El pasado viernes 22 el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución. Si la Cámara de Diputados confirma con el voto esta iniciativa, la ciudadanía no ganará con ello la posibilidad de decidir el carácter que desearía imprimirle a la reforma de la Constitución, sino que la perdería para siempre. Ocurre que, de acuerdo a la Constitución vigente, la Convención que se reúna para concretar la reforma constitucional deberá atenerse estrictamente a las modificaciones que debe fijar el Congreso en la declaración de la necesidad de la Reforma. Por si la Constitución no fuera clara a este respecto, el artículo 10 del proyecto del Senado establece: que “Serán nulas de nulidad absoluta todas las reformas, derogaciones y agregados que realice la Convención, apartándose de la competencia establecida en el artículo 2º de la presente ley o con ulterioridad al término fijado en el artículo 6º”. Este último artículo determina que la Convención Constituyente debe concluir sus trabajos en 120 días, lo que haga en el día 121… es nulo.

A partir de estos datos, no solamente el plebiscito es una maniobra fraudulenta sino que lo es también la convocatoria a una Asamblea para reformar la Constitución. En los términos establecidos, la única competencia “reformista” de esta Asamblea es la que ya le fijó el Congreso… que la parió (a la Constituyente).

¿Qué reformas, en esencia, establece el proyecto del Senado?

La primera, naturalmente, es la posibilidad de la reelección de Menem. Sin embargo, en virtud de un acuerdo con el senador de San Juan, Leopoldo Bravo, quedó eliminada la posibilidad de elegir directamente al presidente y a los senadores de las provincias, que seguirán siendo designados, como hasta ahora, por un colegio electoral y por las legislaturas, respectivamente. La necesidad del voto del sanjuanino fue suficiente para que el menemismo mandara al tacho de basura las que habían sido sus principales justificaciones democráticas de la reforma. No sólo esto: los senadores dejarán de ser elegidos por nueve años, ahora “sólo” lo serán por seis. Pero un mandato de seis años (otorgado, no por el pueblo, sino por la legislatura provincial) mantiene al Senado como una institución semi-vitalicia, es decir oligárquica. La Convención Constituyente no estaría autorizada, entonces, a bajar el mandato de los senadores a dos años, por ejemplo, ni mucho menos suprimir el Senado.

La segunda “reforma” en importancia otorga al poder ejecutivo facultades legislativas, lo que equivale a legitimar el método actual de los “decretos de necesidad y urgencia” que han avasallado las facultades del Congreso. A partir de la “reforma”, los proyectos de ley del Ejecutivo quedarían automáticamente sancionados cuando no fueran votados en determinado lapso de tiempo por el Congreso. Por medio de esta “reforma”, el régimen político argentino perdería en la práctica su condición de “representativo” para pasar a ser un régimen de poder personal, agravado por la reelección. A nadie se le ha ocurrido hasta ahora, que esta modificación significa una violación de los principios de la actual Constitución nacional. En la misma “línea reformista”, el proyecto propone dar validez constitucional a los vetos parciales de leyes por parte del Ejecutivo, algo más que corriente bajo el menemismo. Por medio de este mecanismo, las leyes aprobadas por el Congreso pueden ser desnaturalizadas por el Presidente, o simplemente empeoradas, como acaba de ocurrir con los vetos parciales que sufrió la ley de “jubilación privada”.

Otra “reforma” de gran importancia autoriza al Ejecutivo a intervenir las provincias, cosa que Menem ya ha hecho en todos los casos, violando la Constitución actual, que sólo da esa autorización al Congreso. En el futuro, el Congreso se limitará a convalidar las intervenciones del Ejecutivo. Esta “reforma” anula formalmente el régimen federal argentino. ¿Será por eso que le han dado el visto bueno todos los gobernadores de provincia, sean radicales o peronistas, con la excepción del afamado Rodríguez Saá y del Frente de Catamarca? Los permisivos de hoy, simples agentes del gobierno central, serán las víctimas del mañana.

Una cuarta “reforma” reaccionaria es la que prevé la formación de un Consejo Económico y Social, en calidad de órgano de consulta o de control, formado naturalmente por las cámaras empresariales y las burocracias de los sindicatos, aunque no debería descartarse la presencia del clero, en especial si el Presidente no está obligado a ser de obediencia católica… Con esta modificación, el régimen “representativo” perdería una pluma más en beneficio del corporativismo y de la integración mayor de los sindicatos al Estado. Los “liberales”, sin embargo, ya han anunciado el apoyo a la “reforma”. Es que si la reclaman los bancos y los Fondos de Inversión…

Fuera de esto hay algunas “reformas” para la gilada. Por ejemplo, la que establece que en el futuro será el Congreso el que aprobará el pago de la deuda externa. Modificación ociosa si la hay; uno, porque Argentina ya tiene comprometidos los pagos de la deuda externa para los próximos treinta años, esto en virtud del plan Brady; dos, porque ya en la actualidad esos pagos deben ser autorizados en la ley anual de presupuesto. El cambio pérfido que se quiere imponer con este asunto del pago, es que de aquí en más el Ejecutivo podría contraer deuda externa (en la Constitución actual es una atribución del Congreso), que luego el parlamento autorizará a pagar…

Las “reformas” restantes previstas son del mismo tenor reaccionario y aún más pérfidas; piénsese sólo el hecho de que el gobierno de María Julia plantea disponer constitucionalmente la “protección del medio ambiente”… Semejante “reforma” servirá, con toda seguridad, para vender los parques nacionales a los bancos extranjeros a cambio de títulos de deuda externa, con el pretexto de que éstos se encargarán de “preservarlos”…

Lo fundamental es que, de prosperar el intento de “reforma”, los futuros convencionales serán cautivos de estas disposiciones, que en ningún caso podrán contrariar, y menos introducir iniciativas propias. Bajo la Constitución actual y bajo el gobierno menemista es imposible una reforma democráticamente discutida de la Constitución Nacional.

La  “reforma” es otro “servicio” de los privatizadores y del gobierno “a la Comunidad” : usted no necesita preocuparse, la futura Constitución se la entregarán hecha y empaquetada.