obra pública y destruir el empleo.

A principios de mes el presidente Alberto Fernández celebraba un “récord histórico” en la cantidad de trabajadores y trabajadoras registrados, alcanzando las 12,7 millones de personas. Se trata de una suma engañosa que integra asalariados públicos y privados, trabajadoras de casas particulares, monotributistas, autónomos y monotributistas sociales.

Si tomamos solo el crecimiento en el sector privado, según los datos difundidos por el presidente, este habría crecido en 261.000 nuevos asalariados contra un crecimiento poblacional estimado de 300.000 personas por año que se suman a la Población Económicamente Activa (PEA).

“Deconstruyendo” la estadística

Según cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo el trabajo registrado en el sector privado asciende para julio del 2022 a 6.160.800 de trabajadores, cifra que alcanza los niveles de diciembre del 2018 y que promedia el empleo privado registrado entre principios del 2013 y finales del 2018. Son unos 156.000 trabajadores más que los 6.004.800 registrados en diciembre del 2019, cuando el gobierno asumió.

Para el caso de los empleados del sector público este cuenta con un crecimiento paulatino y moderado, pasando de 3.211.000 empleados en diciembre del 2019 a actuales 3.361.200 (junio 2022): 150.000 empleados más.

El salto en el empleo total se da al considerar el crecimiento en los sectores precarizados. Monotributistas y monotributistas sociales lideran el “crecimiento” del empleo, pasando de 1.625.300 a 1.819.200 y 365.600 a 512.700, respectivamente, desde el inicio del actual gobierno hasta junio del 2022: 193.900 monotributistas nuevos y 147.100 monotributistas sociales adicionales.

Los monotributistas sociales –trabajadores precarizados dependientes de los programas sociales y/o la “Economía Popular”- tuvieron un incremento de casi el 40% en tan solo un año, aunque se estima que solo se encuentra registrado alrededor de un 10% del total. Además, se trata de un sector muy volátil debido a que muchos trabajadores se dan de baja por no poder afrontar los costos que la registración origina. Por otra parte, el gobierno promueve distintos proyectos, como el monotributo productivo, para registrar y contabilizar a trabajadores de la “economía de supervivencia”.

Millones sin empleo

Cabe señalar que incluso la estadística total medida por el gobierno es sesgada, dejando afuera a millones de trabajadores calificados como Población Inactiva. Se trata de aquellos desocupados y desocupadas que no buscan empleo rendidos ante la inexistencia de trabajo genuino y/o quienes desarrollan alguna actividad en la informalidad, tanto total o parcialmente.

La falta de proyección de medidas para brindar trabajo genuino a toda esta población, que oscila entre 7 y 10 millones de personas, implica agravar aún más una crisis no resuelta, que se expresa en la huelga de inversiones de los capitalistas y el sector privado y el achicamiento en la obra pública como parte de los compromisos del gobierno con el FMI.

La orientación actual bloquea el ingreso de nuevos desocupados a los programas sociales. El gobierno quiere registrar a los trabajadores ultraprecarizados, pero no quiere hacerse cargo de las consecuencias económicas de la política que desarrolla que empuja a millones de trabajadores a vivir de lo que se pueda (feriantes, cartoneros, changarines, etc.).

El crecimiento de la precarización laboral que habilita a la confusión estadística no tapa la realidad: el deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores. Es preciso romper con el FMI y reorientar los recursos nacionales hacia la obra pública, un plan industrias discutido por los trabajadores y una reactivación económica de la mano de la recomposición del salario y el empleo.