A través del Ministerio de Modernización y el de Trabajo el gobierno ha lanzado un "Programa Nacional de Transformación Productiva" que financiará con fondos públicos las indemnizaciones de aquellas empresas que despidan a trabajadores para “reconvertirse” frente a la apertura de las importaciones.

Pensado originalmente para Tierra del Fuego, donde se ensamblan la mayoría de los productos tecnológicos que se venden en el país, el gobierno decidió extenderlo a todo el territorio. Se estima que, además de las ensambladoras fueguinas –en general, enroladas en la UOM- la “apertura” macrista afectará especialmente a los gremios plástico y textil.

Con este programa, las empresas recibirán, además del financiamiento de la indemnización, acceso a créditos, asistencia técnica, fondo de garantía y "management". A los trabajadores, por su parte, les tocará, en el mejor de los casos, un bono equivalente al salario mínimo como tope –actualmente, ubicado en $7.650- por el plazo máximo de seis meses, tras los cuales el laburante quedará librado a su suerte. "También podrá aplicarse el bono como complemento salarial para los trabajadores derivados a una ´compañía dinámica´, es decir en proceso de reconversión. Será, de ese modo, un ahorro para el nuevo empleador” (Ámbito, 11/11).

En un año en el que las patronales ya se han cargado 250 mil puestos de trabajo, el gobierno lanza un subsidio a las empresas que deseen "ajustarse". Se trata, en toda la línea, de un fomento a los despidos. En el caso de Tierra del Fuego, las consecuencias serían catastróficas.

La UOM estima que la apertura para la importación de computadoras y tablets provocará unos 15 mil despidos (Clarín, 10/11), pero ello no significa que vaya a convocar a un plan de lucha. La burocracia muestra una vez más su compromiso con el ajuste.

El Partido Obrero plantea: abajo los despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, expropiación bajo control de los trabajadores de toda empresa que cierre.