Políticas

18/8/2016|1424

El gobierno sostiene el régimen mafioso


Los cuerpos de dos desaparecidos fueron encontrados en terrenos descampados que ya habían sido rastrillados.


 


El primer caso es el de José Codina, un joven de la localidad rural “Arroyo Valcheta”. El otro es el de Lucas Muñoz, un oficial de la Policía de Bariloche visto por última vez uniformado y con el arma reglamentaria.


 


Desde el momento de la desaparición del oficial, investigadores y familiares sindicaron a la Policía como partícipe del hecho. Rápidamente fueron separados o detenidos varios efectivos -uno de ellos, vinculado con el caso de Daniel Solano, el joven salteño desaparecido en Choele Choel.


 


La desconfianza creció tanto que la familia del policía muerto reemplazó al abogado provisto por la fuerza y exigió que otros estén a cargo de la investigación. Se sospecha que estos uniformados han convivido y sido cómplices del delito organizado en todas sus modalidades y siempre han tenido como socios a los gobiernos de turno, la Justicia y el poder económico local.


 


Redes de trata, apremios, asesinatos en calabozos, gatillo fácil y hasta violación de jovencitas en dependencias policiales; cada pueblo de Río Negro tiene alguna o varias familias víctimas de la Policía. Las escasísimas condenas logradas han sido siempre producto de la movilización popular y la tenacidad de familiares y amigos, que han ganado una y mil veces las calles reclamando justicia.


 


La fuerza provincial siempre contó con la actuación de jueces que archivaron las causas tempranamente, protegiendo los intereses de multinacionales explotadoras de miles de trabajadores o entorpecer las posibilidades de investigación.


 


En abril -mientras se realizaban una serie de reclamos de la comunidad de Bariloche tras varias desapariciones de mujeres que terminaron en femicidios-, el gobernador Alberto Weretilneck designó como jefe a José Altuna, quien ha sido el abogado de las fuerzas desde hace varios años. Designación que las organizaciones populares cuestionaron duramente debido a sus declaraciones misóginas, en contra de los pueblos originarios y por ser un acérrimo defensor de todos los delitos que haya cometido la Policía.


 


Las hipótesis sobre el crimen de Lucas Muñoz son múltiples, pero la que más firmeza aparenta tener es la que está vinculada con la trata y el narcotráfico, particularmente al femicidio de una de las víctimas de esas redes que el oficial habría estado investigando.


 


Legisladores oficialistas y opositores acordaron hace pocos días en “no darle carácter político” a la desaparición del oficial, mientras que el gobernador reiteró públicamente el respaldo al accionar del ministro de Seguridad y Justicia, del jefe de Policía y del subjefe, al tiempo que ratifica su confianza en el trabajo de la Policía de Río Negro en general.


 


Todos los poderes estatales rionegrinos están operando en el encubrimiento y tratan de salvar su brazo armado que ha participado de todos y de cada uno de los casos de impunidad de la provincia.


 


Todos temen ser salpicados si se investiga a fondo. La evidencia de la descomposición policial y el andamiaje de encubrimiento armado a su alrededor suman bronca a una población que viene soportando los tarifazos, la carestía, la negativa a reabrir las paritarias y el deterioro de escuelas y servicios esenciales. La situación de Río Negro va en camino de tornarse explosiva, y por ello el propio Estado estaría dispuesto a encubrir y defender el prontuario delictivo de la policía provincial que ha hecho crisis.


 


Juicio y castigo.