Políticas

31/3/2022

El gobierno y la oposición acuerdan modificar la ley de alquileres en favor del capital inmobiliario

Conformará un conjunto de prebendas al capital que nada aportará a la crisis de vivienda que viven miles y miles de trabajadores.

Foto: IPS

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio busca iniciar el tratamiento de una nueva Ley de Alquileres el próximo 5 de abril en Diputados, para poder llegar a un proyecto común antes de cumplidos los 30 días hábiles. El mayor consenso está en la necesidad de cambiar el artículo que estipula la duración de tres años para los contratos y el que indexa el ajuste anual por inflación e índice de variación salarial. Son de los intereses del capital inmobiliario.

Para todo el arco político, la Ley de Alquileres sancionada en 2020 fracasó. Ahora la iniciativa que presentaron desde Juntos por el Cambio propone que en los contratos de locación para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre los cuales pueden realizarse ajustes pactados de común acuerdo entre las partes”. Además, el proyecto establece la posibilidad de aumentar los alquileres más de una vez al año (según consenso entre locador y locatario), el fomento de la oferta de propiedades en alquiler mediante la reducción de impuestos a las mismas y el avance en los juicios por desalojo.

Esto no es más que un intento por liberalizar el mercado de alquileres y que éste se “autoregule”, buscando instalar una falsa idea de igualdad entre locadores y locatarios, que se termina cuando uno de ellos cuenta con la propiedad privada del inmueble y el otro con su salario y su necesidad de vivienda. Además las enormes prebendas que les ofrecen a los propietarios atacan el bolsillo y las condiciones de vida de las familias trabajadoras, que son quienes se ven privadas de su techo a la hora de no poder pagar el alquiler.

El proyecto que presentó José Luis Gioja (Frente de Todos), mantiene la fórmula de ajuste indexado pero con topes, poniendo un límite del 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley para la renovación y del 20% adicional para el precio inicial del alquiler. Esto no es más que una zanahoria para los inquilinos.

La fórmula de indexación que quiere mantener el Frente de Todos, según Zonaprop, lleva en el año a un avance de los alquileres del 14%, superando incluso a los niveles de inflación. Mientras tanto, el salario mínimo no supera la línea de indigencia y los aumentos paritarios se consolidan a la baja. Esto da cuenta que el “tope”, del que habla Gioja, no es más que una forma de encubrir el lobby inmobiliario que se sirve de la especulación para preservar sus arcas.

Sin ir más lejos, un relevamiento, basado en datos de Zonaprop y Bumeran, analiza la relación entre salario y gastos de alquiler: el sueldo promedio pretendido en febrero fue de $ 110.700, mientras que alquilar un departamento de dos ambientes de 50 metros cuadrados en la Ciudad demandó $ 50.891. La brecha se amplía si se trata de mujeres, con sueldos pretendidos ubicados un 20% abajo de los de los hombres (Clarín 31/3). En esa cuenta no se incluyen expensas ni servicios, cuando la otra mitad del sueldo debe afrontar una inflación interanual de 52,3%.

La nueva ley de alquileres conformará un conjunto de prebendas al capital que nada aportará a la crisis de vivienda que viven miles y miles de trabajadores.

Es preciso apuntalar las luchas por el derecho a la vivienda y por una salida a la crisis habitacional. Los contratos de locación deben adecuarse a los ingresos familiares, y un salario mínimo debe estar por encima de la canasta familiar. Debe desgravarse de todo impuesto a la vivienda única y los alquileres, y gravar la especulación inmobiliaria y la vivienda ociosa de forma progresiva y permanente. Es una lucha contra el pacto ajustador del gobierno con el FMI, que va a acentuar el ajuste en materia de obra pública y vivienda. Que la crisis habitacional la paguen los capitalistas inmobiliarios.