El viernes 3 a la madrugada, los bloques de concejales del PJ y la UCR “abrocharon” el acuerdo, bajaron al recinto y aprobaron una ordenanza que desaloja a la Villa 31 de Retiro. Un golpe de mano —al margen de la opinión de los vecinos y de las tratativas que se venían manteniendo (el 10/6 debía expedirse una comisión de estudio)—, para echar a 2.100 familias de los terrenos y viviendas que ocupan desde hace años.

El argumento central para defender este atropello (el trazado de la autopista 9 de Julio) es una excusa. Los proyectos de la autopista preveían, desde un principio, la reubicación de la barriada en terrenos de la misma zona.

Lo que está verdaderamente en juego es el “proyecto Retiro”, uno de los más ambiciosos negocios inmobiliarios encarados en la ciudad, el cual incluye el desplazamiento de las vías y la terminal del FFCC, para una reurbanización de lujo en esos terrenos, con shoppings, torres y hoteles con acceso directo a las terminales de transporte y a la autopista. La Sociedad Central de Arquitectos estima en 2.000 a 3.000 dólares el precio del metro cuadrado de los futuros edificios.

No hay “opción” para quedarse

A principios de año, el proyecto de traslado de la Villa 31 a distintos asentamientos en barrios de la Capital, fue rechazado tanto por los villeros como por los vecinos de las barriadas proyectadas como “receptoras”. Fue congelado en beneficio de la campaña electoral.

Ahora, la nueva ordenanza presenta el desalojo bajo la forma de “opciones”: traslado a viviendas “a construir” en Mataderos, Lugano y Bajo Flores, para 800 familias; crédito hipotecario de hasta 25.000 pesos para adquirir vivienda en otro lado o un subsidio de 12.000 pesos para los que se vayan a su provincia o país de origen (nada de esto sería para un 10% de villeros “indocumentados”). No hay “opción” para los que quieren quedarse. Esto transgrede el propio decreto 1001/90, que autoriza la venta de las tierras de las villas de Capital a sus actuales ocupantes.

Resistir el desalojo

El conocimiento de la ordenanza provocó una inmediata protesta en la Villa Retiro y numerosos vecinos ocuparon los pasillos del Concejo Deliberante mientras se trataba la cuestión. Delegados de la Villa declararon que un 70% de los vecinos quiere quedarse en el lugar. Los vecinos extranjeros y del interior tienen sus raíces en el lugar, sus hijos en las escuelas del barrio y sus trabajos en la Capital. También plantearon que los créditos (pagaderos en cuotas del 20% de los ingresos familiares) son dificultosos para muchos que tienen trabajos temporarios o están desocupados. Y que se desconoce qué clase de viviendas se ofrecerían para los trasladados.

La Junta Vecinal de los barrios de Villa 31 comenzó a convocar a asambleas de vecinos y ya ha realizado varias movilizaciones, una de ellas de 500 vecinos a la Intendencia y a la Plaza de Mayo. El petitorio que elevó a la Intendencia y al Ejecutivo reclama la radicación mediante la compra de los terrenos donde están viviendo; cuotas para viviendas del 10% del sueldo mínimo del peón industrial, contemplando los casos de jubilados, discapacitados y enfermos crónicos. Y respetando las guarderías, escuelas, clubes, centros de salud, comedores y capillas que los vecinos han construido.

La extensión de las asambleas y la movilización del barrio, apelando a la solidaridad de otras villas, del movimiento estudiantil y de la población en general, están en condiciones de frenar la erradicación. La ofensiva del “pacto” menemista radical no cuenta con el apoyo ni de los vecinos ni del pueblo de la Capital, como lo evidenciaron las elecciones del 10 de abril. Hay que obligar al gobierno a financiar una barriada de viviendas dignas para todas las familias que quieran permanecer en la zona de Retiro.