Acordado entre el ministro de Educación Esteban Bullrich y los rectores de las universidades, el presupuesto universitario para 2017 continúa el ajuste del kirchnerismo. La lucha de estudiantes y docentes.

Los docentes y estudiantes universitarios estamos llevando adelante un plan de lucha por un incremento de emergencia del presupuesto universitario 2016 y un aumento sustancial del proyectado para 2017.

En este proceso se enmarcan el paro del 24 de agosto, los paros y movilizaciones del 2, 16 y 27 de setiembre y los paros y clases públicas del 4, 13 y 14 de octubre. El 5 de octubre se realizó una reunión en la que Julián Asiner, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y Antonio Roselló, secretario adjunto de la federación nacional docente Conaduh, desenvolvimos estos planteos frente al Consejo Interuniversitario Nacional (de la misma reunión participaron también Néstor Pitrola y Pablo López, diputados nacionales del PO-FIT).

Un presupuesto de ajuste

El presupuesto de 2016, aprobado por el gobierno kirchnerista, fue de 55.000 millones de pesos; mientras que el de 2017 es de 79.300 millones.

Si se tienen en cuenta la previsión oficial para la inflación (37,2% para 2016 y 19,4% para 2017), el presupuesto universitario debería ser de 90 mil millones de pesos. Esto es: sobre el presupuesto de ajuste del kirchnerismo, Bullrich propone una nueva reducción de un 12% en términos reales.

El pago de intereses de la deuda pública triplica el presupuesto universitario, mientras que los subsidios a las privatizadas lo superan en un 60%. Queda de manifiesto la orientación social de las políticas gubernamentales, que privilegian a los usureros y las petroleras contra la salud, la educación y las jubilaciones.

Salarios, becas e infraestructura

Para 2017 no se pretende destinar un solo peso para la pauta salarial de los docentes universitarios (algo que sucede desde hace años). Tampoco existe financiamiento para el pago del adicional por exclusiva dedicación, para darle salario a los docentes ad honorem, adscriptos y pasantes, ni para garantizar la gratuidad de los posgrados para los docentes.

En este cuadro, está planteado que los docentes y no docentes universitarios organicemos un plan de lucha nacional, para no perder contra la inflación e iniciar un camino hacia un salario igual a la canasta familiar.

El ajuste se hace sentir también en las becas: 14.350 becas de “bajos recursos”, que alcanzan solo al 0,7% del total de estudiantes. Las FUA y las federaciones estudiantiles deberían iniciar un empadronamiento para que sean satisfechas las necesidades de todos los que quieren estudiar.

Ni en el presupuesto de Educación ni en el de Transporte se pone una línea ni un peso para el boleto educativo, universal y gratuito, para estudiantes, docentes y no docentes, mientras sí se subsidian a las empresas privadas de transporte.

Cotidianamente, la comunidad universitaria padece de la rotura de baños, la falta de gas, cortocircuitos en las instalaciones eléctricas; asistimos, literalmente, al derrumbe edilicio. Sin embargo, los gastos en infraestructura caen 70,1%: de 1471 millones presupuestados para el año en curso, se pasan a solo 440 millones para el 2017. Exigimos en consecuencia que esta partida se multiplique por seis (así lo hace Aranguren con las tarifas a los pequeños comercios), para realizar mejoras y nuevas construcciones.

Superpoderes

Para garantizar el ajuste, el presupuesto establece superpoderes para el ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. El artículo 12 dice textualmente: “El ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos por todo concepto en caso de incumplimiento (por parte de los rectores) en el envío de la información solicitada en tiempo y forma”.

A esta intervención de facto de las universidades públicas por parte del ministerio de Educación, le oponemos la distribución automática de los fondos presupuestarios bajo la supervisión de las federaciones docentes, estudiantiles y no docentes; para su correcta aplicación, proponemos terminar de una vez con la discrecionalidad del manejo de los fondos y con la subejecución del presupuesto.

El artículo establece también la prohibición del “alta por baja”; es decir que, frente a la jubilación, renuncia o fallecimiento de un compañero, el cargo no se repondrá hasta que lo autorice el ministro Bullrich. Se trata de un retroceso de 100 años en la historia, volviendo a la designación de los docentes universitarios por decreto del Poder Ejecutivo.

A luchar

Llamamos a todos los docentes, estudiantes y no docentes a deliberar en cada lugar de trabajo y rechazar este presupuesto, apoyando toda medida de acción contra el mismo, como el plan de lucha de la Conaduh.

Sumemos a la población a esta lucha, para llevar nuestros reclamos -como lo hicimos el 12 de mayo y el 16 de septiembre- al poder político.