11/01/2002 | 737

El golpe de los estafadores en la Ciudad

El mismo día en que difundía, por medio de una costosa solicitada, que garantizaba «la no reducción de salarios y la estabilidad en la planta de empleados públicos», el Gobierno de la Ciudad confirmó que pagará una parte de los sueldos en bonos. La administración Ibarra anunció incluso que la Ciudad emitirá sus propios bonos entre febrero y marzo. Mientras tanto, los salarios se pagarán con Lecop. Esta resolución afecta de movida al 8 por ciento de los casi 118.000 trabajadores de la Ciudad, quienes sufrirán una reducción del 15 al 20 por ciento de sus remuneraciones, si tenemos en cuenta la actual cotización de Lecop en el mercado.


El gobierno porteño ya anunció también que si la crisis se profundiza, se tomarán medidas adicionales. En otras palabras, que el pago en bonos abarcará a la totalidad de los empleados públicos, como ya ocurre en la Provincia de Buenos Aires. La propia decisión de emitir un bono propio nos indica que se avanza en esa dirección.


Los trascendidos señalan que se emitirían bonos porteños por alrededor de 180 millones, con vencimiento en el 2005. La «calidad» de estos bonos sería inferior a los primeros patacones, cuyo vencimiento operaba en el 2002, y se asemeja, más bien, a la segunda serie (clase «B», con vencimiento recién para el 2006), que en la actualidad no son aceptados en ningún comercio, por su rápida desvalorización.


Los pronósticos del gobierno de Ibarra en materia de recaudación se quedan cortos, pues no tienen en cuenta los efectos de las últimas medidas. «El problema es que si hay devaluación, esa plata dejaría de tener el valor original» (La Nación, 3/1). La perspectiva que se abre, por lo tanto, es una inundación del mercado con moneda basura (ya sea de origen nacional o local), cuyo vehículo de inserción en el mercado y cuyas primeras víctimas serán los trabajadores de la Ciudad.


Pero, ¿qué pasara con el incentivo docente, que era transferido por el gobierno nacional, ahora que ha sido suprimido en el presupuesto nacional del 2002? Por lo pronto, en el proyecto de presupuesto de la Ciudad, luego retirado, ya no figuraba. Si eso fue así antes del estallido, con más razón lo será ahora que el gobierno de Duhalde acaba de anunciar nuevos recortes.


Tampoco es cierto lo que afirma la solicitada sobre la supuesta estabilidad del personal, en primer lugar, porque sortea la situación de miles de empleados de la Ciudad que trabajan bajo la forma de contratos basura. La Ley de Emergencia porteña faculta al Ejecutivo a disponer la revisión de estos contratos. Tampoco se salvan de la volteada los trabajadores efectivos, pues la ley habilita a modificar «la distribución de funciones» en el sector público. Es decir, Ibarra tiene superpoderes para hacer y deshacer a su antojo, redistribuir los recursos y reasignar los gastos y, por lo tanto, suprimir dependencias y hasta reparticiones enteras y, unido a ello, el personal afectado a esas actividades. Ni hablar que esto constituye una seria amenaza con respecto a la calidad y hasta el suministro de servicios esenciales para el pueblo de la ciudad desde el momento a que la Emergencia le deja las manos libres a Ibarra para efectuar recortes en materia de educación, salud, cultura, vivienda y asistencia social (rubros, cabe recordar, que ya habían sufrido podas significativas en los proyectos de presupuesto que luego fueron retirados).


Aunque el gobierno hace una gran alharaca sobre el aumento impositivo a los hipermercados, a algunos de los servicios públicos privatizados y los bancos y financieras, eso representaría, según las propias estimaciones oficiales, solamente un ingreso adicional de 115 millones de pesos. En contrapartida, las deudas impositivas se podrán pagar en Lecop u otros bonos, como el que se pretende lanzar, que serán reconocidos a su valor nominal. Antes de que se empiece a cobrar el nuevo impuesto, el mismo vendrá recortado como resultado de la propia política oficial. En lugar de perseguir a los grandes contribuyentes evasores, quienes vienen protagonizando una virtual «huelga fiscal» y son los responsables de la caída abrupta de la recaudación, Ibarra los premia estableciendo este verdadero jubileo impositivo. Basta tener presente que la perspectiva es que la cotización de estos títulos basura caiga para darse cuenta de que la Emergencia de Ibarra no es una salida, que agrava todos los problemas y que conduce a la Ciudad a un colapso sin precedentes.


Frente a este cuadro, el Partido Obrero de Capital impulsa la movilización para derrotar la Emergencia de Ibarra. Al paquetazo de Ibarra le oponemos un programa dirigido a salvar la economía y la vida de los trabajadores: que la crisis la paguen los banqueros; que se incauten los depósitos y se embarguen los bienes y patrimonios de los grandes evasores; no al pago en bonos a los trabajadores; nacionalización de la banca y de los monopolios capitalistas. Ibarra y la Legislatura se han revelado incapaces para resolver los problemas de los trabajadores porteños. Es necesaria una Asamblea Constituyente, donde se discutan y resuelvan los reclamos apremiantes del pueblo y se proceda a una reorganización completa de la ciudad sobre nuevas bases sociales.

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